Herrera encara su último presupuesto con las dudas del déficit y sin la presión de Cs

La confección del proyecto del presupuesto autonómico para el próximo año está marcada por la incertidumbre sobre el ajuste de déficit que deberán asumir las comunidades. Oficialmente, se mantiene el objetivo del 0,1% de PIB que dejó el Gobierno de Mariano Rajoy, pero en la práctica el Ejecutivo de Pedro Sánchez está embarcado en el segundo intento para flexibilizarlo hasta el 0,3% tras renegociar la senda de estabilidad en Bruselas. Pasar de cerrar las cuentas de 2019 con un margen en números rojos de hasta el 0,3% del PIB en lugar del 0,1% supone mayor desahogo en los ingresos para pagar la factura de los servicios que gestiona la Junta con la incorporación de alrededor de 120 millones de euros de recursos, pero vía endeudamiento. Eso implica abonar intereses y, luego, devolver ese dinero.

A esos 120 millones que están en el alero por la ampliación del objetivo de déficit, pendientes del desenlace que tenga la proposición de ley del PSOEy Podemos para modificar la Ley de Estabilidad de la etapa de Cristóbal Montoro y anular el bloqueo del Senado, donde tiene mayoría el PP, para que el Congreso pueda corregir esa votación, se suman otros 142 millones que la consejera Pilar del Olmo reclama de la liquidación del IVA de diciembre de 2017.

El anterior ministro modificó el sistema de ingreso y el de ese último mes se efectuó en enero de 2018, con lo que la liquidación efectiva del año pasado se limita a once meses. La consejera de Castilla yLeón ha exigido a la actual ministra, María Jesús Montero, esos 142 millones que el efecto de la decisión de su antecesor hurtan a la partida de entregas que llegan del Estado para 2019. La oposición ha afeado a la consejera que no fuera más beligerante en su día con su compañero de partido Cristóbal Montoro.

Una cosa y la otra, el objetivo de déficit y la liquidación del IVA que le corresponde a Castilla yLeón, mantienen como futurible esa posible ampliación de 262 millones de euros en los ingresos de próximo presupuesto autonómico. No se puede contar con ellos en este momento en las tareas de confección del próximo presupuesto.

El 14 de septiembre es el plazo fijado en la orden que regula la elaboración de las cuentas para 2019, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), para lo que se conoce en la Consejería de Economía y Hacienda como la primera carga del presupuesto. Cada epígrafe de gastos e ingresos que componen el armazón de las cuentas debe rellenarse con una dotación que pasará después un pulido minucioso hasta que el equipo de la Dirección General de Presupuestos logre cuadrar las cuentas que la Junta remitirá a las Cortes antes del 14 de octubre.

La maquinaria presupuestaria ha echado a andar. Técnicamente, el presupuesto es un proyecto complejo. Además del desglose de cuantías para 2019, debe recoger la ejecución del dinero gastado o recaudado en 2017, la previsión de ejecución de 2018 y también una proyección de las dotaciones de programas e inversiones para 2020 y 2021.

Políticamente, el proyecto de presupuesto plasma las prioridades del Gobierno autonómico. Sin presupuesto no hay gestión y a diferencia de los tres años anteriores, en los que Herrera ha necesitado de la abstención de al menos un procurador de la oposición y ha contado con la de los cinco de Ciudadanos y el de UPL para poder gobernar con estabilidad, en esta ocasión ese apoyo por omisión no es imprescindible para culminar la legislatura.

Si esas dos formaciones cambian de criterio, votan en contra de las cuentas que la Junta debe presentar en las Cortes y el empate a 42 escaños entre el PP y el resto de los grupos impide su aprobación, a Herrera le valdría con prorrogar el presupuesto de 2018 para llegar hasta mitad de año y dar el relevo al Gobierno que se conforme tras las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo. Presupuestariamente, el Gobierno que preside Juan Vicente Herrera se garantizó la estabilidad para culminar la legislatura con el acuerdo alcanzado con Ciudadanos para las cuentas de 2018. Ese pacto supuso un '2x1'. Permitió aprobar el presupuesto hoy en vigor y a la vez llevaba implícita para Juan Vicente Herrera la posibilidad de salvar lo que le resta de mandato en 2019 con la opción de la prórroga.

Prorrogar el presupuesto de 2018 limitaría el uso de dinero para determinados gastos a partir del 1 de enero de 2019 –como el inicio de obras nuevas y afectaría a convocatorias de subvenciones– pero garantiza el funcionamiento de la Administración autonómica en unos meses que serán en la práctica de transición en el final de la etapa de Juan Vicente Herrera.

Alfonso Fernández Mañueco, líder del PP en Castilla y León y Juan Vicente Herrera, se reúnen hoy, según informa Efe, para marcar la agenda que llevará Herrera a la Moncloa en la próxima reunión con Pedro Sánchez, aún sin fecha.