El juez investiga la cremación en el Clínico del cadáver de un bebé sin el permiso de los padres

Este trámite apunta a que el Ministerio Público podría haber apreciado algún tipo de irregularidad que requiera de nuevas pesquisas, ya que podía haber archivado la denuncia de no considerarlo así. Será, pues, el órgano judicial el que tendrá que tomar declaración a Ana Luisa Veizaga y Diego Pilco, padres de la niña, –la Fiscalía no les llegó a citar–, además de reclamar las oportunas aclaraciones a los responsables del hospital vallisoletano.

Las dos posturas

Los progenitores aseguran que en ningún momento dieron la autorización para la cremación de la niña y subrayan que, desde que conocieron su fallecimiento, los hijos de Ana Luisa comunicaron a la asistente social que querían llevarse el cuerpo para despedirlo en una ceremonia íntima, que llegaron a contratar con la empresa municipal Nevasa tras solicitar la preceptiva licencia de enterramiento en el Registro Civil el día 15 de enero. La gerencia del Clínico, por su parte, defiende que la madre, quien estuvo ingresada en la UVI después de su estancia en el paritorio, «no expresó ningún deseo de quedarse con los restos abortivos». Estos se mantuvieron cinco días en las cámaras y posteriormente se enviaron a incinerar, un proceso que se realiza en todos los casos, según argumentaron.

Además, los responsables del hospital han achacado a las «desavenencias» entre la pareja –ya no convivían juntos– los cambios de postura sobre el cuerpo del bebé. Los padres lo niegan y explican que tras un primer momento de ‘shock’ al conocer la muerte de la niña después de un embarazo que se desarrolló sin problemas y que ya estaba a término –salía de cuentas el 18 de enero– decidieron de mutuo acuerdo llevarse los restos para realizar una despedida en el ámbito familiar.