La indecisión del Supremo trunca la firma de 55 hipotecas al día en Castilla y León

Después de casi diez años de crisis económica, la vertiente inmobiliaria de la misma había enfilado la recuperación con la firma en los siete primeros meses de 2018 de 11.631 hipotecas sobre todo tipo de fincas, 7.500 de ellas, viviendas. En total, y en la práctica, se traducen en 55 visitas diarias por este motivo a las notarías de Castilla y León. El incremento no es para lanzar las campanas al vuelo -suponen un 3% más que hace un año-, pero en esta cuestión la comunidad autónoma no suele registrar variaciones tan llamativas como las de las grandes capitales o las zonas turísticas.

Desde ayer, antes de desenfundar los bolígrafos, los notarios advierten a quienes acuden a firmar un préstamo hipotecario de lo que está sucediendo. «Podríamos decir que la decisión del Supremo de, primero, cambiar la doctrina sobre quién debe pagar el impuesto y, después, paralizar el cambio, ha abierto una situación en la que conviene guiarse por la prudencia porque las partes afectadas han quedado a la expectativa de lo que pueda suceder en los próximos días», manifiesta José Ángel Tahoces, decano de los notarios de Castilla y León.

«Los notarios -continúa- tenemos la obligación de informar de la situación en la que estamos en este momento por si los consumidores quieren reconsiderar su decisión». Lo cierto es que los casos en que se produce ese replanteamiento no son excepcionales. «No cabe duda de que (toda la polémica por la marcha atrás del Supremo) habrá provocado la paralización o, al menos, el aplazamiento de algunas firmas, porque no olvidemos que el cambio de criterio ha sido radical», añade.

Aunque todavía es pronto para saber lo que puede suceder y cuántas formalizaciones de créditos se van a ver afectadas, algunos notarías consultadas ayer reconocían que desde el pasado viernes son frecuentes las llamadas para posponer los actos de firma. En algunas, hasta tres de tres.

No obstante, las operaciones que sí se están ejecutando tienen un denominador común: son los clientes los que, en la mayoría de casos, cargan con la responsabilidad de tributar. Así lo han decidido la generalidad de las entidades, que interpretan que, por el momento, está en vigor la normativa que regía hasta la semana pasada: el sujeto pasivo de ese impuesto es el prestatario.

Porque la sentencia del Supremo del pasado día 16, en la que se establecía lo contrario, solo afecta a las partes implicadas: Ayuntamiento de Rivas y Comunidad de Madrid. Para el resto de casos «hay que esperar a que el alto tribunal aclare cuál es el criterio general», aclararon desde varias entidades a la agencia Colpisa, según informa José María Camarero.

Si el 5 de noviembre el Supremo determina que son los bancos los que tienen que asumir esa figura fiscal, varios grupos financieros admiten que tendrían que «actuar en consecuencia» en favor de sus clientes, que son quienes cargan por ahora con esa liquidación fiscal.

Ante la tesitura de aceptar la responsabilidad del AJD, con toda la documentación en el despacho notarial y la presión de tener que firmar la hipoteca para obtener las llaves de la vivienda, la nota aclaratoria del Consejo General del Notariado recuerda que el propio aviso puede incluso quedar plasmado en la escritura, si bien en cualquier caso tendría validez en el futuro al ser realizado por un notario. Además, recuerdan, para hacer efectivo el pago del impuesto de marras ante la Administración autonómica hay un margen de 30 días, plazo en el que está previsto que el Supremo aclare definitivamente si la responsabilidad es del cliente o del banco.

«Se están paralizando algunas firmas», reconocían ayer fuentes de un gran banco. «No de forma masiva, pero en algunos casos sí se está pidiendo», admitieron. Se arriesgan a tener que volver a iniciar el proceso de documentación, gestión de riesgo y valoración de las condiciones de la hipoteca (plazos, tipos de interés, requisitos) por parte del banco. Además, puede afectar al contrato de arras -la reserva de la compraventa-, donde el cliente ya ha anticipado dinero antes de firmar las escrituras.

A la espera de la decisión del Supremo, los Técnicos del Ministerio de Hacienda, estiman que 1,5 millones de contribuyentes podrían reclamar la devolución del impuesto a las comunidades por las hipotecas de los últimos cuatro años, aún sin prescripción. En la comunidad, Gestha cifra en 68.466 los contribuyentes afectados, que finalmente resultarían beneficiados si se confirma que son los bancos los que deben soportar el gravamen.

Por otro lado, los líderes de UGT, Pepe Álvarez, y de CC OO, Unai Sordo, calificaron durante su visita a Valladolid de «bochorno» y «chapuza nacional» la decisión del Supremo. Para la Organización de Consumidores y Usuarios, la situación es «inaudita y aberrante», mientras que José Rolando Álvarez, presidente de Iberaval, calificó de «tragedia» la paralización del mercado hipotecario a cuenta del 'si es no es' del Supremo, en un momento en que el mercado inmobiliario «estaba subiendo y tirando de la economía».