El juez resuelve que el 'caso Caja España' está prescrito y no caben responsabilidades

En su auto el juez determina además que el caso se encontraba ya prescrito en el mismo momento de la primera citación a los investigados.

El juez asegura en el auto que se trata de un 'sobreseimiento limpio' y no entra a valorar el fondo de la denuncia.

En su parte dispositiva, según el auto al que ha tenido acceso leonoticias, procede a «declarar extinguida la presunta responsabilidad penal como consecuencia de haberse apreciado la prescripción del delito societario, y en su consecuencia acordar el sobreseimiento libre de las presentes diligencias, procediéndose al archivo de las actuaciones».

La acusación afectaba inicialmente a Fernando Martínez-Maillo, vicesecretario de organización del PP; José Antonio Turrado, secretario regional de Asaja; Artemio Domínguez, alcalde de Medina de Rioseco y diputado provincial por el Partido Popular en Valladolid; Javier García Prieto, concejal por el Partido Popular del Ayuntamiento de León; Francisco Fernández, exalcalde del Ayuntamiento de León -PSOE-; Miguel Ángel Álvarez, exconsejero de Caja España-Caja Duero por UGT; Bernardo Fernández, exconsejero de Caja España-Caja Duero por UPL; Alfredo Fernández Salvadores, exconsejero de Caja España-Caja Duero por Csica; Juan Elicio Fierro, exconsejero de Caja España-Caja Duero por el PP; Marcos García, exsecretario de Caja España-Caja Duero ; Zenón Jiménez-Ridruejo Ayuso, exconsejero Caja España Caja Duero por el PSOE; Begoña Núñez, Olga Palacio -PSOE-y Alejandro Menéndez.

Tal y como consta en el proceso y remarcó la Fiscalía en su día todos ellos no habrían velado por los intereses de Caja España y permitieron que ésta mantuviera 'vivos' créditos a favor del presidente de la misma, Santos Llamas, pese a tratarse de concesiones financieras de imposible cobro.

El procedimiento actual proviene de las diligencias previas nº 1.917/2013 que fueron incoadas por el Juzgado de Instrucción nº 5 de León, como consecuencia de la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal.

En su conjunto Santos Llamas llegó a mantener una deuda con la entidad (teniendo presente todas las sociedades en las que participaba con un 20% o superior) de 76,7 millones de euros. De ellos casi 68 millones fueron aportados por la entidad primera (Caja España) mientras que otros 8,8 provenían de la segunda entidad (Caja Duero).

El empresario, al ser titular de deudas con la entidad que presidía, se encontraba inhabilitado según la acusación para ocupar el citado puesto de presidente, pese a lo cual los consejeros en ningún caso se opusieron ni hicieron notar esa condición. Por los mismos motivos, Santos Llamas también estaba inhabilitado para ejercer como consejero.

Se trata, tal y como consta en el proceso, de operaciones aprobadas durante los años 2010, 2011 y el 26 de enero de 2012, que tenían por finalidad la refinanciación o restructuración de deudas «sin aportación de nuevas garantías eficaces, efectuadas una vez que había vencido el plazo de carencia de pago de intereses y principal que se había concedido el 8 de enero de 2009, y que ponían de manifiesto la incapacidad de los acreditados para hacer frente a sus compromisos de pago en las fechas de su vencimiento», según una resolución emitida en su día por la Audiencia Provincial en la que se reclamaba el retorno de la causa a su juzgado y el avance en el procedimiento.

Ahora el Juzgado de instrucción número 5 de León sentencia que la actuación estaba prescrita y por lo tanto no caben responsabilidades.