La hija del constructor advirtió del error en el registro policial al ser el chalé de su madre

El registro fue autorizado por el juez de Badalona Pablo Alonso, quien durante dos años ha instruido las diligencias de la llamada operación Enredadera, que sitúa a Ulibarri como uno de los 'jefes' de la trama.

Los hechos sucedieron el pasado 3 de julio, cuando los agentes de la UDEF detuvieron a José Luis Ulibarri a las 6:40 horas en Madrid. Fue en esa capital donde otro grupo registró su domicilio particular, y posteriormente le trasladó para completar el dispositivo hasta las oficinas de Aralia y otras de sus empresas en la calle Ayala 95. Eran las 8:25 horas.

Sin embargo, media hora después dos inspectores comisionados por la Brigada de la Jefatura Superior de Cataluña procedían, con la letrada de Instrucción 4 de Valladolid, a registrar otro domicilio en una urbanización en Simancas, que según sostenían los agentes era ocupado periódicamente por José Luis Ulibarri. Con las puertas cerradas, se localizó por teléfono a una de las hijas, Soledad, quien acudió con las llaves a la 9 de la mañana ante la advertencia de entrar a la fuerza si no lo hacía.

La mujer, que aparece en sociedades del grupo empresarial, advirtió en la vivienda a la secretaria judicial que ese domicilio no era de su padre, sino de su madre, Milagros, que no se encontraba investigada por estos hechos. En varias ocasiones reiteró a la comisión judicial sobre la inviolabilidad del domicilio y los efectos que acarrearía. Pese a ello, los agentes registraron el despacho de Ulibarri. Su hija facilitó la clave del ordenador, que quedó intervenido.

En el registro, la UDEF sí que halló en la planta baja un recibo de Iberdrola, de mayo de 2018, a nombre de José Luis Ulibarri, correspondiente al chalé de Simancas.

Pero el resultado las pesquisas no se quedó ahí, ya que en el sótano de la casa, dentro de una caja fuerte-habitáculo con las dimensiones de una habitación pequeña, los agentes encontraron dinero por importe de 63.000 euros. Estaban en dos cajas, con seis sobres que contenían billetes de 50 euros. La letrada ordenó el decomiso y su ingreso posterior en la cuenta del Juzgado de Badalona.

También encontraron un revólver inutilizado y un rifle de la marca Ruger, que la hija dijo que era de su propiedad. Ninguno de ellos fue incautado.

Sobre este registro, 24 días después el letrado de Ulibarri, Luis Rodríguez Ramos, presentó un escrito en el que se reprochaba al magistrado de Badalona haber cometido una infracción de un derecho fundamental, el de inviolabilidad del domicilio de Simancas, «habiendo sido advertida dicha circunstancia de forma expresa por la hija, que pese a ello entregó la llaves». El abogado aportó al juez la escritura de separación legal de 5 de junio de 2017, así como el convenio conyugal por el que se estipula que el chalé de la urbanización de Simancas, menos los muebles, pasaba a ser propiedad de la exmujer.