La extorsión de la trama de las eólicas, explicada paso a paso

Con esta infografía se comprende mejor el patrón que usaron los acusados para enriquecerse ilegalmente y administrar a voluntad la concesión de licencias de ejecución de dichas instalaciones de energía renovable. Ese patrón consistía básicamente en obtener beneficio económico mediante la exigencia ilegal de incorporar socios locales de la confianza de los principales acusados en el accionariado de las empresas concesionarias.

El resumen de las acciones delictivas de los encausados se sintetiza en estos párrafos de las diligencias:

¿Qué había pasado antes para disponer de los permisos? Antes Biovent debía convertirse en una empresa con accionariado local. Así se hizo. Biovent, representada por Ricardo Bravo y Rafael Icaza, «a fin de llevar a efecto los designios de Rafael Delgado sobre la participación de socios locales en los parques que se iban a autorizar», dice Fiscalía, había llegado a un acuerdo en noviembre de 2004 con el grupo Inverduero, de Patricio Llorente, Lharias Participaciones SL y Horizontes de Castilla SL, para que crearan un sociedad vehículo que explotara parques eólicos. Así nació Aerocastilla SA, con un capital social de 61.000 euros. Después vendieron a Biovent un 60% de sus acciones a precio nominal. Inverduero afrontó después ampliaciones de capital que implicaron el desembolso de 615.000 euros en 2006 y 2007.

El relato de Fiscalía de este caso termina así:

Fiscalía explica que la tramitación de este nuevo parque presenta algunas particularidades.

Rafael Delgado y los principales acusados replican el patrón de estos expedientes en otras zonas de Castilla y León y ello se produce durante años. Una vez el caso siga adelante judicialmente, lo previsto es que deban responder por ello ante un tribunal.