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La Alianza UPA-COAG de Ávila denunció el «drama» que está viviendo un ganadero de la provincia debido a los sucesivos ataques de lobos que está sufriendo su explotación en el término municipal de Sotalbo. La opa denuncia la «desesperación de este ganadero ... que calcula que ha perdido entre el 35-40 por ciento de los animales de su explotación».
La organzación recisa que son más de 30 animales vacunos los que han sido víctimas de los lobos en los últimos meses, y sobe los que en muchos casos «no ha quedado rastro alguno, debido a la voracidad de los cánidos en primer lugar y posteriormente a la acción de los buitres».
Esta circunstancia, destacaron desde UPA-COAG, es «doblemente gravosa» para el ganadero afectado, que se ve impotente no solo por haber perdido animales de altísima calidad genética, incluso sementales por valor de 3.000 euros, sino por negársele indemnización alguna debido a que los agentes medioambientales no certifican muchos de los ataques de lobos al no quedar prueba física material del incidente, señala un comunicado.
La situación «límite» en la que se encuentra es «absoluta» dado que a día de hoy le «resulta prácticamente inviable mantener su explotación, con cargas económicas importantes como el arrendamiento de una finca que debe asumir sin el valor de unos terneros que están siendo devorados por los lobos y posteriormente por los buitres».
La opa recuerda que la provincia de Ávila ocupa el primer puesto del ranking de lobadas y animales muertos, no solo a nivel regional sino a nivel nacional, siendo víctimas la mayor parte de ganaderos de extensivo de la provincia como consecuencia de la expansión «incontrolada» de lobos.
Así, la Alianza UPA-COAG de Ávila hace un llamamiento «desesperado» a la Junta de Castilla y León para que se haga cargo de la situación que sufren los ganaderos abulenses. «El destrozo que padecen las ganaderías de vacuno y ovino no puede convertirse en algo habitual, sin que se tomen medidas urgentes desde la administración competente», constata.
La organización expone que los «dramas y desastres» personales que sufren muchos profesionales titulares de explotaciones familiares ganaderas de la provincia «no deberían caer en saco roto, y tendrían que ser motivo suficiente para que el Gobierno regional actuara de inmediato con un serio trabajo de controles poblaciones y de indemnizaciones directas en todos los casos y ajustadas al valor real de las pérdidas».
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