La flexibilización de los criterios para pasar a la fase 1 choca con el temor al rebrote

Si esos criterios que maneja Nueva York se aplicaran a las provincias de Castilla y León, ninguna estaría en disposición de desescalarse. Piden una evolución descendente de los casos hospitalizados y casos de UCI, con una media cada tres días, durante dos semanas, por ejemplo. Solo Salamanca y León cumplirían esas dos condiciones, pero no otra, la referida a la evolución de los fallecidos, por ejemplo.

La Junta no había enviado aún ayer al Ministerio de Sanidad su informe de situación, en el que debe incluir las zonas que, a su juicio, están preparadas para dar ese salto de fase. A las 14 que se habían quedado en el tintero en la criba de la semana pasada pueden sumarse otras que cumplan con un criterio menos restrictivo que el de los cero casos, como 2 positivos por cada 10.000 habitantes. Eso, sin embargo, sigue siendo más sencillo de aplicar en zonas rurales -supondría que en las 26 zonas básicas en fase 1 se habrían permitido 10 casos totales, por ejemplo-, que en las capitales.

Esa ratio permitiría a Valladolid avanzar con 60 casos o a Salamanca con 28. Focos que se antojan demasiado difíciles de controlar aún, en unas circunstancias como las que describen los números que proporciona el propio Gobierno autonómico. Ayer se contabilizaron 175 casos nuevos confirmados por PCR (prueba de detección molecular) en Castilla y León, pero se siguen registrando muchos más casos sospechosos en Atención Primaria.

El Ministerio de Sanidad, ayer por la tarde, aún no había cerrado su agenda de encuentros bilaterales con las comunidades autónomas, con las que se entrevistará miércoles y jueves. En esas 48 horas tendrá que quedar definido qué zonas se encuentran preparadas para integrarse en la fase 1 a partir del 18 de mayo.

Porque no solo hay zonas con cero casos. Hay otras muchas con un caso en los últimos siete días, especialmente en el norte de Zamora: Mombuey, Camarzana de Tera, Villarrín. O en Frómista y Villarramiel (Palencia) y Salas de los Infantes (Burgos) y Mota del Marqués (Valladolid). O incluso con dos, como en Villafranca del Bierzo y San Emiliano (León), Villada (Palencia) y Roa de Duero (Burgos).

Y habrá que ver en qué condiciones se accede a esa fase 1, claro. Porque además de las zonas se están negociando los matices. El País Vasco, que consiguió un tratamiento especial para su territorio, acabó por imponer lo que la oposición al PNV bautizó como «fase 0,5», porque ha sido más restrictiva de lo que fijaba la norma. El diario El Correo apuntaba ayer la clave de este avance timorato tras lo que parecía una conquista al Gobierno: «El Gobierno vasco no quiere que a una victoria política le suceda un repunte en la epidemia».

En los últimos días se ha vuelto a recordar un hilo tuitero de un neumólogo del sur de Madrid que advertía, el 8 de marzo, de la que se venía encima. «La tasa de contagio R0 (número de pacientes infectados por cada enfermo) es de entre 1,5 y 2,5. Traducido: el número de enfermos se duplica cada 5 días», advertía. Los datos de 'Worldometers', que recoge los casos de todo el mundo, le dan la razón a posteriori. Incluso se quedaba corto. El 8 de marzo, España tenía 625 casos. Cinco días más tarde eran 4.906. Y cinco días después, 13.050.

Por eso los matices. Y por eso el temor a avanzar frente al impulso de recuperar la normalidad económica. El doctor Raúl Ortiz de Lejarazu, microbiólogo, se preguntaba en Twitter, «tras la experiencia de un día en Fase 1 en muchas partes de España», si «realmente es posible mantener la distancia física de seguridad en una reunión de 10 personas», y con qué criterio se ha establecido ese número y no otro.

Porque el estrés que ha sufrido el sistema sanitario, llevado al límite, se ha producido con un índice de contagio que, según anticipan algunos estudios y tendrá que corroborar el del Instituto Nacional de Estadística, puede estar por debajo del 20% de la población. La inmunidad de grupo no se alcanza con menos del 70-80%, en función de la contagiosidad de cada enfermedad.

«No es una cuestión política, es sanitaria», advertía Francisco Igea, vicepresidente de la Junta, antes de que Andrew Cuomo imprimiera sus guías neoyorquinas. Y podría parafrasearle: «Sigamos los hechos. Sigamos los datos».