Los hogares con Renta Garantizada en la región, reacios a cambiar al Ingreso Mínimo

El mecanismo del IMV aún está arrancando y la sombra del atasco que se produjo con los ERTES se cierne sobre las oficinas de la Seguridad Social. A priori, se esperaba un trasvase generalizado ya que la cuantía estatal es superior a la autonómica. Según el número de convivientes, oscila entre 462 y 1.015 euros.

A la hora de la verdad, las solicitudes de documentación y los errores en el arranque del sistema actúan de freno para el movimiento de expedientes. Y los que se mueven, se exponen a problemas: en más de quinientos la cuantía que recibieron por el IMV fue inferior a la que tenían con la RGC. Para 267 de estas familias ya está complementada la diferencia, que en algunos casos es de diez euros, pero en otros llega a 700, según explicó la consejera tras reunirse con los sindicatos y la patronal, en el marco del Diálogo Social, para analizar la llegada del Ingreso Mínimo Vital y evitar que haya familias que se vean perjudicadas por el cambio.

El gasto ejecutado por la Junta en el último año para abonar la Renta Garantizada ascendió a 72 millones de euros. Los sindicatos pidieron antes del verano que los fondos liberados por el esperado traslado de familias de un ingreso a otro se mantuviesen blindados en el ámbito de la protección social.

Pero de momento el ahorro es pequeño. En julio, la Junta abonó la Renta Garantizada a 9.184 familias y en agosto a 8.598, más las otras 267 que percibieron el complemento, un total de 8.875. Es decir, solo el 3% menos. En parecido sentido, durante los dos últimos meses se han producido 3.015 bajas en la ayuda autonómica, mientras que el número de altas ha sido mayor, de 3.547. La liberación de fondos en este apartado, al menos a corto plazo, parece descartada.

En la reunión de la Mesa del Diálogo Social, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades se comprometió a ampliar el paraguas de los complementos de renta para quienes puedan resultar perjudicados en el cambio al Ingreso Mínimo, durante los cuatro meses que puede tardarse en tramitar el cambio en la ley autonómica.