La fiscal superior archiva la denuncia sobre la instrucción de la Junta para no derivar a ancianos de las residencias a los hospitales

Tras analizar la documentación, la fiscal superior Lourdes Rodríguez Rey concluye que en los hechos denunciados «no se aprecia la concurrencia de los requisitos que tipifican el delito de denegación de asistencia sanitaria o abandono de servicios sanitarios« ni tampoco, sostiene, »conducta omisiva, pues no se ha dejado de asistir sanitariamente a los residentes de los centros de mayores».

Hasta este jueves, una denuncia sobre la gestión en una residencia de Burgos era la última de las archivadas por las fiscalías de Castilla y León, según ha informado la Fiscalía General del Estado respecto de las diligencias que se siguen para investigar lo ocurrido en los centros geriátricos durante el estado de alarma por la covid. En estos momentos, en la comunidad están 'vivas' 20 investigaciones, mientras que otras tantas se han archivado, bien por ser genéricas o porque el ministerio público no ha visto causa penal en algunos de los hechos denunciados por asociaciones, partidos políticos, sindicatos o particulares. También en los juzgados de la comunidad hay en trámite cinco diligencias, después de que hayan sido archivadas otras tantas.

La última en ser archivada y que se tuvo noticia de ello ayer mismo fue la presentada ante la Fiscalía Superior de Castilla y León por el Defensor del Paciente a propósito del rebrote detectado en dos residencias de Valladolid hace dos semanas. La fiscal superior, Lourdes Rodríguez Rey ha cerrado ahora la investigación preliminar sobre el documento de la Junta con instrucciones para que no se derivaran a ancianos a los hospitales por entender que no hay indicios de delito, una denuncia que también había promovido el Defensor del Paciente.

Con anterioridad también archivó y derivó a la Fiscalía de Valladolid la primera denuncia que entró durante la pandemia, por la gestión de la crisis sanitaria en la residencia vallisoletana Casa de la Beneficencia, donde se ha registrado un alto contagio y han fallecido más de una treintena de residentes.

Estas diligencias permanecen en trámite en la Fiscalía de Valladolid, al igual que otras seis investigaciones. Tres de ellas corresponden a la denuncia realizada por una asociación ocurridos en tres residencias distintas, Ballesol, Casa de la Beneficencia y DomusVi; otras dos son denuncias de un sindicato sobre Cardenal Marcelo, de la Diputación, otra de un sindicato de enfermería sobre la residencia Parquesol de la Junta y la última, de un particular en relación con Orpea.

La presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha expresado su decepción por el archivo, aunque espera que la Fiscalía General del Estado, a la que también hizo llegar la denuncia, tenga una respuesta diferente. Flores ha indicado que « nosotros hemos cumplido con el deber que nos hemos impuesto y vemos que los muertos no les importan nada ».