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La Junta de Castilla y León recibe «con tranquilidad y lealtad institucional» al inminente gobierno de la nación de PSOE y Unidas Podemos. Así lo ha asegurado el vicepresidente y portavoz autonómico, Francisco Igea, que también ha advertido que «la política de infraestructuras del ... país no puede convertirse en una subasta provincial» ni decidirse «en una tarde, en una sesión de investidura, para conseguir el voto» de las formaciones de corte regional o provincial con diputados en el Congreso.
Igea ha argumentado que ese camino está abocado al debilitamiento de los partidos que defienden la igualdad de los españoles y al surgimiento de formaciones de corte localista en las 52 provincias del país. «La apuesta de la izquierda por el localismo puede hacer muy difícil hablar de la igualdad de los derechos de los ciudadanos», ha remarcado el vicepresidente de la Junta. El portavoz de la Junta, a título personal, ha manifestado que el seguimiento férreo de la disciplina de voto alimenta el surgimiento de esas formaciones provinciales, al no sentirse los ciudadanos representados por unos representantes que proceden según indica el partido en todo momento.
El portavoz autonómico ha reconocido que hay «cosas valorables» del acuerdo firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pero también que la puesta en marcha de prestaciones nuevas que dependan de las comunidades autónomas debe venir acompañada de financiación.
Desde el Gobierno autonómico que preside Alfonso Fernández Mañueco y vicepreside Igea invitan a Pedro Sánchez a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para negociar los criterios de reparto de la financiación autonómica y aprobar las cifras de ingresos y los requisitos de déficit y deuda necesarios para poder elaborar los presupuestos autonómicos de 2020 y poner fin a la prórroga de las cuentas de 2018, las últimas que las Cortes aprobaron a Juan Vicente Herrera. El portavoz de la Junta ha vuelto a insistir que «los problemas territoriales» deben abordarse «entre todos», no en reuniones a dos entre el Gobierno de España y distintas comunidades autónomas.
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