Los jubilados piden a la Junta que complemente las pensiones mínimas hasta los 735 euros

El portavoz de dicha Coordinadora en Valladolid, Jesús Isabel, aseguró que Castilla y León no puede estar a la «cola» de España en cuanto a las retribuciones de las pensiones. «Es inconcebible que más del 70% de las pensiones de la región no llegue a los 735 euros, por lo que esas personas mayores viven en la miseria», sentenció.

Isabel consideró, según declaraciones recogidas por Ical, que la administración autonómica dispone de dinero suficiente para afrontar este incremento de las pensiones mínimas, que debe ser compatible con el mantenimiento de todos los servicios públicos existentes como sanidad, educación, servicios públicos y dependencia. «Hay dinero y partidas suficientes pero no es de recibo que la primera decisión de la Junta sea la supresión del impuesto de sucesiones, que solo beneficia a los ricos», consideró.

Además, expuso que este complemento tendría su incidencia en la economía regional al recordar que los pensionistas suponen una cuarta parte de la población, que tendrían más dinero para gastar así como permitiría asentar población en el medio rural y la creación de puestos de empleos relacionados con el cuidado y la atención de las personas mayores.

El portavoz de la coordinadora afirmó que son conscientes de las limitaciones de las arcas públicas de Castilla y León, por lo que entienden que la Junta no llegue a los niveles del País Vasco y Navarra, que ya complementan hasta los 900 euros las pensiones de viudedad. Además, citó las regiones de Andalucía, Extremadura y Cataluña, entre otras, que ya mejoran las pensiones más bajas u ofrecen ayudas para estas personas. Eso sí, Jesús Isabel subrayó que el objetivo que persiguen las diferentes asociaciones de pensionistas es llegar a lo que marca la Carta Social Europea para que todas las pensiones alcancen los 1.084 euros.

El portavoz de la coordinadora de Burgos, Joaquín Ortigüela, valoró la petición del complemento de la Junta pero destacó que el pago de las pensiones corresponde al Estado. «Si hay un complemento será bienvenido, aunque será considerado como una prebenda. Por eso, exigimos unas pensiones públicas y que sea el Gobierno central quien aumente las cuantías», significó.

Las coordinadoras provinciales de Castilla y León se reunieron ayer en Valladolid para celebrar la Asamblea General Autonómica y debatir sobre las próximas convocatorias y acciones públicas. Además, una representación acudió a las Cortes para mantener encuentros con los grupos parlamentarios.

Demandaron la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento autonómico para instar al Gobierno central el blindaje de las pensiones y la subida de las mismas, conforme al IPC real. Isabel apuntó que el PSOE y Podemos se mostraron a favor de esta petición, mientras que Ciudadanos les trasladó que la estudiarán y el PP les ha instado a una reunión el próximo martes.

Los portavoces del movimiento dejaron claro que, con independencia de si hay Gobierno o no, o qué partido está al frente del Ejecutivo, continuarán con su defensa de las pensiones.

La asamblea autonómica también sirvió para abordar la situación de las mujeres pensionistas, que son las grandes perjudicadas del sistema después de haberse hecho cargo durante su vida del cuidado de los hijos y las personas mayores. Marisa Salgado, de Salamanca, denunció la «violencia económica» que sufren las mujeres tras haber desempeñado la economía de «cuidados». Todo eso ha supuesto un retraso a la hora de entrar en el mercado laboral y en los escasos ingresos económicos.

También se habló del problema de la pobreza energética que sufren las personas mayores y muchos jubilados con las pensiones más bajas. Jaime Parreño, de la coordinadora de Palencia, incidió que son individuos que deben elegir entre comer y pagar el alquiler o poner la calefacción. Ángel Luis Spínola, de Ávila, hizo referencia a los problemas económicos que atraviesan muchos pensionistas, que se ven obligados a suspender sus tratamientos médicos ante la imposibilidad de hacer frente al copago de los fármacos. «Todas las reivindicaciones sobre los servicios públicos afectan, especialmente, a las personas mayores porque son los grandes beneficiarios de la sanidad y los servicios sociales», concluyó.