La falta de cooperación de 43 alcaldes impide resolver 91 quejas al Procurador del Común

Esa falta de colaboración ha obligado a cerrar en falso 91 expedientes, porque alguno de estos consistorios acumulan más de una queja. Según refleja el informe anual sobre el trabajo desarrollado por el equipo de Tomás Quintana el año pasado, que el propio Procurador del Común detallará en un pleno de las Cortes el miércoles, la mayor parte de los ediles que hacen oídos sordos a su obligación de colaborar con el Defensor autonómico están al frente de pequeños ayuntamientos, con pocos medios, pero también hay otros de localidades potentes. Es el caso de la ciudad de Burgos, de Aranda de Duero o de San Andrés del Rabanedo, poblaciones con más de 20.000 habitantes y que no pueden achacar su no cooperación a la falta de medios. Tampoco puede hacerlo la Diputación de Salamanca, también incluida en el listado de entidades que terminan boicoteando la investigación de quejas al no atender las peticiones de información del Procurador del Común.

A manos de Quintana llegaron en 2021 escritos de 38.301 ciudadanos quejándose por la atención recibida en 2.048 asuntos. 18 de estas reclamaciones acumulaban 36.285 firmas. La falta de cooperación impidió dar respuesta a 91 en las localidades antes citadas y en las abulenses de La Adrada y Navalmoral: las burgalesas de Briviesca, Isar, Monasterio de Rodilla, Quintanapalla y Sasamón; las leonesas de Bembibre, Corullón, Encinedo, La Bañeza, Quintana y Congosto, Santovenia de la Valdoncina, Urdiales del Páramo, Valencia de Don Juan, Vegas del Condado, Villablino, Rucayo, Villamarco y la mancomunidad Bierzo Central. También en las palentinas de Guardo, Antigüedad, Meneses de Campos, Osorno y Vega de Bur y las salmantinas de Herguijuela de Ciudad Rodrigo, Las Casas del Conde, Ledesma y Vitigudino o las segovianas de Arcones, Riaza, Martín Muñoz de la Dehesa y Palazuelos de Eresma. Cierran el listado las zamoranas de Fermoselle y Galende y, en Valladolid: Fompedraza, San Llorente, San Miguel del Arroyo, Villardefrades y Cigales. Quintana subraya que el comportamiento de estas administraciones no es la norma. La no cooperación es la excepción. Pero ahí están. Retratados en un informe con una amplia variedad de quejas ciudadanas

Las 31.408 quejas por la falta de oncólogos en El Bierzo (no había sustitutos para 3 especialistas de baja en una plantilla de 4) dan idea del hartazgo de la población de la comarca ante la deficiente atención sanitaria que provoca un problema creciente: la falta de profesionales. El capítulo sanitario del informe del Procurador del Común dibuja un colador de agujeros en las plantillas de facultativos del medio rural. Hay falta de pediatras en la Ribera del Duero, en El Bierzo o Benavente, en El Barco de Ávila y Piedrahíta, como reflejan las quejas investigadas.

También dificultades para lograr citas presenciales. El Procurador comprobó las reticencias para ver pacientes en Pedrajas de San Esteban y alertó del posible incumplimiento de horarios por parte de algunos sanitarios con el bloqueo de agendas con citas ficticias. No faltan en el informe las listas de espera y la disparidad de la demora, según la provincia de residencia del paciente, con casos en los que hay «pérdida de oportunidad de curación», desigualdad que se traslada a tratamientos. De fibromialgia, por ejemplo, con servicios en Salamanca o Valladolid 'vetados' a enfermos de otras provincias.

Hay municipios en los que las familias no ganan para pagar averías de lavadoras o calderas. El salmantino de Las Casas del Conde es uno de ellos. El Procurador tramitó una queja por la turbidez del agua y los sedimentos que arrastraba la que salía del grifo o llega a los aparatos. Ese ayuntamiento no contestó. Sí lo hizo una entidad local de León con el mismo problema, cuyos responsables defendían los controles que pasaba un abastecimiento «en perfectas condiciones de salubridad». Quintana comprobó que el Ministerio de Sanidad reflejaba que el agua no era apta para el consumo en ese momento.

A las quejas de abastecimiento, se suman otras por el alumbrado o la recogida de basuras, como que se amontonen contenedores ante una casa o en la salida del garaje, dificultando la visibilidad y generando olores molesto. Pueden parecer quejas nimias, pero cuando llegan al Procurador es porque alcaldes y concejales no han dado respuesta. También sobre suciedad de espacios públicos o fachadas. Ahí encaja la reclamación sobre las pintadas de la Estación de Autobuses de Palencia.

Los vecinos que sufren el ruido son abonados clásicos al informe del Procurador del Común y los bares de copas origen de quejas. El balance recoge un caso en Tordesillas con un local con licencia y «limitador-controlador en los focos sonoros para disminuir su impacto«. ¿Problema? Que tras las quejas de los vecinos, que llegaron hasta Tomás Quintana, la Policía Local comprobó que estaba manipulado. La investigación de la reclamación culminó con una propuesta de precinto del equipo sonoro que no fue efectiva porque el negocio cesó la actividad.

Si en lugar de un local hay 21, como en la plaza del Huerto del Rey, en Burgos, la molestia se multiplica. Más aún si se incrementa el espacio de terrazas para garantizar distancias por la covid-19. El Ayuntamiento reconoció que existían infracciones de horarios, aforos y ruido y se comprometió a extremar la vigilancia y a cambiar la ordenanza municipal para veladores en el exterior en espacios «saturados» de estrépitos. Unas molestias que ocasionan las peñas que habitualmente se extienden más allá de las fiestas patronales, a la baja en este informe porque estuvieron prohibidas por la pandemia varios meses de 2021.

Al Procurador han llegado quejas sobre trato deficiente en residencias de mayores, irregularidades con precios (en Sahagún) y régimen de visitas, aislamientos o ingresos de los protocolos del coronavirus. El Defensor investigó el caso de una anciana con Parkinson que relataba a sus familiares ocasiones en la que demoraban la limpieza cuando se orinaba o no le servían correctamente la comida, viéndose obligada a levantarse a por agua al baño apoyándose en la pared, con el riesgo de caída que acarreaba. Era una residencia pública de la Junta y la consejería preguntó, confrontándose versiones contradictorias. El Procurador daba credibilidad a la queja, porque la señora discernía entre el trato excelente de la mayoría de trabajadores y el displicente de unos pocos «garbanzos negros». Pidió extremar la vigilancia.

Los retrasos en la valoración del grado de discapacidad, básico para acceder a prestaciones y ayudas, han generado 25 quejas. Los tres meses de plazo para responder se superaban de largo en casi todas las provincia, pero la demora esa más hiriente en Ávila, Burgos, León Palencia y Valladolid.

Avanza la tramitación electrónica, empujada por la limitación de la atención en persona, y con ella las quejas por la brecha de conectividad y la indefensión ante errores en los procesos. Al Procurador llegó una queja de un trabajador afectado por un expediente de regulación al que se le denegó la subvención por estar incompleta la solicitud, defecto que atribuía el solicitante al funcionamiento del Registro municipal, que por error no había digitalizado todas las hojas presentadas. El Procurador comprobó que era cierto, en unas ayudas que se abonaban por orden de presentación. Planteó también que la 'rapidez' del solicitante no era el criterio más justo. Hay aún entidades locales (una queja de Palencia lo refleja) que no disponen de Registro electrónico interconectado.

Sin abandonar el ámbito de la tramitación de solicitudes, el Defensor autonómico abordó el caso de 45 alumnos que se quedaron sin matricularse en el instituto de Arroyo de la Encomienda por la confusión al no marcar una casilla secundaria. La Consejería de Educación se comprometió a revisar y reformar el impreso de solicitud.

La variedad de asuntos que fundamentan quejas es enorme. La espoleta puede ser la falta de viviendas públicas para atender situaciones de desahucio, pero también el 'derecho de admisión' en un circuito de motocrós en Dueñas (Palencia), que limita el acceso a caminos públicos a un listado de 34 usuarios, sobre el que el Procurador apuntó que carecía de acomodo legal. O la instalación de crematorios de cadáveres anejos a tanatorios, caso de uno previsto en Zamora a 150 metros de bloques de viviendas y en las inmediaciones de un centro comercial y un espacio cultural. Quintana pidió a la Junta regular distancias mínimas, como ya han hecho otras comunidades, además de extremar el control sobre las emisiones de humos.

La alondra ricotí, especie vulnerable, impulsó otra queja por la roturación del Páramo de Castañeda, en Palencia, catalogado como zona de interés para aves. El objetivo era plantar girasol, lo que destruyó parte del hábitat de la alondra. La Junta tramitó la infracción y el Procurador conminó a que ese terreno volviera a su estado original.