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La comisión parlamentaria de investigación sobre la financiación y los planes de medios (de comunicación) de la Junta de Castilla y León se ha constituido con la primera disparidad de criterio entre Cs y PP sobre si debe abordar o no la trama Enredadera, ... investigación judicial que incluye grabaciones policiales sobre el presunto uso de medios de comunicación para presionar a políticos y obtener licitaciones públicas. En esta investigación hubo una pieza separada que afectaba a administraciones en León, que ha sido recientemente sobreseída.
El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha asegurado que a «nadie puede parecer sorprendente» que se aborde el caso Enredadera en la nueva comisión de investigación. «No buscamos cadáveres, pero no cerramos los ojos», ha remarcado el dirigente de Cs.
Igea apoyaba con estas declaraciones el argumento de la presidenta de la comisión y compañera de grupo parlamentario, María Montero, que apuntó al finalizar de la primera reunión que «puede haber cierta vinculación» entre el campo que van a investigar las Cortes y esa causa judicial sobre presuntos amaños de contratos en la que se vieron inmersos políticos, funcionarios y empresarios, según recoge la agencia Ical.
Un planteamiento que no compartió el portavoz del PP en este órgano, Miguel Ángel García Nieto, que ha considerado que «no tiene nada que ver con esto» el que se analice políticamente lo que recoge un sumario en el que una de las llamadas grabadas con autorización judicial recoge una conversación entre el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones y el empresario José Luis Ulibarri, propietario del Diario de León y copropietario de la televisión autonómica, en la que el primero ofrecía al segundo hacerse cargo de una obra de una carretera que había dejado empantanada la adjudicataria oficial y, ante las dudas del empresario sobre ese traspaso, el consejero le respondía con un «la Administración soy yo».
El procurador del PP ha añadido que la comisión de investigación en sí es «innecesaria» porque «se han hecho bien las cosas, con luz y taquígrafos», criterios objetivos de reparto de las publicidad institucional claros.
El vicepresidente de la Junta, que ha asegurado que «es difícil no hablar de esto» en la comisión parlamentaria, eludió responder explícitamente a si debería comparecer su ahora compañero de Gobierno, pero sí apuntó que todos los consejeros están a disposición de las Cortes.
La comisión está formada por las procuradoras socialistas Virginia Barcones y Rosa Rubio; los populares Miguel Ángel García Nieto y Leticia García; las de Cs María Montero y María Teresa Gago y Laura Domínguez (Podemos).
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