El Gobierno aprueba las ayudas a trenes y autobúses y acaba con la rebaja del IVA en los alimentos

El último consejo de ministros del año ha servido para aprobar un importante paquete económico con medidas ya conocidas que se prorrogan y otras que decaen. Además de la subida de las pensiones, se mantiene la ayuda al transporte que ha convertido en gratis o casi los abonos de bus estatal y trenes. Pero a partir del 1 de enero se acaba la rebaja temporal del IVA en determinados alimentos

El Gobierno ha aprobado esta mañana un paquete de medidas de carácter económico y social que incluye una prórroga de seis meses en las subvenciones al transporte público, la subida de las pensiones o la ampliación del escudo antiopas, entre otras medidas, pero también decaen muchas otras.

Es el caso de la subvención del IVA de los alimentos, que desde hacía seis meses se había ido recuperando, pero que hasta el 31 de diciembre estaba en vigor. O la subida del impuesto al diésel, con la que se pretenden recaudar hasta 1.500 millones de euros al año como obligación impuesta por Bruselas para desbloquear el quinto pago de los fondos europeos.

Aunque el ministro de Transportes pretendía derogar la gratuidad del transporte público sin distinción de colectivos, la negociación política con Podemos ha obligado al Gobierno a prorrogar seis meses más, hasta el 30 de junio de 2025, las subvenciones al transporte en vigor desde 2022.

Según el Gobierno, el uso del transporte público ha aumentado un 13% desde la llegada de las ayudas y el presidente aseguró que se prorrogan las ayudas con el mismo esquema que hasta ahora, pero que a partir del 1 de julio llegará un «nuevo modelo» con ayudas «muy importantes» para los viajeros.

Prorrogar la medida seis meses supondrá un nuevo desembolso de unos 750 millones de euros para las arcas del Estado, lo que afectará directamente al déficit público.

La medida que decaerá es la rebaja del IVA a los alimentos básicos, aceite de oliva y pasta y aceites de semilla. A lo largo de este año, el tipo de este impuesto ha ido recuperando su nivel y se espera que el 1 de enero ya registre sus porcentajes habituales. Desde octubre y hasta el 31 de diciembre, el tipo de los alimentos básicos -pan, huevos, verduras o frutas- y del aceite de oliva se sitúa en el 2%, mientras que el IVA para la pasta y los aceites de semilla alcanza el 7,5%.

Con el nuevo año, y ante la moderación significativa de precios tras la crisis inflacionaria, el IVA de los alimentos básicos volverá al 4% -el tipo superreducido-, mientras que el de la pasta y los aceites de semilla volverá a situarse en el 10% -el reducido que se aplica a la alimentación-. Eso sí, cuando los tipos vuelvan a la normalidad, el IVA del aceite de oliva será del 4% -el superreducido- en lugar del 10% que venía soportando en el pasado.

El Gobierno ha aprobado también el real decreto ley por el que se prorroga la aplicación del gravamen temporal energético, pese a que después entrará en vigor la derogación del tributo que aprobó el Congreso con apoyo del PP, PNV y Junts. Como todo decreto ley, la prórroga del gravamen de las energéticas tendrá que someterse en el Congreso en el plazo de 30 días para su convalidación y derogación, y ahí es donde el Gobierno no tiene garantizados sus apoyos dada la negativa de PNV y Junts.

Por eso, Hacienda piensa ofrecer que el decreto se tramite después como proyecto de ley para ahí transformar el gravamen en un impuesto permanente y así convencer a Podemos, que rechaza la temporalidad, y al PNV, que pide que su gestión corresponda a las haciendas forales vascas y navarra.

Otra de las medidas más esperadas es la extensión del denominado 'escudo antiopas' hasta el 31 de diciembre de 2026. Una medida que entró en vigor en 2023 para proteger la 'españolidad' de las grandes compañías españolas de sectores estratégicos frente a posibles intereses extranjeros.

En concreto, la medida consiste en que este tipo de operaciones tendrán que recibir el visto bueno del Consejo de Ministros cuando se produzcan sobre empresas cotizadas con domicilio social en el país y sobre no cotizadas cuando el valor de la inversión supere los 500 millones de euros. Asimismo, se consideran inversiones extranjeras directas aquellas en las que el inversor pasa a ostentar una participación igual o superior al 10% del capital de la sociedad en cuestión.

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