El Gobierno deja en manos de la justicia el posible retorno de los papeles del Archivo

La respuesta del Ministerio de Cultura no invita al optimismo. Explican que la intervención para solucionar el ‘caso Sijena’ responde a «un requerimiento judicial» y que se han limitado a «acatar las sentencias como corresponde». E insisten en que «no es una decisión política», puesto que el Ministerio tan sólo ha cumplido con la orden de un tribunal.

¿Podría suceder lo mismo con los papeles de Salamanca, en caso de que un juez intervenga? En el Ministerio de Cultura responden que «no podemos hacer valoraciones sobre futuribles», en alusión a la hipotética orden de un magistrado, y añaden que «no se pueden hacer paralelismos» directos entre Salamanca y Sijena porque «la casuística es muy distinta». La aplicación del famoso artículo 155, en todo caso, no una «vía libre» para que el Gobierno central haga y deshaga a su antojo. A nadie se le escapa que estamos en plena campaña electoral en Cataluña y que intervenciones como las de ayer son combustible para los partidos secesionistas y sus opresiones imaginarias.

El presidente de la Asociación Salvar el Archivo, Policarpo Sánchez, desmentía ayer al Gobierno y afirmaba que la solución al caso de los papeles de Salamanca «depende del Ministerio» y no de que un juzgado emita un requerimiento, como ha sucedido en el caso de Sijena.

Sánchez recuerda que el Tribunal Constitucional ya dictó una sentencia, que el propio Ministerio de Cultura remitió cinco cartas a la Generalitat pidiéndole que restituyese los documentos enviados indebidamente y que el Senado pidió al Gobierno que actuase.

Con estos precedentes, Sánchez se pregunta por qué el Gobierno, el mismo que pidió a la Generalitat que devolviera los documentos a Salamanca y que ahora ejerce un control directo sobre dicha institución, «se niega a cumplir lo que pidió a Puigdemont». La respuesta: «Porque no quieren molestar a determinada gente en Cataluña, por eso se olvidan de la petición del Senado en abril».

El presidente de la Asociación Salvar el Archivo añade que «el Gobierno tiene que decidir antes de las elecciones del 21-D si los papeles están en Cataluña o en Salamanca. Si quieren, pueden». El Ejecutivo «tiene potestad para decidir» y lo «lógico» sería que cumpliera, pero Sánchez les acusa de «olvidarse de sus propias exigencias» y de «nadar entre dos aguas», sin atreverse a «dar el paso por miedo a las consecuencias».

Policarpo Sánchez envió una carta el pasado día 5 a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, instándole a que revele la fecha en la que dará la orden para que los papeles regresen a Salamanca. Según Sánchez, será «un momento histórico anhelado por la inmensa mayoría de españoles y para que las familias afectadas por el expolio de sus documentos dejen de sufrir».

Las opiniones de los partidos locales ante la posibilidad de que el Gobierno aplique la ‘doctrina Sijena’ a los papeles del Archivo son bien conocidas.

El Ayuntamiento explica que siempre ha sostenido «la misma postura» y seguirá manteniéndola. Según el Consistorio, deberían regresar a Salamanca los legajos que salieron «indebidamente».

En cuanto al resto de partidos de la ciudad, el diputado socialista por Salamanca David Serrada comentaba ayer que las sentencias «están para cumplirlas». La agrupación de electores Ganemos se remite a la opinión que siempre han mantenido (el Gobierno central es el que debe dar respuesta a este problema y las sentencias deben cumplirse).

Finalmente, Ciudadanos es el partido más beligerante. Su portavoz, Alejandro González, explicaba ayer que en Ciudadanos «hemos estado al lado de la Asociación desde el primer momento» y «atentos a sus reivindicaciones». «Lo único que pedimos», añade, «es que se cumplan y ejecuten las sentencias, que son numerosas, y la Generalitat no lo ha hecho. Estamos al lado de la judicatura». Según González, «entendemos que es un buen momento, con la comunidad autónoma intervenida, para aplicar y ejecutar la sentencia. Lo normal es estar al lado de las resoluciones y al lado de lo que dice la ley».