Juan Vicente Herrera retoma su vida pública como consejero del Consejo Consultivo de Castilla y León, institución en la que los expresidentes de la Junta pueden solicitar ser miembros 'natos', sin estar sometidos a la elección de las Cortes. Esta institución es la réplica, ... a nivel autonómico, del Consejo de Estado.
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El dirigente burgalés estuvo al frente del Gobierno de Castilla y León entre marzo de 2001 y julio pasado. Más de 18 años. La incorporación al órgano que preside el salmantino Agustín Sánchez de Vega, y en el que trabajan como consejeros electos el exprocurador socialista Francisco Ramos, a propuesta del PSOE, y la letrada María del Valle Ares, que lo es a propuesta del PP, como Sánchez de Vega, pone fin al periodo de reflexión que abrió el dirigente del PP al dar el relevo en la Junta a Alfonso Fernnández Mañueco.
Juan Vicente Herrera sigue la senda de los expresidente socialistas Demetrio Madrid y José Constantino Nalda, que fueron miembros de esta institución. Será el primer expresidente de Castilla y León de la etapa del PP que se incorpore al Consejo, puesto que ni José María Aznar ni Jesús Posada ni Juan José Lucas optaron por esta vía.
El Consejo Consultivo es un órgano de control que informa sobre la legalidad de proyectos normativos y regulaciones autonómicas. También emite dictámenes sobre los procedimientos de responsabilidad patrimonial que los ciudadanos emprenden contra las administraciones para que estas les compensen por un daño provocado por su mala gestión. El Consejo Consultivo, creado en el año 2003 y con sede en Zamora, asumió después la función de Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León.
«Son consejeros natos los expresidentes de la Junta de Castilla y León que, habiendo accedido a dicha responsabilidad al comienzo de una legislatura autonómica, gocen de condición de ciudadanos de Castilla y León», recoge el artículo 7 de la ley que regula la creación y el funcionamiento de esta institución y que aborda la composición del consejo.
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La incorporación de los expresidentes de la Junta de Castilla y León se debe producir a lo largo de un año desde la fecha de cese como máximo responsable autonómico.
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