A. G. E.
Valladolid
Sábado, 3 de marzo 2018, 14:17
Aún con el caso de la niña Sara en el recuerdo, los protocolos por abusos sexuales a menores han saltado de inmediato por la posibilidad de que un padre haya cometido abusos sobre su hija, de 2 años de edad. La cuestión es delicada y ... está pendiente del informe del médico especialista al que el juez ha pedido un examen de la menor. En liza están unos progenitores separados y una sospecha de que se ha producido cuando, al regresar de un periodo de permiso con su padre, la menor presentaba una hinchazón en la zona genital.
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La madre decidió acudir al hospital con la niña y pidió que la examinara un forense. Para ello, como indica el protocolo en estos casos, tuvo que cursar la denuncia en comisaría, que trasladó el caso al juzgado y fue el magistrado quien procedió a pedir el análisis de un especialista para dilucidar si ha podido existir abuso sexual o si, por el contrario, la causa de la inflamación responde a otra patología, como puede ser un golpe o una infección.
Los protocolos de protección de los menores se activan a diferentes niveles. Para comenzar, cuando los servicios médicos detectan un posible caso o una lesión sospechosa pueden alertar a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Tanto la Fiscalía de Menores como la Policía Nacional tienen potestad, si existen indicios claros de abuso sexual, para actuar y proteger al menor antes siquiera de informar oficialmente a Servicios Sociales. El caso del asesinato de la niña Sara ha abierto la revisión de los protocolos de actuación en casos de malos tratos y abusos sexuales, especialmente a menores. Desde hace tiempo, el Ministerio de Sanidad y muchas comunidades autónomas han trabajado para intentar fijar los pasos que se deben seguir, cuando existen indicios fundados, para que la atención a las víctimas sea lo más rápida y contundente posible.
Retirar la custodia, realizar los pertinentes exámenes médicos y determinar si el menor está en situación de riesgo son claves para evitar que se vuelva a repetir una situación como la vivida el pasado verano, que acabó dramáticamente con el fallecimiento de Sara, de 4 años de edad, fruto de una paliza y de las violaciones sufridas.
Por eso, entre las últimas actuaciones que se han llevado a cabo está la proposición no de ley que se presentó en el Congreso en la que se instaba a no dar el alta médica a un menor, en caso de sospecha, hasta recibir la valoración de los servicios sociales, por ejemplo. La inmediatez en la toma de decisiones puede suponer la diferencia entre vivir un nuevo drama o conseguir sacar al menor de un entorno de riesgo.
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