El menor acusado del crimen de Leticia Rosino se enfrenta el jueves al juicio por asesinato y agresión sexual

La vista oral se celebrará a puerta cerrada por tratarse de un juicio contra un menor.

La Fiscalía de Menores y la acusación particular pedirán la pena máxima que contempla la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor, que son ocho años de internamiento en régimen cerrado y cinco de libertad vigilada. Además, el letrado de la acusación particular pedirá una indemnización de unos 200.000 euros como responsabilidad civil.

El menor está actualmente internado en el centro Zambrana de Valladolid, una medida cautelar que el juez de Menores prorrogó a petición de la Fiscalía este mismo mes de noviembre, cuando se han cumplido los seis primeros meses de internamiento en régimen cerrado del adolescente.

La Fiscalía de Menores, que se ha encargado de llevar a cabo la instrucción, acusa al menor de un presunto delito de asesinato al considerar que existió alevosía, además de un delito de agresión sexual a la joven. También lo defiende así el abogado de la acusación particular, Miguel Ángel Martín Anero, quien ha explicado que existen pruebas de que hubo violación a la víctima en la brutal agresión.

Por su parte, la petición del letrado de la defensa no se ha dado a conocer.

El juicio se celebrará el jueves a partir de las 10:00 horas en la sala de vistas del Juzgado de Menores de Zamora, ubicado en la calle Regimiento Toledo de la ciudad. El juez Antonio Francisco Casado, titular del Juzgado de Menores número 1 de Zamora, que tiene jurisdicción provincial, será el encargado de dirimir sobre esta causa.

En la vista oral estarán presentes el Ministerio Fiscal, la acusación particular, que representa a los padres y al novio de Leticia Rosino; la defensa del menor y la defensa de su padre, que tendría que responder de la responsabilidad civil por los daños presuntamente causados por el menor en el caso de que el juez así lo determine en la sentencia.

Durante la sesión, está previsto que declaren testigos, los dos forenses del Instituto de Medicina Legal de Zamora que intervinieron en la autopsia y agentes de la Guardia Civil que se encargaron de la investigación, además de miembros de la Policía Científica y de institutos forenses de Madrid, que testificarán a través de videoconferencia.

Debido a que se espera la asistencia de un buen número de medios de comunicación que no podrán entrar a la sala donde se va a celebrar el juicio, se ha organizado un operativo que contará con presencia policial en el exterior del Juzgado de Menores.

Una vez que se celebre la vista, la medida máxima a la que podría ser condenado el presunto autor del asesinato sería de ocho años de internamiento. Al tener 16 años, cumpliría esta medida en un centro de menores y una vez cumplidos los 18, el juez tendría que decidir si pasaría a la prisión de Topas. Esta decisión tendría que ser adoptada a discreción del juez, una vez oídas las partes y vistos los informes pertinentes. Así lo señala el artículo 14.2 de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor, que determina que cuando se trata de la medida de internamiento en régimen cerrado y el menor alcance los 18 años sin haber finalizado su cumplimiento, el juez, oído el Ministerio Fiscal, el letrado del menor, el equipo técnico y la entidad pública de protección o reforma de menores, podrá ordenar en auto motivado que su cumplimiento se lleve a cabo en un centro penitenciario si la conducta de la persona internada no responde a los objetivos propuestos en la sentencia.

Además, la medida de internamiento en régimen cerrado podría estar complementada por otra de libertad vigilada con asistencia educativa de hasta cinco años.