Igea achaca la «elevada» desviación del déficit al anterior gobierno de Herrera

El déficit en Castilla y León se sitúa en 532 millones de euros hasta el mes de octubre, según los datos divulgados el lunes por el Ministerio de Economía y Hacienda. Esto supone un incumplimiento de los objetivos de estabilidad marcados por la comunidad autónoma, ya que se dispara hasta el 0,88%, cuando para este 2019 se había fijado una desviación de solo el 0,1%. La media de las comunidades autónomas durante los diez primeros meses de este año es del 0,35% del PIB. En octubre de 2018, la desviación del déficit en Castilla y León fue del 0,11% y en 2017, del 0,09%, por lo que el incremento actual resulta más que notable.

La Junta pide que no se le atribuyan responsabilidades por los números heredados del anterior ejecutivo, pero también achaca estos malos datos a las peculiaridades de la comunidad autónoma y una ley de financiación que el gobierno de Mañueco solicita renovar. «Es evidente que estos datos indican la insuficiencia de la ley de financiación autonómica para poder subvertir los gastos de esta comunidad», añadió ayer Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El vicepresidente y portavoz también puso el acento en la disminución del ritmo de crecimiento y la falta de pago por parte del Estado en lo referente al IVA, factores que, a su juicio, también han coadyuvado a generar el déficit actual.

«Esta es la segunda comunidad autónoma que mayor porcentaje de presupuesto dedica al gasto oficial, después de Asturias. Nos enfrentamos a un problema de financiación debido a que gran parte de los servicios que prestamos lo hacemos en la región con mayor superficie de nuestro país. Y se nos financia de acuerdo a nuestra población. Así es difícil mantener la prestación de servicios que se dan al territorio, como carreteras, sanidad o telecomunicaciones, los que dependen más de la extensión de la comunidad que de su población. Esto debe ser tenido en cuenta en la nueva ley de financiación», consideró.

Francisco Igea confió en que «el próximo gobierno» nacional «aborde a la mayor brevedad» la nueva ley de financiación autonómica que permita afrontar «los gastos de la gestión de todos los servicios que presta la comunidad». «Es evidente que Castilla y León tiene un problema de infrafinanciación y por eso esperamos tener una nueva ley de financiación con el próximo gobierno [nacional]. Veremos entonces el compromiso del PSOE de Castilla y León con una ley que permita a esta comunidad financiar los servicios públicos de manera adecuada. Insisto: somos la segunda comunidad que más porcentaje del presupuesto dedica a financiar los gastos sociales. Uno no puede quejarse del déficit y de la falta de inversiones en políticas sociales. Las matemáticas son así. Ylos presupuestos son limitados».

La Junta de Castilla y León también ha aprobado este jueves el anteproyecto de ley para eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares directos. En la práctica, la nueva ley afectará solo a los contribuyentes de las familias más ricas, los que reciben más de 400.000 euros en herencias, ya que por debajo de ese umbral este tributo ya no existe en la comunidad.

Igea presentó una medida que supondrá un ahorro a los contribuyentes «de 17,4 millones de euros en 2020 y de 34,6 millones en 2020», así como «una bonificación del 99% en la cuota de las adquisiciones lucrativos inter vivos cuando el donatario sea cónyuge, descendiente o adoptado, o ascendiente o adoptante del donante». «Esto va a permitir donar en vida empresas y explotaciones agrarias, facilitar la transmisión de padres a hijos y evitar la doble imposición que suponía este impuesto en nuestra comunidad».

Igea consideró que la medida alcanzará a más de 5.000 personas y puede «llegar incluso a los 15.000» cuando se haga efectiva. «Es lo que suele ocurrir cuando se bonifican las donaciones. Eso permite que se incremente su número». La oposición siempre ha hablado de que son los «815 contribuyentes más ricos» los beneficiados por la futura exención de este tributo.

Igea también ha informado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la subvención de 147.131,06 euros que ha concedido la Junta a la empresa Patatas Meléndez, propiedad de Javier Meléndez, marido de la exconsejera de Agricultura, expresidenta de las Cortes y rival del propio Igea en las primarias autonómicas de Ciudadanos, Silvia Clemente. La subvención total que recibirá Patatas Meléndez para «diversas inversiones en la fábrica de procesado de patatas» de Medina del Campo asciende a 1.015.637,68 euros.

Inicialmente, la Junta había desestimado la ayuda de 147.131,06 euros concedida este jueves, pero había concedido ya un montante de 868.506,62 euros el 29 de diciembre de 2017. Al superar ahora el millón de euros, necesitaba la autorización del Consejo de Gobierno.

«Se ha puesto un recurso por parte de la empresa, que ha sido estimado por parte de los recursos jurídicos de la Consejería [de Agricultura] y de la Junta. Por lo tanto, nos vemos en la obligación de proceder a dar esa subvención, de acuerdo con el informe de los servicios jurídicos de la Junta», explicó Igea.

El vicepresidente de la Junta también se refirió este jueves al último tramo en las negociaciones para formar gobierno en España entre el PSOE y ERC. A Igea «le parece tremendo» que la investidura de Pedro Sánchez esté pendiente de la reacción de ERC al informe de la Abogacía del Estado sobre Oriol Junqueras, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.

«Me parece tremendo que el futuro de España dependa de las indicaciones de unos señores que están en prisión por unos delitos tan graves. No creo que haya nadie en esta comunidad que piense que vaya a salir nada bueno de un gobierno en esas condiciones, que depende de unos delincuentes que están en prisión por saltarse la legalidad constitucional. Es hora de que el Partido Socialista reflexione sobre la vía de los 221 escaños, que incluye al 70% de la población», expuso Igea, en referencia a un pacto alternativo entre PSOE, PP y Ciudadanos. «El PSOE es un partido irresponsable en manos de un irresponsable, que pone la gobernabilidad de este país en manos de unos delincuentes», criticó Igea.

El vicepresidente de la Junta insistió sobre su propio futuro político dentro de Ciudadanos y consideró este jueves que está «más cerca» de ingresar «como monje cisterciense» que de acabar liderando a la formación naranja en toda España. Aun así, ahondó en la idea. «Lo importante es que nuestro partido contribuya a tener un gobierno estable. Necesitamos para ello que haya unas reformas. Es evidente que la candidata ideal sigue siendo Inés Arrimadas, nadie lo discute. Discutimos la necesidad de introducir cambios en la organización y estrategia del partido, en los que estoy seguro de que alcanzaremos un acuerdo antes del congreso de nuestro partido».

Igea, que matizó que «los partidos deben ser algo más que sus líderes», aseguró que cuenta «con muchos apoyos» en sus demandas de cambiar Ciudadanos internamente. «Muchos dirigentes autonómicos, territoriales, diputados y cargos del partido se han manifestado de manera reiterada en la necesidad de hacer un cambio en la organización y en la estrategia del partido. Ahora trabajamos para intentar alcanzar el mayor grado de acuerdo posible».