La crisis de la covid le ha tratado mejor que a muchos otros sectores y el futuro que ahora se le presenta para los próximos años es mucho más prometedor que el que tienen ante sí otras actividades. De momento, los cinco primeros meses de 2021 ya registran un crecimiento del 18,9% en la licitación de obra pública por parte de las tres Administraciones y las previsiones de la Cámara de Contratistas de Castilla y León son terminar el año en cifras parecidas a las de 2019. Según ha concretado el presidente, Enrique Pascual, las empresas esperan la llegada de los fondos UE Next Gen para el segundo o tercer trimestre de 2022 y «pueden absorber sin ningún problema hasta 35.000 trabajadores durante los próximos años».
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Pascual ha declarado sentirse «privilegiado» por el momento que atraviesa el sector y ha dicho estar «convencido de que con los fondos europeos la economía va a chutar fuertemente». Ha descrito un tejido empresarial «altamente resistente y preparado para asumir dificultades», como ha quedado demostrado en el último año. Sin embargo, ha advertido, y se ha lamentado de ello, que el sector no crece más por falta de mano de obra «en un país con un 40% de paro juvenil». El representante empresarial ha asegurado que las empresas ofrecen «salarios hasta el 20% por encima del convenio del sector y superiores a la industria en los empleos más cualificados» y ha explicado que el contrato más habitual en la construcción es el «fijo de obra, que con el volumen de actividad actual permite la estabilidad del empleo».
Preguntado cuáles serían las necesidades de puestos de trabajo que tiene el sector para asumir proyectos como la regeneración urbana, los ejes de infraestructuras pendientes, inversiones en ferrocarril, en el ciclo del agua, etc, Pascual ha recordado que el sector autonómico «lleva varios años estancado en torno a 67.000 ocupados, cuando llegó a tener más del doble antes de la crisis anterior». Ha reconocido que aún arrastran mala imagen, como un sector «que despide y al que la gente ha cogido miedo», para a continuación recordar que las empresas están dispuestas a asumir la formación de los trabajadores en puestos cualificados que, por su escasez, están cotizados. El sector, ha asegurado, se ve obligado en ocasiones a salir a contratar encofradores o gruístas de otros países al no encontrarlos aquí.
La licitación de obra oficial descendió el año pasado el 19%, hasta 899 millones de euros, con las administraciones central, autonómica y local en niveles parecidos de recorte. Con unas previsiones a comienzos del ejercicio de 2.189 millones en inversiones y finalmente una adjudicación de 747 millones de los licitados, el resultado es un grado de cumplimiento del 34%. En lo que va de 2021, no obstante, la curva ha tomado la senda ascendente y ya se encuentra al ras con la de 2019. «Comenzamos el año con una previsiones prudentes pero, gratamente, ya las hemos corregido al alza a la vez que ha ido avanzando el proceso de vacunación», ha explicado Pascual, quien al bajar al detalle ha censurado la parte de inversión que llega de la Administración central.
Así, ha señalado que mientras la Junta ha aumentado sus contrataciones el 10,5% entre enero y mayo y los ayuntamientos y diputaciones lo han hecho un 154%, el Gobierno central presenta un retroceso del 5,8% con respecto a los datos de un año como 2020. Pascual ha manifestado su temor de que una mala gestión de los fondos europeos «haga que sufran una tardanza en aterrizar en la economía».
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