La irrupción de Vox en las autonómicas encarecería la obtención de escaños en Castilla y León

La posible irrupción de Vox fragmenta aún más un arco político que ganó partidos en 2015, con la llegada de Podemos y Cs, y habrá menos escaños para repartir, porque León, Salamanca y Segovia pierden, por el efecto del padrón de habitantes, un procurador cada una. Esas dos variables y la intensidad con la que confluyan otros factores el último domingo de mayo convierten estas autonómicas en las más abiertas desde 1983. En liza, 81 escaños, con una bolsa de al menos 33 que pueden caer en la bancada de cualquier formación.

El concepto de ocupar un puesto de salida va unido al del suelo electoral. PP y PSOE habían consolidado una base de escaños muy estable entre 1991 y 2015. Los populares se movían entre los 45 y los 53, con un término medio de 48 en tres legislaturas. Los socialistas han oscilado entre los 27 y los 34, situando mayoritariamente la bancada por encima de los 30. Esos suelos se desplomaron en 2015. El PSOE descendió hasta los 25 y el PP perdió la mayoría absoluta y bajó a los 42 escaños, logrando un empate con la oposición. El director de la campaña autonómica y secretario del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, aventuró en noviembre que 35 escaños sería un buen resultado. Saltaron las alarmas y el candidato y presidente, Alfonso Fernández Mañueco, puntualizó de inmediato que salen «a ganar».

La irrupción de Vox en el panorama electoral tras el aldabonazo que dio en Andalucía la fuerza ultraconservadora que lidera Santiago Abascal y de la que tira en esta comunidad la imagen de José Antonio Ortega Lara está pendiente en Castilla y León de saber quiénes serán los candidatos. Vox trabaja contra reloj para llegar a las nueve provincias de una comunidad con un electorado que, a diferencia del andaluz, deja escrutinios conservadores desde 1987.

¿Habrá finalmente candidatura única de Podemos y de IU-Equo? Es una incógnita que se despejará en los próximos días. José Sarrión plantea la elaboración de candidaturas con primarias abiertas conjuntas y Pablo Fernández defiende la confección de listas a partir de los candidatos que salgan de las primarias de cada formación. Los dos dirigentes confían en que la confluencia sume votos y esa suma, que en Andalucía no se ha producido, se traduzca en escaños en una comunidad con nueve recuentos provinciales que dificultan lograr representación a los partidos pequeños.

El pulso independentista en Cataluña y las fichas que mueven los dirigentes nacionales de los partidos, la gestión de Pedro Sánchez en la Moncloa, las pugnas internas de Podemos, el avance de Vox, el devenir policial y judicial de la Gürtel, Púnica, los ERE o las grabaciones del comisario Villarejo son cuestiones con epicentro nacional, pero con ondas expansivas que influirán en el votante del 26 de mayo. Los candidatos municipales y autonómicos reconocen que la política estatal es otro factor que desenfoca los asuntos locales e imprime «volatilidad» al espacio en el que ellos tienen que desenvolverse. Y no es una cuestión menor.

La ley que regula el Estatuto del Alto Cargo en Castilla y León, aprobada en noviembre de 2016, establece la obligatoriedad de que los candidatos de las formaciones con representación en las Cortes celebren dos debates en campaña electoral. Esos cara a cara serán una novedad. En anteriores comicos fue una reclamación de los dirigentes de la oposición que no atendió el PP.

No podrán sentarse alcaldes o concejales de localidades de más de 20.000 habitantes en el hemiciclo que salga de las urnas el próximo 26 de mayo. Ahora, sí lo hacen. Alfonso Fernández Mañueco, primer edil de Salamanca hasta hace una semanas, y Antonio Silván, regidor de León, son procuradores del Grupo Popular. En el socialista, el concejal soriano Ángel Hernández también es parlamentario autonómico. El Estatuto del Alto Cargo obligará a elegir entre una opción u otra en la próxima legislatura.

Herrera disolverá en marzo unas Cortes con 84 procuradores y en junio tomarán posesión 81. La pérdida de población ha provocado que la provincias de León, Salamanca y Segovia bajen un tramo en la asignación de parlamentarios.

El dirigente que releve a Juan Vicente Herrera como presidente de la Junta podrá desempeñar esa responsabilidad durante ocho años como máximo. El Estatuto del Alto Cargo limita a dos mandatos la permanencia en una consejería, pero permite las rotaciones por distintos departamentos.