La Junta gana al Gobierno en el Tribunal Supremo 182 millones del IVA adeudados de 2017

El Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco reclamó ese dinero en el Alto Tribunal en septiembre del año pasado y los magistrados, que enjuiciaron el recurso el pasado 13 de abril, entienden que la Administración estatal ha obtenido un «enriquecimiento indebido» a costa del «quebranto financiero» que sufre la comunidad, por la negativa del Gobierno de la nación a solventar el «desajuste» en el abono de la parte de la recaudación que corresponde a la comunidad por el IVA de 2017.

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, ha confirmado que reclamarán el pago inmediato de un dinero que su Gobierno destinará a «la reactivación económica». El dirigente hizo un contundente análisis de la sentencia: «Castilla y León gana, Sánchez pierde». Luego, en el pleno de las Cortes, ha extendido la crítica a Luis Tudanca y al PSOE de Castilla y León. El dirigente socialista, que ha calificado del «magnífica noticia» la sentencia del Supremo, ha recordado que él había firmado en junio la reclamación de esa partida en el Pacto para la Recuperación de Castilla y León y los socialistas habían votado a favor en las Cortes. «Se le olvida a usted que los culpables de esa deuda son Cristóbal Montoro y Mariano Rajoy», replicó Tudanca.

En su recurso ante el Alto Tribunal, la Junta solicitaba al Gobierno de España que se pagaran a la comunidad las cantidades debidas como consecuencia de la pérdida de ingresos en la mencionada liquidación correspondiente al IVA, que ascienden a 120,49 millones de euros. Asimismo, se reclamaba el abono de las cantidades correspondientes al nuevo cálculo de la variación de los Ingresos Tributarios del Estado y su repercusión en los fondos del sistema de Financiación Autonómica, que ascendía a otros 61,51 millones de euros. Esta cantidad corresponde a 30,98 millones de euros del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, 21,21 millones de euros del Fondo de Suficiencia Global y 9,32 millones de euros del Fondo de Cooperación.

«El asunto era claro y lo habíamos intentado todo desde el diálogo, sin éxito. La sentencia hace justicia, porque no es dinero de la Junta de Castilla y León, es dinero de los castellano y leoneses», argumentó este martes el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que atendió durante la mañana numerosas llamadas de responsables de otras autonomías. Unas de felicitación y otras interesándose por el procedimiento de reclamación que han seguido los Servicios Jurídicos de la Junta.

El 'desajuste' contable que ha propiciado el varapalo judicial al Gobierno de Pedro Sánchez es herencia del último de Mariano Rajoy. El ministro Cristóbal Montoro impulsó un cambio en el sistema de «llevanza de libros» del IVA, que se aplicó en 2017, año en que el Ministerio de Hacienda abona a las comunidades once mensualidades en lugar de doce. El proyecto de presupuesto estatal para 2019 consignaba una partida para compensar esa situación, pero esas cuentas no lograron apoyo en el Congreso de los Diputados y se devolvieron. El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos estimó entonces que el plazo de liquidación se había agotado y que administrativamente ese dinero, que los contribuyentes habían ingresado en las cuentas de la Agencia Tributaria en 2017, se había 'esfumado'.

A partir de ahí, Castilla y León emprendió la vía de la reivindicación política, antes de llegar a la reclamación judicial. La sentencia del Supremo hace suyo el argumento de esgrimido por la Junta de que carece de sentido que el Gobierno calcule y abone las entregas a cuenta a las autonomías en doce mensualidades y que se dé por bueno que la recaudación de 2017 sea de once.

Como señala el director de los servicios jurídicos de la Consejería de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, esta sentencia de 19 de abril de 2021 reconoce expresamente a Castilla y León unos 182 millones de euros, cuantía a concretar en ejecución de la sentencia, pero recoge expresamente en su fundamento de derecho segundo que el informe mensual de recaudación de la AEAT –Agencia Estatal de Administración Tributaria- correspondiente al mes de diciembre de 2017 señala que los efectos del nuevo sistema supusieron un traslado de ingresos de 2017 a 2018 por valor de 4.150 millones, lo que puede suponer para el Estado, dentro de su marco presupuestario actual, un serio problema si se generalizan las reclamaciones y sentencias en su contra a instancias del resto de comunidades autónomas de régimen común igualmente afectadas.

Con la formalización del recurso, los servicios jurídicos de la comunidad acompañaron el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta el 20 de febrero de 2020, en el que se acordó solicitar formalmente dicha cantidad al Estado, y se autorizó al Consejero de Economía y Hacienda Carlos Fernández Carriedo a presentarla al Consejo de Ministros, sin obtener respuesta alguna. Por ello, de nuevo en julio, el titular de Economía presentó el requerimiento dirigido al Consejo de Ministros por las repercusiones en la liquidación del sistema de financiación, y con carácter previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo, que tampoco tuvo contestación expresa del referido órgano de gobierno estatal.

Previamente, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el 26 de agosto de 2019 remitió una carta al presidente del Gobierno mostrando su preocupación por no haberse hecho efectivos en la liquidación definitiva de 2017 los recursos compensatorios tras el cambio de normativa, indicando que esta situación estaba causando dificultades en la sostenibilidad de los servicios públicos de la Comunidad y en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

De igual forma, el 29 de agosto de 2019 el consejero de Economía y Hacienda se dirigió a la ministra de Hacienda manifestando su preocupación por no haber recibido la actualización de las entregas a cuenta de 2019 y por no haberse hecho efectivos los recursos compensatorios por la implantación del Suministro de Información Inmediata del IVA, solicitando además la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El propio proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 incorporó un artículo que posibilitaba que en dicho ejercicio se imputasen en términos de caja los ingresos correspondientes a trece mensualidades, para compensar la mensualidad dejada de percibir, proyecto que al final no resultó aprobado por el Parlamento.

Las Cortes de Castilla y León no han sido ajenas a esta reivindicación, y aprobaron el 5 de febrero de 2020 una proposición no de ley solicitando al Gobierno de España el abono de estas cantidades. Y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el 7 de febrero de 2020 Castilla y León reiteró de nuevo la petición.

El recurso remarcaba que, al final, los ciudadanos habían ingresado el IVA correspondiente durante ese mes, y sin embargo el Estado se había quedado con toda la recaudación sin repartir la parte correspondiente a las comunidades autónomas, lo que lógicamente conllevaba un enriquecimiento injusto del Estado. Así lo reconoce la sentencia al señalar «produciendo un desequilibrio que es necesario corregir, al haberse producido un quebranto financiero para la Comunidad Autónoma demandante y, correlativamente, un enriquecimiento indebido para la Administración del Estado».

Los magistrados valoran el empeño del Gobierno regional en resolver el conflicto de forma dialogada, por las buenas, y constatan que el Ejecutivo de coalición del PP y Cs recurre a los tribunales «tras resultar fallidos los intentos de arreglo extraprocesal». La sentencia recuerda el envío de varias carta, una proposición en las Cortes (con respaldo unánime, incluido PSOE y Podemos), y la reclamación administrativa de esa cuantía. El ministerio que dirige María Jesús Montero respondió a esas solicitudes con una negativa a pagar el IVA correspondiente a diciembre de 2017.

Ese conflicto lo ha dirimido el Supremo en favor de la Junta de Castilla y León. Carlos Fernández Carriedo confió en que el ingreso de esos 182 millones y de los intereses generados desde diciembre de 2019 (fecha en que debía haberse liquidado definitivamente) no se demore, aunque ahora puede abrirse otro contencioso para fijar la cuantía que debe ingresar el ministerio, puesto que la sentencia del Supremo refleja que no queda «debidamente acreditado que sea ese importe el que deba ser abonado».

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, remarcó que reclamarán el pago inmediato de un dinero que su Gobierno destinará a «la reactivación económica».

Javier Izquierdo, delegado del Gobierno en Castilla y León, aseguró que es «interesante» el fallo en la medida en que permitirá la llegada de recursos a la comunidad y que es la ministra María Jesús Montero quien debe valorar si ejecuta de inmediato la sentencia del Supremo.