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El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Ical
Igea considera que las subvenciones de cursos del Ecyl no han respetado la libre concurrencia

Igea considera que las subvenciones de cursos del Ecyl no han respetado la libre concurrencia

El informe de inspección de la Junta subraya que los «agentes sociales» no deben elaborar las bases de las ayudas a las que ellos mismos concurren

Arturo Posada

Valladolid

Jueves, 12 de diciembre 2019, 14:31

La Junta de Castilla y León considera que se debe revisar la participación de los «agentes sociales» en la elaboración de las bases por las que se conceden las ayudas del Servicio Público de Empleo (Ecyl) para los cursos de formación a parados, de orientación ... y de formación continúa a los trabajadores. Se trata de evitar que los mismos actores que redactan las de las bases concurran como solicitantes, como sucede hasta ahora, ya sea «directamente o a través de sus entidades de formación vinculadas». Así figura en el informe elaborado por la Inspección de Servicios Generales a petición de la Consejería de Transparencia, después de las irregularidades denunciadas por varias escuelas de formación que apuntan a prácticas irregulares en la concesión de subvenciones en la comunidad.

«Los principios de libre concurrencia no se han visto respetados en su integridad», señaló este jueves el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, tras dar a conocer las conclusiones del informe. «No es razonable que participen de la redacción de las bases de las ayudas quienes van a concurrir a ellas».

Igea explicó que «en este momento» no se ha detectado ninguna irregularidad que desemboque en un expediente a funcionarios por este asunto. «Lo que propone el informe es cambiar las normas. Todo está hecho de acuerdo a las normas, lo que estaba mal eran las propias normas».

El informe elaborado por la Inspección General de Servicios recomienda también «revisar las bases reguladoras de los procedimientos de subvención» para que no se produzcan «prácticas anticompetitivas», así como revisar «los criterios de valoración». Además, recuerda que el Tribunal de Defensa de la Competencia de Castilla y León es el órgano encargado de «velar por la defensa de la competencia frente a actos que se puedan alterar» y recomienda a la Consejería de Empleo que cuente con él.

Las mesas de negociación para elaborar las bases reguladoras de las subvenciones están conformadas por el Ecyl, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y las patronales Cecale y Cecap. Esta última, que teóricamente engloba a las empresas de formación, es uno de los focos del problema. Más de cincuenta centros consideran que no defiende sus intereses y sí favorece los de «oligopolios» de empresarios vinculados al PP mediante convocatorias a la carta.

«Estamos parcialmente contentos», señaló ayer David Fernández, presidente de la Agrupación de Entidades de Formación. «Se reconoce que las políticas activas de empleo vulneraban el principio de libre competencia y coartaban la igualdad de profundidades. Por otro lado, los autores siguen ocupando los mismos puestos en el Ecyl y hay que recordar también todos los centros damnificados que han tenido que cerrar».

La Consejería de Transparencia, que dirige Francisco Igea, solicitó el pasado mes de agosto un informe sobre este asunto después de que El Norte publicara la llegada al Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid la denuncia interpuesta en mayo por varias escuelas de formación sobre prácticas irregulares relacionadas con los cursos destinados a la inserción de desempleados de larga duración y que presuntamente beneficiaban familiares de empleados del Ecyl. En esa denuncia también se señalaba que las bases de las ayudas se confeccionaban a la carta para beneficiar a sectores vinculados con el Partido Popular.

«Hay un proceso judicial en marcha. Esta misma semana, la Consejería de Empleo va a remitir al juzgado toda la información que se ha solicitado. Y también remitiremos este informe. Quien determina si existe alguna irregularidad sancionable desde el punto de vista penal es la Justicia. El informe dice que hay prácticas muy mejorables en el terreno de la libre competencia y proponemos reformar esas prácticas para adecuarlas a las exigencias del informe. Si es sancionable o no, estaremos a lo que diga la Justicia», subrayó Igea, quien añadió que los sindicatos ya no podrán formar parte de la elaboración de las bases. «Correcto. Nadie puede redactar las bases de unas ayudas a las que va a concurrir».

Francisco Igea recordó que el diálogo social con los sindicatos «puede determinar qué pactos políticos» se pueden hacer para la formación de parados y hacia dónde orientar esas políticas. «Sin embargo, el diálogo social no puede establecer las bases de las ayudas públicas. Eso solo le corresponde a la Junta. No conviene confundir el diálogo social, legítimo y útil, con que los sindicatos tengan competencias que solo le están atribuidas a la Administración».

Igea explicó que el «esfuerzo» del gobierno de coalición PP-Ciudadanos en la Junta pasa por «reducir al máximo el clientelismo». «No se trata de buscar culpables, sino de tener unas normas que nos permitan mejorar y evitar que esto pase. Nuestro objetivo en política no es cortar cabezas. Nuestro objetivo es cambiar las cosas».

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