El frente de izquierdas reta a Igea a exigir la reversión del Hospital de Burgos en el pacto con el PP

De esa puesta en escena conjunta se ha descolgado uno de los firmantes de la denuncia, Manuel Mitadiel, de Ciudadanos, que fue el primero, el pasado mes de abril, en presentar un escrito de denuncia sobre uno de los modificados para tratar de sortear la prescripción del supuesto delito de malversación de fondos. Luis Briones (PSOE) y Laura Domínguez (Podemos) han afeado la ausencia de Mitadiel en la rueda de prensa y han reclamado al candidato de Ciudadanos a la Junta, Francisco Igea, que «tome cartas» en el asunto y presione al Partido Popular para conseguir la recuperación de la gestión pública del hospital burgalés, que pasó de un presupuesto de 1.010 millones de euros a un coste de 1.667 millones de euros.

«Mañana se constituyen las Cortes por un acuerdo del PP y Ciudadanos. Queremos aber si Ciudadanos va a denunciar el contrato del HUBU por los incumplimientos de la concesionaria, si va a exigir responsabilidades por las presuntas irregularidades que tiene sobre la mesa Anticorrupción y si va a respaldar que se continúe pagando el canon anual en los términos previstos», ha manifestado Briones. El político socialista ha recordado que fue la formación naranja la promotora de la comisión de investigación y que Mitadiel ha firmado las conclusiones y ha presentado dos denuncias por supuesta corrupción y malversación, «y no a título personal, sino en representación de Ciudadanos, por eso pedimos a Igea que dé la cara y nos diga qué es lo que pacta con el PP, si es el mero reparto de sillones«. Los socialistas creen que »Ciudadanos se la ha vuelto a envainar y uno de los precios es el HUBU«.

Para Laura Domínguez, de Podemos, «la gran pregunta» es, a su juicio, «si Ciudadanos va a apretar a Mañueco para que el hospital sea recuperado para la gestión pública y no una moneda de cambio».

Fuentes de Ciudadanos han indicado al respecto que Francisco Igea está enfrascado hoy en rematar la negociación del plan de 'regeneración' con el Partido Popular para conformar la Junta y que el candidato no va a pronunciarse sobre el HUBU hasta «después». Indican además que «hay que respetar la decisión de Mitadiel de no querer estar con el resto de firmantes de la denuncia en la rueda de prensa».

«No se entiende que el HUBU siga en manos privadas cuando ha sido rescatado por la Junta o, más bien, a la empresa concesionaria», ha señalado Próspero García Gallardo, en nombre de la Asociación Libre por la Arquitectura, quien ha destacado el trabajo realizado por médicos, economistas, abogados y arquitectos para poder plantear una denuncia sólida respecto del controvertido contrato de gestión público-privado, «vulnerado desde el primer momento, porque la empresa ni construye ni paga en las fechas acordadas».

Juan Antonio Aiyón, de la Plataforma Sanidad Pública Sí ha inscrito esta denuncia en seis años de trabajo colectivo en Burgos, con informes que probarían que «unos 30 millones de euros se nos van todos los años por encima de lo previsto en el HUBU. Se puede y se debe recuperar el hospital, ahorrando dinero, y solo se necesita una solución política».

Con los casi 130 millones de euros de sobrecoste, ha indicado Pablo Yagüe, se habría podido pagar los sueldos de 637 licenciados especialsitas, 1.401 enfermeras, logopedas, trabajadores sociales y fisioterapeutas; de 555 técnicos; 572 técnicos de cuidados auxiliares en enfermería; 259 administrativos y oficios; y los sueldos de 286 celadores.

El contrato del HUBU ha terminado en la Fiscalía Anticorrupción, después de la fallida comisión de investigación de la Cortes en la pasada legislatura. El 1 de abril, el portavoz de Ciudadanos en dicha comisión, Manuel Mitadiel, ante la falta de acuerdo de los grupos de la oposición, acudió en solitario a la Fiscalía de Valladolid. Pero la de ahora en Anticorrupción no es la misma denuncia en la que el procurador de Ciudadanos alertaba de una posible malversación de 50 millones de euros en uno de los modificados de la obra del hospital. Esta todavía está en estudio en la Fiscalía vallisoletana, que no ha decidido aún si la archiva o la remite al juzgado para que se abran diligencias.

Según se expone en la denuncia, de 33 folios y que va acompañada de abultada documentación, la concesionaria «resultó enorme e injustificadamente beneficiada, en perjuicio siempre del erario público, a través de una serie de actos y resoluciones que son difícilmente sostenibles, contrarios a toda lógica».

La Consejería de Sanidad inició el expediente en julio de 2005 y el pliego se publicó en el Bocyl el 8 de agosto de 2005. El 28 de abril de 2006 se firmó el contrato de adjudicación y el 28 de mayo siguiente se firmó el acta de replanteo de la obra. La inversión neta suscrita por la concesionaria era de 209,3 millones de euros (243,8 millones de con IVA) y el presupuesto de gasto se cuantificó en un importe de 1.010 millones de euros con un canon anual estimado de 38 millones. Los plazos de ejecución que se establecieron eran de 42 meses para la construcción y equipamiento, de forma que la fecha de entrega tenía que ser el 28 de noviembre de 2009. La duración del contrato se fijó en 30 años, con lo que expiraría el 28 de mayo de 2036.

«Nada de ello se cumplió, ni tan siquiera el emplazamiento del complejo hospitalario, que se construyó en un sitio diferente del licitado», resumen. La inversión neta inicial pasó de 209,3 millones de euros a 314 millones, aunque la inversión total, incluidos los costes asociados, pasó de 257,4 millones a 399,3 millones, lo que significa un incremento efectivo de 149,9 millones, un 55,12% más.

El hospital no entró en servicio hasta el 14 de diciembre de 2011, 24 meses más tarde «y la Administración exoneró de responsabilidad a la concesionaria por los retrasos injustificados en la ejecución, la compensó económicamente y con el agravante de que lo hizo utilizando mecanismos diferentes a los previstos en los pliegos de licitación, que son más favorables para la empresa y más gravosos para la Administración». Menos de tres meses desde la firma del acta de replanteo, la concesionaria solicitaba el primer modificado que «supone un sustancial cambio en el proyecto». En 2009 se autorizó un segundo modificado y se amplió el plazo de obra. Según la denuncia, estos retrasos han supuesto que, de un coste inicial del contrato de 1.100 millones de euros se haya pasado a un coste de 1.650 millones «sin que aparezca por ningún lado bien material, mejora estructural o acto suficientemente documentado que justifiquen el incremento». De ello se responsabiliza a la Junta, «por sus resoluciones, que no se ajustan a derecho, disponiendo injustificadamente de dinero procedente del erario público y dando cobertura legal a los incumplimientos de la concesionaria».