El juicio menguante de la operación Koeman

Diez de los acusados aceptaron entonces las penas de prisión propuestas, que oscilaban entre un año y medio de prisión y cuatro años y un mes. La Fiscalía consintió posteriormente la petición de suspensión de las condenas planteadas por las defensas al considerar que se cumplían los requisitos necesarios para ello (ausencia de antecedentes penales por causas similares, penas inferiores a cinco y dos años de cárcel y, en algunos casos, los tratamientos de deshabituación del consumo de drogas en el que están inmersos varios de los acusados).

El resto, nueve acusados, estaban citados este miércoles para ser juzgados en la Audienciapor un presunto delito contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, y en algunos de los casos también por tenencia ilícita de armas, enfrentándose a condenas que, según las peticiones del Ministerio Público, sumaban en conjunto 90 años de cárcel. Pero de los nueve acusados, tres no tendrán que volver a sentarse ni este juueves ni el viernes en el banquillo, después de haber llegado a nuevos acuerdos con la Fiscalía.

En concreto, uno de los acusados aceptó la condena propuesta de tres años y medio de prisión por delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, los mismos cargos por lo que un segundo acusado aceptó una pena de cuatro años de cárcel. En ambos casos, la Fiscalía se mostró favorable a la suspensión de las penas planteada por las defensas de los acusados, que serán refrendadas, salvo sorpresa, por los magistrados de la sala una vez se dicte sentencia en el juicio que concluirá mañana. Un tercer acusado se conformó con seis años y medio de prisión.

La conformidad de tres de los nueve acusados suscitó la protesta del resto de las defensas, que rechazaron que, tras aceptar las penas planteadas, los anteriormente acusados pudieran declarar como testigos en un juicio que ya había comenzado. Les dio la razón la sala, presidida por el magistrado Ignacio Pando, por lo que los tres declararon como acusados con la presencia de sus abogados, aunque pudieron abandonar la sala tras responder a las preguntas de la Fiscalía y de las defensas.

También hubo discrepancias en relación con los otros nueve investigados que habían aceptado las penas el pasado noviembre. De nuevo, Pando les dio la razón, motivo por el cual su declaración no se produjo bajo juramento y con la obligación de decir la verdad –como el resto de los testigos–. Sin embargo, el presidente de la sala rechazó que sus declaraciones se produjeran con la presencia de sus abogados, circunstancia que habría obligado a un nuevo aplazamiento del juicio.

Una vez resueltas las cuestiones previas comenzaron las declaraciones. Los primeros en contestar a las preguntas fueron los que previamente se habían conformado con las penas propuestas por el Ministerio Fiscal. L. M. J., que aceptó la pena de seis años y medio de prisión, reconoció que durante el registro que la Guardia Civil practicó en su domicilio de Torrejón de Ardoz (Madrid) se encontraron diversas sustancias, como cocaína, cristal o MDMA, así como productos con los que, según reconoció, procedía a cortar la cocaína.

Señaló a otro de los acusados como una de las personas a las que suministraba la droga, pero rechazó conocer al resto de encausados. Por otra parte, los otros dos acusados que aceptaron las penas se negaron a responder a las preguntas de la fiscal.

Los otros seis acusados, que tendrán que volver a sentarse en el banquillo este jueves y el viernes, también rechazaron contestar a la preguntas del Ministerio Público, accediendo en algunos casos a responder a sus defensas. En sus declaraciones no reconocieron los hechos de los que son acusados, confesando únicamente algunos de ellos que la droga encontrada en los registros realizados en sus viviendas era para consumo propio.

Por el mismo sendero transcurrieron las declaraciones de las personas que acordaron su pena en la vista celebrada en el mes de noviembre. Tan solo uno reconoció vender droga que le suministraba L. M. J., mientras que un segundo dejó abierta la posibilidad (aseguró no recordarlo bien) de haber adquirido cocaína a otro de los acusados, aunque según él para consumo propio.

Por último, también declararon ante el tribunal cuatro guardias civiles –uno de ellos a través de videollamada–, que se ratificaron en los atestados realizados en 2012 y 2013, los años en los que se desarrolló la operación 'Koeman' (debe su nombre al apodo de uno de los primeros detenidos en San Rafael). Los agentes, sin poder concretar con perfección los detalles de los registros y los seguimientos realizados hace seis años, respondieron a las preguntas planteadas tanto por el ministerio fiscal como por las defensas de los acusados sobre la operación desarrollada.

La segunda sesión del juicio continúa durante la jornada de este jueves con nuevas declaraciones de testigos y las pruebas periciales.