Blanco acepta replantear un modelo residencial que ya deja 2.300 muertos

En media docena de ocasiones durante su introducción repitió las disculpas, aunque subrayó que «se trabaja al doscientos por cien» y que «nadie se ha puesto de perfil» para mitigar los efectos de la crisis. Acto seguido, con el argumento de que los servicios sociales en Castilla y León son muy grandes «y no son solo las residencias, aunque sean los mayores los más afectados por el coronavirus», comenzó a detallar todas las actuaciones frente al covid del resto de departamentos asistenciales que componen su Consejería. Para apuntalar la idea de que, pese a la crisis sanitaria, «los servicios sociales han seguido funcionando en Castilla y León», desgranó durante hora y media una pila de datos: desde los nuevos beneficiarios de la renta garantizada hasta los centros de menores, pasando por la asistencia a mujeres víctimas de violencia, centros de reforma y asistencia a prostitutas.

Dejó para el final del primer acto el punto caliente y más doloroso de su comparecencia, que el portavoz del grupo mixto, Pablo Fernández (Podemos), lo denominó el «nudo gordiano»: el modelo de gestión de las residencias de mayores y otros centros asistenciales de Castilla y León. Estos establecimientos eran 1.214 con casi 45.000 plazas al principio de la crisis sanitaria y que se han quedado en 1.140 establecimientos y 43.439 residentes, según los últimos datos de la Consejería de Familia.

Un modelo residencial que, según su compañera en el consejo de Gobierno, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, «ha hecho aguas» con la crisis sanitaria, pero que Blanco sostiene que no hay que dinamitar de base porque «funcionaba hasta el 14 de marzo, hasta los 2.300 muertos» y «sin olvidar que no hemos tenido test ni equipos de protección hasta un mes después de declararse el estado de alarma», apostilló. Aunque admite que el modelo tiene que ser «repensado» con «la aportación de todos». Primero, señaló, hay que tomar medidas rápidas de cara al posible rebrote de la covid en octubre próximo, de manera que las residencias estén preparadas con equipos de protección suficientes y personal con formación adecuada. Y, a medio plazo «abrir un debate sosegado y sin demagogias» en una mesa coparticipada por los grupos políticos y todos los agentes del sector de los servicios residenciales para confeccionar una Ley de Residencias. «Habrá que plantearse, por ejemplo, si la asistencia sanitaria en las residencias tiene que ser privada o pública». Se trataría de una ley «más exigente, con equipos de protección y formación de los directores».

La consejera defendió que la transparencia ha presidido las actuaciones de su departamento y que el coronavirus no entiende de residencias públicas o privadas, grandes o pequeñas. Quiso «poner en valor» los buenos datos: que un millar de mayores infectados han superado el coronavirus y que el 73% de las residencias de la comunidad, 832, están limpias, al no registrar un solo caso. En la otra cara de la moneda están las otras 143 residencias que concentran la mayoría de las 2.298 muertes a día de este martes 28 de abril (son los centros que tienen en su haber cinco o más fallecidos). La media de edad de los fallecidos está en 88,3 años y el 75% de ellos, con algún grado de dependencia.

En su relato de las actuaciones de la Consejería, se remontó Blanco al 28 de febrero, cuando se dieron las primeras instrucciones a los centros asistenciales de la comunidad sobre medidas higiénicas y otras recomendaciones respecto del coronavirus. Y puntualizó que tes días antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma el 14 de marzo, la Junta ya había cerrado los centros asistenciales y recordó que en el decreto «no se hacía mención a las residencias ni medidas a tomar en ellas».

Reconoció Blanco que en la aplicación de procedimientos, protocolos y normas que se ha sucedido hasta el 22 de abril la comunicación ha fallado con los familiares en algunas residencias y volvió a reiterar sus disculpas. «Hemos intentado que la comunicación fuera fluida y que todas cumplieran, sabemos que en algún caso no ha sido así».

Insistió en la transparencia y puso como ejemplo la puesta en marcha, el pasado 20 de marzo, de la plataforma de datos en la que se reflejan las incidencias, día por día, por parte de los propios centros, relacionadas con la covid. Los datos volvieron a jugarle una mala pasada a la consejera durante unos minutos, porque hubo que resolver los problemas con la aplicación que quería mostrar a la comisión. Insistió en la fiabilidad de la toma de datos a diario «con nombres y apellidos» que ofrecen las residencias para hacer una «foto puntual» que «es muy cambiante». «No hemos querido engañar a nadie, y mucho menos a las familias y trabajadores de los centros. La realidad es dura pero es esta», remarcó la consejera.

Fernández señaló que «urge» un cambio «sustancial» del modelo porque «el bienestar de los mayores no puede ser un negocio». Destacó que «el coronavirus sí entiende de recortes, privatización y precariedad laboral» e incidió en la falta de control de la Junta a las residencias privadas.

La procuradora Teresa Gago señaló que la crisis sanitaria ha evidenciado las debilidades del actual modelo, como «las ratios y la falta de personal formado en las residencias y equipos de protección» y propugnó la creación de un nuevo modelo consensuado «que corrija las deficiencias».

El procurador abulense destacó la «diligencia y transparencia» de la Consejería y consideró «injusto» que «se ataque un sistema que ha funcionado. porque de lo contrario las cifras serían bastante peores». García Nieto abogó por más plazas públicas «pero sin coartar la iniciativa privada».

La procuradora socialista indicó que lo ocurrido es resultado de décadas de privatización y señaló que hay residencias sin personal sanitario, con trabajadores no cualificados haciendo esas funciones y una gran sobrecarga de trabajo. Reclamó que se retire el decreto y un nuevo modelo.