Las guarderías piden a la Junta que aclare su futuro y ayudas para evitar su «desaparición»

La nueva agrupación, que nació en León hace apenas diez días y que ya cuenta con asociados de las nueve provincias (treinta de ellas en Valladolid), recurrió como primer paso al Procurador del Común, a través de un escrito presentado el día 18, en el que alertan de su «situación de desamparo» y piden su mediación con la Administración para que concrete las condiciones de su vuelta a la actividad «con las máximas garantías posibles para trabajadores y alumnos (de 0 a 3 años)» y establezca una «línea de ayudas» que garantice su supervivencia ante una situación económica que consideran insostenible y fruto de la cual auguran «el cierre del grueso de los centros».

«Representamos a un sector estratégico para la educación y la conciliación familiar en el que trabajan más de un millar de personas, solo entre los asociados», explican fuentes de la delegación vallisoletana de la recién creada agrupación antes de incidir en que «muchas de las escuelas están en una situación crítica después de más de dos meses sin ingresos, con las matriculaciones paralizadas y con una incertidumbre absoluta sobre el futuro más allá de saber que quizás algunos centros (los que se consideren no educativos) puedan abrir en la fase dos y que todos, en cualquier caso, tendremos unas ratios de alumnos y profesores tan bajas que pueden hacer inviable nuestro futuro». El sector incide en que «nunca» ha sido informado «de una fecha de inicio clara de la actividad y, sobre todo, de las condiciones para poder hacerlo con garantías (incluida la realización de test».

Aecip, que también ha remitido escritos solicitando información a las consejerías de Sanidad, Educación, Familia y Economía, considera «inviable poder respetar las medidas de seguridad y distanciamiento en un trabajo que se sustenta precisamente sobre el contacto físico y la cercanía» y considera que de acuerdo a los criterios establecidos para los centros escolares «se hace imprescindible que los niños menores de seis años no vuelvan a las aulas hasta el nuevo curso escolar (en septiembre) conforme a las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría».

Pero para poder reabrir sus puertas, añaden, consideran a su vez «imprescindible habilitar una línea de ayudas para poder afrontar en muchos casos alquileres y facturas durante el cierre y también posteriormente si se mantienen unos ratios muy bajos de alumnado». De no ser así, reiteran, «el sector se vería abocado a la desaparición con el consiguiente coste laboral y para la conciliación familiar».