Igea lamenta que no hubiera acuerdo para espaciar la segunda dosis y vacunar a más personas

El vicepresidente de Castilla y León ha asegurado que considera que hay «evidencias suficientes» de los beneficios que implica distanciar la inoculación de la segunda dosis para tener a la mayor población posible vacunada con una dosis, porque esa ha sido la estrategia de Reino Unido.

El dirigente autonómico ha reiterado el «notable grado de satisfacción» que la Junta tiene sobre el desarrollo de la campaña de vacunación. La población que ha recibido al menos un pinchazo supera el 30%, ha indicado el vicepresidente. Un porcentaje que llega casi a la práctica totalidad de los octogenarios y nonagenarios, con inmunizaciones que rondan el 95% de los integrantes de estas horquillas de edad y que llegan al 37% de los mayores de 60 años.

Francisco Igea ha abordado lo que será el día después del final de estado de alarma y ha avanzado que la Junta mantendrá las restriccionesque pueda aplicar hasta ese momento, fijado por el presidente del Gobierno de España en el día 10 de mayo, para llegar a ese punto «con la menor incidencia posible».

El político de Cs ha achacado la responsabilidad de las consecuencias que acarrearán las posibles dificultades para implantar restricciones a la movilidad si hay incidencias altas de contagios al Gobierno central, «en exclusiva», por su manera de entender la cogobernanza sin hacerse responsable de nada.

Igea ha apuntado que la Junta de Castilla y León no tiene previsto hacer cambios normativos en su legislación de Salud Pública para reforzar jurídicamente la posibilidad de tomar decisiones restrictivas. Hay comunidades como Galicia, el País Vasco o Aragón que están impulsando leyes. El vicepresidente ha confirmado que la Junta no utilizará el decreto-ley, que contempla el Estatuto de Castilla y León para legislar de forma excepcional y con urgencia, para modificar normativas autonómicas que faciliten aplicar esas restricciones, más si pueden afectar a derechos fundamentales, y ha precisado que el Gobierno central se está oponiendo a esas iniciativas de regulación autonómica.