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El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha revelado este jueves en la presentación de la memoria judicial 2022 en Burgos que la huelga de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) obligó a suspender más de 6.600 procesos judiciales ... en Castilla y León.
Concepción ha explicado que el impacto fue mayor en Valladolid, León y Segovia y ha avanzado que «se encuentran ya señaladas nuevamente, resultando que los órganos de este territorio han visto sus agendas prolongadas en todos los casos, siendo noviembre de 2023 la fecha más tardía».
«Tenemos la excepción de los Juzgados de lo Social, en particular del partido judicial de Valladolid, en cuyas agendas los juicios se sitúan ya en abril de 2024 en algunos casos», ha añadido.
El presidente del Alto Tribunal regional ha destacado además que «al desconocerse en muchos casos el número de asuntos no repartidos con motivo de la huelga, que suponen un número elevado, las agendas se verán superadas rápidamente y en breve todos los señalamientos se situarán en 2024».
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Yolanda Fernández Blanco
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En relación con la nueva huelga indefinida de funcionarios de la Administración de Justicia que comenzada esta semana y que conllevará nuevas suspensiones de vistas y trámites, Concepción ha señalado que se trata de «otra huelga que puede provocar el colapso de la Justicia» y ha reclamado al Gobierno »una solución inmediata«.
Sin embargo, Concepción ha opinado que «todas las protestas que se formulen en el ámbito de la justicia son pocas» porque «tanto los jueces como todos los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia están padeciendo unas condiciones de trabajo interiores al resto de la Administración».
En este sentido, Concepción se ha mostrado «a favor» de las reivindicaciones de los trabajadores del sector judicial por la pérdida de poder salarial, la mejora de unos medios de trabajos «manifiestamente mejorables» y la carga de trabajo «muy por encima» de las recomendaciones.
«El Gobierno debiera de entenderlo así y pensar que desde un punto de vista incluso retributivo, se ha perdido una capacidad no solamente adquisitiva importante sino que hay una pérdida efectiva de salario desde el año 2004 hasta nuestros días». »Se debería adecuar los ingresos a esa pérdidas que padecemos en los últimos 19 años», ha apostillado el presidente del TSJCyL.
En relación con las condiciones de los trabajadores judiciales, el presidente del TSJCyL ha criticado que las 70 plazas judiciales creadas el pasado año por el Ministerio «son insuficientes» para paliar las necesidades y el volumen de procesos judiciales afrontado en Castilla y León.
«Sólo tres puestos, un magistrado en la sección civil de Audiencia Provincial de León, el Juzgado Social 2 de Segovia y el Juzgado Social 3 de Salamanca, correspondieron a Castilla y León», ha asegurado a la vez que ha recordado que fue el propio Servicio de Inspección del CGPJ el que »ha venido aconsejando la creación de una serie de plazas judiciales en el territorio«.
Esa es la conclusión que deja el año judicial 2022 después de que Concepción presentase unos datos que reflejan 275.411 asuntos ingresados, un aumento de casi 15.000, respecto al año anterior y que también rebasa los de 2019.
En concreto, ese ascenso se ha producido en los órdenes jurisdiccionales Civil (2% más) y Penal (7,3% más), mientras que el volumen de asuntos de Lo Social (2,2% menos) y Contencioso-Administrativo (5,6% menos) ha registrado un descenso respecto a 2022.
A nivel de resoluciones, los juzgados y tribunales de Castilla y León resolvieron 278.187 asuntos, 5.038 más que en 2021, unas cifras que «apuntan la carga de trabajo ingente que soportan los órganos judiciales de la comunidad».
Concepción ha destacado con especial incidencia la creación de estas nuevas plazas, demanda que se une a la imposibilidad de cubrir algunas vacantes como la existente en la Sala de lo Civil y Penal del propio TSJCyL.
«La plaza de magistrado de designación autonómica está vacante por jubilación porque la regulación legal impide que el CGPJ no renovado realice nombramientos. Resulta necesario que se produzca inmediatamente esa renovación del Consejo porque está ocasionando retrasos, como todos sabemos, en el Tribunal Supremo, por ejemplo, lo que afecta a la tutela judicial efectiva», ha detallado sobre este asunto.
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