Una guerra familiar por el control del Grupo Pesquera llega a los juzgados

Fernández, después de ser apartado por sus socias -su esposa, Esperanza Rivera (49,70%), y tres de las cuatro hijas (0,15% cada una), Lucía, Olga y Mari Cruz- de todos sus cargos administrativos a lo largo de 2018, aunque sigue siendo accionista (49,70%), ha decidido lanzar su ofensiva en los tribunales. El punto sin retorno fue el 12 de octubre de 2018, en los viñedos de Pesquera de Duero, donde se bloqueó el acceso y los vendimiadores de Alejandro Fernández se vieron obligados a marcharse. Hasta tuvo que intervenir la Guardia Civil. Fue la sociedad, que ya no controla el bodeguero, quien vendimió «a la fuerza», sin la tarjeta acreditativa de la DO, de la que Fernández es titular. ¿Qué pasó con esa uva? Pues que no se ha podido vender como Ribera de Duero. Para poder vendimiarla, el nuevo apoderado de la familia presentó un contrato. Este contrato ha sido puesto en manos de la Fiscalía de Valladolid por su supuesta ilegalidad y por si hubiera podido producirse un delito societario. El Ministerio público también ha solicitado información y más documentación al Consejo Regulador.

Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido el despido de su hija pequeña, Eva, la enóloga del grupo, la única «que se ha negado a conspirar contra su padre», señalaron fuentes próximas al bodeguero. Esta demanda por despido, firmada por su hermana Olga, también está ya en manos de los juzgados de lo social.

El viticultor, de 86 años, tiene prohibido pisar su bodega y ha sido expulsado como administrador del organigrama de todas las sociedades y no solo de las dedicadas al vino (Tinto Pesquera, Condado de Haza, Dehesa La Granja y El Vínculo) y el hotel AF en Peñafiel, sino de otras cuatro empresas dedicadas a la energía en las que figuraba como consejero: Inversiones Energéticas AFTP 2007, Inversiones Energéticas Haza 2007, Inversiones Energéticas BVFR e Inversiones Energéticas Afer 2007. Así consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del viernes 30 de noviembre de 2018. El próximo martes 12 de febrero, el representante legal del bodeguero, la cara de este emporio dedicado al vino (y también a la energía), pedirá en el Juzgado de Primera Instancia 9 de Valladolid que la sociedad madre del grupo de empresas fundada por él, Alejandro Fernández Tinto Pesquera SL, deje de utilizar su nombre e imagen para vender vino y pide que se le imponga una multa de 30.000 euros por los daños morales.

Después de que el veterano viticultor fuera cesado como administrador mancomunado de la sociedad, en una «maniobra», según se expone en la demanda, «premeditada y ejecutada sin previo aviso por varios de sus familiares más directos» en julio del año pasado, «se vio de nuevo sorprendido en su buena fe al comprobar que la misma empresa, de cuya gestión había sido apartado en contra de su voluntad, se consideraba legitimada para valerse de la imagen fotográfica de Alejandro Fernández como vehículo publicitario de venta de los productos y servicios del Grupo Pesquera, incluso por encima del consentimiento del titular del derecho». La demanda, presentada por Dikei Abogados en nombre del viticultor, subraya que, a fecha de hoy, a pesar de que se le ha reclamado a la empresa que deje de utilizar la imagen de su cliente, sigue haciéndolo, «hasta el punto de emplearse la repetida imagen de don Alejandro como el principal reclamo publicitario en los medios promocionales del grupo, especialmente en Internet». Incide en que la compañía «sigue atribuyéndole la condición de alma mater del grupo a la hora de vender sus productos, aunque los verdaderos actos de la empresa discurran paralelamente por otros derroteros muy distintos que, al parecer, trata de ocultar al público al no estimarlos favorables para su proyección comercial».

Insiste el demandante que se utiliza su imagen sin su consentimiento, ante el «indudable valor promocional, habida cuenta de su fama y prestigio profesional en el mundo de la enología, que es justamente el activo comercial que la contraparte, ilícitamente, instrumentaliza y explota por medio de su imagen sin ninguna autorización y para su propio beneficio empresarial».

Aclara Fernández que quiere resarcirse «exclusivamente por el daño moral derivado de la lesión de su derecho fundamental a la imagen». La misma sociedad, apostilla, «que de cara al público le sigue reconociendo como alma mater de la compañía, pero de cuya administración le apartó en contra de su voluntad». No puede ser que, ahora que está expulsado de la empresa, «esta se considere dueña 'sine die' de la imagen de nuestro representado para utilizarla comercialmente a su antojo». Sobre todo, cuando el 15 de octubre de 2018 le instó, por requerimiento notarial, a que dejara de usar su imagen.

El segundo frente judicial del Grupo Pesquera no está en Valladolid, sino en Madrid. El pasado martes, el Juzgado de Instrucción 49 de Madrid admitió la querella presentada por el viticultor contra la sociedad Alejandro Fernández Tinto Pesquera SL a dos agentes asesores de propiedad industrial, a quienes atribuye la supuesta autoría de un delito contra la propiedad industrial, realizando maniobras para hacerse con las marcas de los vinos, manipulando el diseño de las etiquetas.

El querellante sostiene que los dos agentes asesores en materia de propiedad industrial con los que ha trabajado desde prácticamente sus inicios en el mercado del vino se habrían 'compinchado' con los actuales gestores del Grupo Pesquera a sus espaldas para irle arrebatando la titularidad de las marcas y, una vez que se habrían hecho con ellas, apartarle del negocio.

Estos agentes, de la Sociedad Limitada González Vacas, llevaron a cabo el asesoramiento, asistencia y representación del bodeguero vallisoletano en la obtención de las marcas de sus distintas elaboraciones ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. De esta forma, Fernández obtuvo la titularidad de marcas «de reconocido prestigio» como Tinto Pesquera, Condado de Haza, Dehesa la Granja, Bodegas Condado de Haza, Un vino de Alejandro Fernández, Tinto Pesquera Milenium y Tinto Pesquera Janus.

El año pasado, Fernández, al haber sido cesado del consejo de administración y ante el temor de la merma en la calidad del vino, decidió revocar la cesión que había realizado en su día como titular de las marcas a las bodegas y, en concreto, a la sociedad querellada. Entonces tuvo conocimiento de que González Vacas inscribió en el registro distintas marcas «con igual denominación y signos, con un alto grado de semejanza y, por tanto, que se podían confundir, en claro perjuicio del señor Fernández, y con el fin de comercializar las distintas elaboraciones de las bodegas a partir de ahora». El querellante comprobó que había nuevas solicitudes de marcas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, idénticas a las que él tenía registradas «pero a favor de la sociedad querellada, y que se habían realizado sin su conocimiento ni autorización». El bodeguero habría sido 'traicionado' por sus agentes, que ahora trabajan para la nueva dirección del Grupo Pesquera.

Este periódico se ha puesto en contacto con la parte demandada, que ha declinado valorar estos hechos.