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El letrado mayor de las Cortes, Marcos Herrero Martínez-Tutor, en una imagen de archivo. El Norte
Igea pide la suspensión provisional del letrado mayor de las Cortes, investigado por acoso laboral

Castilla y León

Igea pide la suspensión provisional del letrado mayor de las Cortes, investigado por acoso laboral

El procurador considera necesario aplicar esta medida «ante la gravedad de las acusaciones y el potencial impacto sobre el clima laboral y la reputación» de la Cámara

E. N.

Martes, 12 de noviembre 2024, 11:17

El procurador Francisco Igea ha solicitado la suspensión provisional del letrado mayor de las Cortes de Castilla y León, Marcos Herrero Martínez-Tutor, tras conocerse su investigación por un presunto delito de acoso laboral. Esta petición se ha presentado en virtud del artículo 54.2 del Reglamento de las Cortes, con el objetivo de «preservar la integridad y el buen nombre de la institución, así como de proteger a los denunciantes y posibles testigos en el caso».

Igea se basa en la apertura de un procedimiento penal en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, que investiga al letrado mayor por presuntas prácticas de acoso en el entorno laboral. «Ante la gravedad de las acusaciones y el potencial impacto sobre el clima laboral y la reputación de las Cortes», el procurador considera imprescindible «aplicar una medida cautelar de suspensión mientras se tramita la investigación judicial».

«Es necesario que las Cortes tomen medidas inmediatas para garantizar la transparencia y la protección de todas las personas implicadas en este caso, sean denunciantes, testigos o el propio investigado«, afirma Igea. Además, el procurador insta a que la Junta de Personal emita un informe sobre la situación, como establece el reglamento de la Cámara, «para asegurar que cualquier medida se adopte con el respaldo necesario y en conformidad con los procedimientos establecidos».

Por último, subraya la importancia de proteger «el buen nombre de la institución» y de «enviar un mensaje claro» de que las Cortes de Castilla y León están «comprometidas con la ética y la responsabilidad en su funcionamiento interno».

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