La inspección detecta 1.384 fallos de desinfección en las piscinas de Castilla y León en un año

Los inspectores realizan un control visual y también con muestras en los lugares concretos, en los que es previsible que se acumule un buen número de personas y no exista prohibición permanente de baño ni se haya formulado una recomendación específica de abstenerse por riesgos objetivos o contaminación.

También las piscinas, cubiertas y al aire libre, públicas y privadas de uso comunitario, tienen que someterse a estos controles de seguridad y salubridad. Además, en la comunidad en los últimos años las piscinas han proliferado y en los últimos nueve años, desde 2009, se han incrementado en 211, un 26,2% más. Así, el número total de piscinas censadas en la comunidad, a fecha de 31 de diciembre de 2018, es de 1.016; de las cuales 747 (el 73,5%) son de titularidad pública y el resto, 269 (el 26,5%) son privadas. Supone un aumento del 1,7% en solo un año.

Salud Pública realiza casi siete mil controles al año sobre el pH y casi ocho mil del cloro de las aguas; lo que incrementa en los meses de verano. También estudia la temperatura del aire y la humedad relativa, entre otros valores. En cuanto a la ratio de controles de cloro por piscina, en Castilla y León es de 7,8. Segovia y Soria, con 14,9 y 12,7 respectivamente, son las provincias con mayor proporción de inspecciones y Salamanca es la que ha tenido menos, con 5,3. La ratio de pH por piscina ha sido de 6,8 y destaca Segovia, con 10,4 controles por piscina de media en el año 2018. Ávila es la provincia con menor frecuencia de vigilancia, con un 4,6.

El cerrado ejercicio completó 4.757 inspecciones que se saldaron con ocho expedientes sancionadores propuestos y, finalmente, solo tres multas. El exceso de desinfectante se registró en 719 instalaciones y, el defecto del mismo, en otras 665; aunque de inmediato se corrigió en 432 casos. Este balance es similar al de los últimos años.

Las provincias con mayor número de incumplimientos han sido Salamanca, Valladolid y León, las tres suman más de la mitad de dichos irregularidades; aunque también en ellas se concentra casi la mitad de las piscinas de Castilla y León. Sanidad destaca que, en realidad, «los incumplimientos por exceso y por defecto de desinfectante en el agua se dan en la misma proporción en todas las provincias, lo que demuestra que la eficacia de los tratamientos en este tipo de instalaciones es similar».

Tradicionalmente, el inicio de actividad de una piscina lo concedían los respectivos ayuntamientos en cuyo término municipal se encontraba ubicada la misma. Dicha licencia municipal debía contar como requisito previo con el informe sanitario, que tenía carácter vinculante en caso de ser negativo.

Con la entrada en vigor del Real Decreto 742/2013, se realiza una visita de inspección inicial al comienzo de la actividad y tras paradas temporales superiores a quince días, para valorar que la instalación es apta para su uso y cumple con la normativa vigente. Además, «a lo largo del año - en la temporada de baño entre finales de junio y mediados de septiembre, según zonas, para las instalaciones al aire libre y durante todo el año para las cubiertas- se efectúa una vigilancia de verificación para valorar el correcto funcionamiento de las instalaciones», destaca Salud Pública.

En cuanto a las zonas naturales de recreo, en 2018 se mantuvieron las mismas que en el ejercicio anterior, 29 en concreto, tras darse se baja en 2017 la zona de baño Puente del Congosto ubicada en la provincia de Salamanca. Fue a petición del Ayuntamiento de la localidad o, dado que «se encuentra situada en una zona caudalosa que origina peligrosas corrientes y por las subidas de nivel de agua que provoca la existencia en las proximidades de la Central Hidráulica de Iberdrola Renovables Energía. Ambas causas suponen un riesgo para los bañistas», destaca Salud Pública. Y, en cuanto a la del río Arlanzón en Burgos, lleva cinco años sin poderse dar de alta porque «la calidad del agua ha sido calificada como insuficiente para el baño».

La temporada de baño para las zonas naturales la establece la Dirección General de Salud Pública y está comprendida entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. La vigilancia sanitaria para determinar la aptitud de las aguas para esta actividad se realiza con inspección visual y la toma de muestras para análisis microbiológicos, especialmente enterococos intestinales y escherichia coli. La toma se realiza mediante un muestreo inicial quince días antes del inicio de la temporada y otro programado de ocho distribuidas uniformemente durante el verano.

La Consejería de Sanidad realiza más de 330 inspecciones y cada zona está sometida a una media de 11,5 visitas de control. El año pasado, el número de situaciones irregulares fue de 38, por superación puntual microbiológica en el análisis de las muestras y las mismas se concentraron en las provincias de León y Zamora, con 14 y 11 respectivamente.