La Fiscalía investiga el proceso que acabó con la incineración de los restos de un bebé en el Clínico

Mientras que los responsables del hospital han asegurado que la madre «no expresó ningún deseo» de quedarse con el cuerpo y, por lo tanto, se siguió el protocolo «habitual» con los «restos abortivos» tras mantenerlos en el depósito durante cinco días, los progenitores defienden que «desde el primer momento» los hijos de la paciente comunicaron que querían llevárselos para celebrar un funeral con cremación. La familia afectada, que destaca que Ana Luisa Veizaga estuvo ingresada en la UCI al empeorar su estado de salud después de salir del paritorio, lo que le impedía tomar decisiones ni firmar documentos, aporta la licencia de enterramiento que solicitó en el Registro Civil el 15 de enero, así como la documentación firmada con la empresa Nevasa para contratar los servicios funerarios, además de subrayar que el departamento de asistencia social del Clínico estaba al tanto de su decisión.

En su defensa, Sacyl ha destacado, además, que la «desavenencias» entre la pareja –llevaban seis meses separados– han influido en este proceso, ya que, según argumentan, ambas partes no se ponían de acuerdo y la madre se oponía a facilitarle información al varón. Los afectados aseguran, por su parte, que se llegó a un acuerdo para que el padre se hiciera cargo de los gastos del sepelio.

El servicio jurídico de la Asociación del Defensor del Paciente, entidad que se ha hecho cargo de este caso, considera que, dentro de las diligencias que ha abierto la Fiscalía, «lo normal» es que en los próximos días la pareja declare ante el Ministerio Público para ofrecer su versión y aportar la documentación que acreditaría que su intención era recoger los restos de una niña, cuyo proceso de gestación fue completamente normal (la mujer salía de cuentas el 18 de enero).

Las mismas fuentes sostienen que el hospital «ha actuado rematadamente mal» y no consta «ninguna autorización» firmada por los progenitores en la que se diera permiso para que el Clínico diera la orden de incinerar el cuerpo de Ainara, nombre que iban a poner a la pequeña. Si la Fiscalía aprecia algún tipo de delito, emitirá un decreto para trasladar las diligencias a un juzgado de instrucción. Si no fuera así, quedaría archivado. No obstante, el letrado destacó que este hecho no cerraría la vía judicial a la familia, que también podría acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.