La Guardia Civil detiene a un policía local en una operación contra el tráfico de armas

La operación, que permanece abierta y en la que hay más detenidos, está dirigida contra distintos clanes de delincuentes locales afincados en barrios como el de España y Las Flores, cuyos integrantes podrían tener vínculos de amistad con el agente investigado por su posible implicación como intermediario en la venta ilegal de armas de fuego.

Los agentes de la Benemérita llevaron a cabo el grueso de la operación el pasado lunes con la detención, entre otros, del citado policía municipal, un veterano de 51 años, cuyo domicilio en la capital fue registrado posteriormente. El sospechoso permanece en los calabozos de la Comandancia de la avenida de Soria a la espera de pasar a disposición judicial, sin que hayan trascendido más detalles sobre el operativo al haber decretado el secreto de sumario el juez que dirige la investigación.

La detención del agente tuvo lugar en un momento en el que se había incorporado de nuevo al cuerpo local a la espera de la resolución del expediente administrativo abierto a raíz de que sus propios compañeros le denunciaran el 31 de julio del año pasado como el autor de la sustracción de un bolso de un coche estacionado en la calle Martín Santos Romero, en Parquesol, el distrito en el que estaba destinado hasta entonces como policía de barrio. Una testigo le identificó entonces como el autor del hurto y aquello supuso su suspensión temporal de trabajo.

El agente sería condenado finalmente por estos hechos, catalogados por el juez como un delito leve de hurto, al pago de una multa de 2.700 euros. Eso ocurrió en noviembre, cuando aún estaba apartado del servicio. Semanas después, una vez saldada su deuda con la Justicia, y a la espera de la resolución del expediente interno, en este caso por una infracción grave, regresó a su puesto laboral, aunque lejos de la calle.

El policía ejercía ahora labores de vigilancia estática y de control de las cámaras de seguridad en los accesos de la Jefatura de la Policía Municipal, situada en el avenida de Burgos, en La Victoria. Allí esperaba la decisión del tribunal interno que instruía su expediente por la citada infracción grave, que puede acarrear su suspensión del servicio por un periodo de entre tres meses y tres años. Su posible implicación en un delito mucho más grave, como es el de tráfico de armas, puede conducir a su expulsión definitiva del cuerpo si llegan a concretarse los cargos.

La mera posesión ilegal de armas conlleva penas que oscilan entre uno y tres años de prisión, en el caso de pistolas, cuando hayan sido modificadas o carezcan del pertinente número de fábrica. Su venta eleva la posible condena a los cuatro años, según recogen los artículos 564 y 566 del Código Penal. Y aún puede ser peor sí el delito se vincula a un grupo criminal. Mucho más, si se demuestra, que el hurto de un bolso.