La falta de financiación limita la calidad y el derecho a elegir de los dependientes de la región

Una realidad confusa que lleva al sector empresarial a hablar de desorden y así bajo el título de 'El Caos de la Dependencia en España' ha puesto de relieve la rapidez en la valoración y resolución de las solicitudes en la región y «el elevado nivel de gestión de las plazas públicas, concertadas y privadas de la región con la adaptación a los nuevos modelos, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades, lo que marca la disparidad de criterios».

Un análisis que indica el camino de Castilla y León en un futuro que también necesita mejoras. Los mayores y personas con discapacidad dependientes en la comunidad son evaluados y apenas hay el llamado 'limbo' de la dependencia, es decir, reconocidos pero sin atender. Son 1.471 personas, el 1,55%, las que están en esta situación frente al 19,17% del total nacional con 250.037 beneficiarios a la espera de una respuesta asistencial. En España, mueren 80 dependientes cada día sin haber llegado a disfrutar de algún apoyo pese a habérsele sido reconocido.

Sin embargo, este liderazgo adolece de carencias importantes de financiación. Según el citado informe de Acalerte, «en Castilla y León la única subida del concierto público en los últimos diez años se ha producido en 2019 con un aumento del 1,2 correspondiente a la valoración del IPC».

Para esta federación empresarial del sector, «el gran problema de Castilla y León en aplicación de la Ley de Dependencia está en la financiación. Según explica su presidente autonómico, Diego Juez, «creo firmemente que podemos estar en la cabeza de los Servicios Sociales en Europa si conseguimos mejor financiación, entendemos que debemos mejorarla no solo para dependencia sino también para las personas mayores en general. Si se equiparase la financiación a la gestión nos pondríamos por encima del resto de países de Europa. No debemos conformarnos con tener buenos informes cuando realmente deberíamos tener un sistema ejemplar, porque trabajamos por y para las personas». Así, el sector reclama una financiación real del 2% del PIB, cuya falta es la principal limitación «para mejorar la calidad» y el «derecho a elegir» porque el sector residencial que atiende por conciertos y a través de la ayuda vinculada a las personas con dependencia (una cuantía económica para contratar servicios profesionales) defiende el derecho del beneficiario a elegir; pero insiste en que los precios en la comunidad son demasiado ajustados «y, con ellos, se hacen milagros gracias a la capacidad de los profesionales», destaca Juez.

Así explica que hay grandes distancias de precios en España con diferencias que llegan hasta el 40%, el precio medio de una plaza en el territorio nacional se sitúa sobre los 1.777 euros al mes y la media en Castilla y León ronda entre los 1.350 euros y los 1.450 euros. Acalerte defiende además que el 43% de las inversiones en este sector revierten directamente al Estado y que es una forma muy interesante de revitalizar la España vaciada «porque crea empleo, el 80% de las residencias son rurales, y además trabajo muy feminizado. Por cada dos residentes hay casi un profesional». Y defiende oír la voz de los 46.000 mayores que viven en una residencia «más que la población de Soria».

Castilla y León atiende ya al 98,5% de las solicitudes de ayuda a la dependencia, 18 puntos más que la media nacional, destacó ayer el consejero de Empleo, con funciones en Familia e Igualdad de Oportunidades, Carlos Fernández Carriedo, que inauguró la jornada de ayer en el Patio Herreriano de Valladolid.

En la comunidad, el número de personas con prestación concedida por dependencia ha crecido un 60% en los últimos cuatro años y la comunidad casi alcanza por primera vez las 100.000 personas, según los datos de la Consejería.