El TSJ ha fallado tres veces en un año en contra de la caza en Castilla y León

El 21 de marzo de 2018 este tribunal declaraba ilegal la Orden de Caza de 2016 alegando cuestiones tanto de tipo «formal» como «sustantivo». La sentencia venía a decir que para la tramitación de la Orden se escuchó a la Comisión de Caza del Consejo Regional de Medio Ambiente, un órgano inhabilitado ya que su funcionamiento estaba regulado por un decreto de 2015 que fue anulado en abril de 2016 por el TSJ. Esto no es todo. Hay otro decreto de ese mismo año 2015 por el que se regulaba la conservación de la especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre que fue anulado de forma parcial por la misma sala en mayo de 2017.

No había transcurrido un año cuando con fecha de 26 de febrero de 2019 se conocía la segunda de las sentencias. Se trata de un auto en el que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estimaba de nuevo la medida cautelar solicitada por el Pacma y suspendía la aplicación del Reglamento de caza de Castilla y León. Lo que paralizaba este fallo era el decreto aprobado hace diez meses por la Junta con el que se pretendía corregir la citada normativa de 2015 relativa al control de la fauna silvestre. Y una semana más tarde, el pasado miércoles, se difundía el tercer fallo que paralizaba la Orden Anual de Caza de 2018, en este caso, todavía vigente.

Entre unos y otros documentos judiciales, el sector en Castilla y León asistía a una disminución constante de permisos y actividad cinegética que ha terminado en la prohibición total de la caza en Castilla y León. Así, poco a poco y paso a paso. «En este momento no se puede cazar en Castilla y León», sentencia desde la mesa del Consejo de Gobierno el pasado jueves la portavoz de la Junta, Milagros Marcos quien matizaba, no obstante, que esta medida se mantenía exenta sobre los permisos que estén concedidos con anterioridad. Lo que está claro es que en ningún caso se podrán conceder nuevas licencias.

La situación es mucho más compleja y desde el Gobierno regional se ha reconocido desde el primer día que «lo primero es aceptar las decisiones judiciales», ha explicado en más de una ocasión el consejero de Fomento y Medio Ambiente, juez de profesión, Juan Carlos Suárez-Quiñones que ante los medios de comunicación ha insistido en que se pueden cazar conejos. En ese caso concreto, se trata de permisos especiales concedidos en determinados puntos de la región para evitar que la abundancia de conejos cause daños en la agricultura. Solo en 2018 las indemnizaciones del seguro agrario por los daños provocados por los conejos superaron el millón de euros.

En opinión de Silvia Barquero, portavoz del Pacma, «una sentencia sigue a la otra» y según su interpretación, el TSJ con el último fallo conocido esta semana «paraliza cualquier actividad cinegética en Castilla y León».

Es lo mismo que interpreta Felipe Vegue, presidente de la Oficina Nacional de Caza y vocal de la Federación de Caza de Castilla y León porque entiende que el auto «sí que paraliza la caza y hasta que no se haga la modificación no se puede cazar». De hecho insiste en que «lo que más preocupa ahora mismo» son precisamente esos animales, los conejos.

Precisamente sobre este hecho se sustenta el voto particular del juez Felipe Fresneda que se ha incorporado en las dos últimas sentencias. El magistrado analiza, entre otras cuestiones, los perjuicios que se derivarían de la suspensión de la actividad cinegética: daños en los ecosistemas y fauna protegida, siniestralidad viaria, impacto económico para los titulares cinegéticos, impacto negativo en la economía y el empleo de la región, daños en la agricultura y la sanidad animal, al sector ganadero, y riesgos para la salud de las personas y perjuicios para la hacienda pública.

Con todo, la única forma de salvar la temporada es sacar adelante esa Proposición de Ley en la que trabaja la Junta con casi todos los partidos de la cámara (Podemos esperará al debate del pleno e IU-Equo votará en contra) y que, en principio, se aprobaría el 26 o el 27 de marzo, una vez presentada el día 13 de este mismo mes en las Cortes. La modificación de la Ley de caza (es de 1996) es necesaria para que se incluya en ella el catálogo de especies cinegéticas que se pueden cazar en Castilla y León. Hasta ahora, y según se recoge en la norma del 96, es la Administración regional la que aprobaba, a través de un decreto, ese catálogo de especies, que es a su vez lo que ha anulado el TSJ.

La Ley de caza se aplica, por un lado, a través de esos decretos que se aprueban cada año por el Gobierno regional y por otro, a través de la Orden anual de caza.

Además de esa regulación, y teniendo en cuenta que está muy relacionado con la actividad cinegética, la Administración regional es también la encargada de elaborar el Plan de Conservación del Lobo para gestionar la población de cánidos que, en los últimos años, vienen ocasionando graves daños a la ganadería. El último de los decretos en el que se detallaba el plan (decreto 14/2016, de 19 de mayo) fue igualmente anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en una sentencia emitida el 25 de enero de 2018. De nuevo, la carencia de informes técnicos o científicos «independientes» daban al traste con la medida. En diciembre pasado y ya de manera definitiva, el Tribunal Supremo (TS) echaba por tierra este plan desechando el recurso de casación interpuesto por el Gobierno autonómico contra la sentencia del TSJCyL que rechazaba el decreto por el que se aprobó el plan.

Con todo, insisten desde el Gobierno regional, tanta actividad judicial está cuestionando una de las principales fuentes de riqueza en el medio rural. La suspensión de la actividad cinegética supondría, en el caso de las entidades locales por las rentas de la caza, dejar de percibir no menos de 36 millones euros y en el caso de los particulares, en torno a 22 millones, a la que hay que sumar la parte que afectaría a asociaciones, empresas y sociedades mercantiles. El estudio realizado por la empresa Garrido JL en Castilla y León ha cifrado el impacto económico anual generado por la caza en la comunidad de en no menos de 506 millones de euros y en al menos de 8.000 empleos.

En el caso de los daños a la agricultura son «muy relevantes» los daños que la fauna salvaje causa y que «se incrementarían de forma desconocida». En las Reservas Regionales de Caza de Castilla y León la Junta abona 850.000 euros anuales en concepto de indemnización por estos daños a agricultores, y representan sólo una superficie de un 4 % de Castilla y León.

Desde la Administración regional insisten en que si se atiende a los daños a la sanidad animal, al sector ganadero y riesgos para la salud de las personas, la hipotética declaración, por ejemplo, de un foco de peste porcina africana (en la que el jabalí juega un papel protagonista) paralizaría de inmediato las exportaciones tanto de animales como de productos de origen porcino a terceros países lo que supondría en términos económicos unos perjuicios de 294,4 millones de euros a los que habría que añadir las inmovilización de explotaciones y el sacrificio indemnizado de los animales afectados. En 2018, solo de caza se expidieron 88.992 licencias y de pesca 78.292. En total de caza y pesca se concedieron 167.284.