Hacienda advirtió a la Junta sobre la posible inconstitucionalidad del impuesto a Garoña antes de su aprobación

«Hemos manifestado una queja en la Junta de Portavoces por cómo se nos ha hurtado este informe», ha señalado José Francisco Martín, portavoz adjunto socialista en las Cortes. «El día 29 entró en esta cámara el informe definitivo para el debate del día 31. Es un asunto importante porque la propia asesoría jurídica general de la Junta ya había dicho que el proyecto de ley podía ser inconstitucional, al igual que había hecho antes el Consejo Consultivo. El remate llega con este informe de la Secretaría de Estado de Hacienda que dice lo mismo, pero ese argumento no se pudo utilizar por los grupos parlamentarios en el debate del día 31 porque no se nos ha hecho llegar hasta hoy», ha añadido José Francisco Martín.

El portavoz adjunto del PSOE en las Cortes ha indicado que no tenían «conocimiento del fondo» de este documento elaborado por el Ministerio de Hacienda, aunque sí disponían de «un informe muy parecido en el que basó el grupo socialista su enmienda a la totalidad elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica».

Raúl de la Hoz, portavoz del Grupo Popular, se pregunta «qué informe» es este último y por qué se parece «tantísimo» al documento que Hacienda entregó a la Junta de Castilla y León, «un mes más tarde de que fuera firmado». «Pienso que se trata de un informe político que elaboró el Ministerio de Hacienda, que entregó al Partido Socialista en su día para que fijara su posición y que un mes más tarde lo entregó a la Junta de Castilla y León. Esta utilización de las administraciones públicas en beneficio de un partido político me huele ciertamente mal».

De la Hoz ha expuesto que el informe del Ministerio de Hacienda está fechado el 25 de septiembre y que se remitió a la Junta de Castilla y León «a finales de octubre». «En cuanto la Junta lo recibe, se lo entrega a las Cortes, que nos han dado traslado hoy. Cuando las Cortes reciben un documento tienen que calificarlo, aunque estas son cuestiones que no competen al Grupo Popular. Una vez calificado y admitido a trámite, se entrega a los grupos parlamentarios», ha añadido De la Hoz. «El grupo socialista tendría que explicar por qué en lugar de ponerse del lado de los intereses de Castilla y León para recibir 10 millones de euros se pone de lado de Iberdrola para que no pague. Esta conexión entre el Partido Socialista y algunas eléctricas, que tiene su repercusión en materia de carbón y de térmicas, nos empieza a sorprender», ha finalizado el portavoz del Grupo Popular.

Las Cortes de Castilla y León aprobaron el pasado 31 de octubre un impuesto sobre los residuos nucleares con los votos favorables del PP, la abstención de Podemos, IU-Equo y UPL, y la oposición de PSOE y Ciudadanos, grupos que advirtieron de que un gravamen doble (por parte de la comunidad autónoma y del Estado) resultaría inconstitucional.

Durante su intervención en el pleno del día 31, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo defendió la legalidad del tributo, al argumentar que se trata de impuestos diferenciados, e hizo referencia al informe de la Secretaría de Hacienda («fue remitido a la Junta el pasado martes 23 de octubre», dijo en el pleno). Igualmente, Del Olmo apuntó que no se trataba de un texto concluyente, ya que, como señala el documento de Hacienda en su último párrafo, «se requeriría un informe por parte de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica» para analizar «la posible coincidencia de ambos impuestos desde una perspectiva técnica».