El atasco de la negociación entre PP y Vox se resume en una palabra: desconfianza. Los de Santiago Abascal, certificador último del acuerdo, quieren detallar por escrito y hasta la última coma todos los puntos del pacto antes de que se celebre la sesión ... de investidura. Y en el toma y daca empiezan a jugarse algunos órdagos.
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El PP ha lanzado uno con el nombramiento de Javier Ortega, ex consejero de Cultura y Turismo a designación de Ciudadanos, como jefe de Servicio de Estudios y Documentación. Un puesto muy relevante dentro del organigrama de una consejería que desde el principio estaría destinada para Salvador Rus en representación de Vox. Colocar en ese puesto, mediante un proceso de libre designación, a Ortega ha sido un modo de acotar la discusión. De demostrar, como ya intentó el PP en la negociación previa a la constitución de las Cortes, que no cederán en todo.
Aquella vez, sin embargo, no le salió bien.
Y eso facilita el órdago de Vox, que puede ser el siguiente en llegar. Es Carlos Pollán, presidente de las Cortes tras el acuerdo in extremis del 10 de marzo, quien puede convocar la Mesa de las Cortes para intentar fijar el Pleno de investidura. En la Mesa hay dos integrantes de Vox, dos del PP y dos del PSOE, y el voto del presidente deshace los empates. Vox podría intentar forzar una sesión de investidura, incluso hacer que resultara fallida. Alfonso Fernández Mañueco no sería elegido si no es capaz de obtener la mayoría absoluta en primera vuelta o de llevarse la mayoría simple en la segunda. A día de hoy, tiene en contra los 28 votos del PSOE y los nueve de Soria ¡Ya!, UPL, Ciudadanos, Unidas Podemos y Por Ávila. El PP, sin Vox, solo sumaría 31. Esa investidura fallida serviría como ultimátum. Dos meses después del «no», si no se logra una investidura habría que convocar de nuevo elecciones.
Pollán, de hecho, no ha tenido prisa hasta ahora en convocar ese Pleno, que se va a demorar más de lo que ha ocurrido en las cinco últimas legislaturas.
Los plazos, como sucedió en la primera parte de la negociación, juegan a favor de Vox, consideran fuentes conocedoras de la negociación. De hecho, el primero de los límites temporales está ya a punto de saltar por los aires. El próximo viernes, día 1, se inicia en Sevilla el congreso del PP que proclamará a Alberto Núñez Feijóo. Salvo que Carlos Pollán convoque el Pleno de investidura el mismo lunes para que se celebre el jueves, Mañueco llegará a Sevilla aún como presidente en funciones. Y el primer Gobierno de coalición autonómico PP-Vox se ratificará oficialmente con Feijóo ya oficialmente líder de los populares.
Vox quiere que todo quede definido por escrito antes de prestar sus votos y el PP aspira a que algunos flecos se dejen para más tarde. Los de Abascal quieren cerrar el organigrama completo. Y en ese planillo, Juan García-Gallardo no quiere ejercer de vicepresidente florero, sino contar con la Dirección de Comunicación y coordinar la Comisión de Secretarios Generales, una pretensión que fuentes del PP aseguran desconocer. La primera función recae ahora en Julio López, procedente del PP de Salamanca, donde fue teniente de alcalde, hombre de confianza de Alfonso Fernández Mañueco. Depende, en el organigrama, del propio presidente.
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La Comisión de secretarios generales la presidía Ángel Ibáñez, consejero de Presidencia. En palabras de un ex alto cargo del PP, ninguno de los dos son órganos que se deban dejar en manos del socio minoritario del Gobierno. Y según un secretario general, menos aún la comisión de secretarios, que es una de las llaves del funcionamiento de la Junta. El presidente de la Comisión puede decidir qué asuntos van o no van a Consejo de Gobierno. Esto es: si la Dirección de la Mujer quiere destinar 500.000 euros a proyectos contra la violencia de género, el presidente de la Comisión puede oponer alguna observación que le permita decidir que ese asunto no vaya a Consejo de Gobierno y, por tanto, no se apruebe la subvención. En definitiva, tiene capacidad para demorar asuntos o anteponer otros. Lo que se conoce como filibusterismo.
Pero hay más. Más allá de conservar o no la dirección de comunicación, los populares se niegan a ceder la gestión del plan de medios, es decir, el dinero institucional que se invierte en los medios de comunicación a modo de publicidad. Pues bien, la Comisión de Secretarios Generales es la encargada de «elaborar, con carácter anual, una planificación en la que se recogerán las previsiones de actuación en materia de publicidad institucional».
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Vox también quiere definir las competencias de las consejerías antes de investir a Mañueco. Es el presidente el que las desgrana en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León. Y Santiago Abascal ya ha advertido desde Madrid: si el PP no cumple el pacto, abandonarán sus puestos en la Junta. Y, claro está, el PP quedaría en minoría en las Cortes, con escasísima capacidad de maniobra y abocado a conseguir apoyos puntuales del PSOE. Así, se da por hecho que Agricultura y Ganadería será para Vox. Pero el PP quiere que Tierra de Sabor se gestione desde otro departamento adscrito a los suyos. El porqué es evidente. En 2022, los presupuestos nonatos por la convocatoria electoral preveían 7,5 millones de euros para «promover» las «71 figuras de calidad» agroalimentarias. De ellas, «38 son denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas» que incluyen a 1.400 industrias, señalaba la nota de la Consejería cuando se presentaron las cuentas. Un dinero que revierte en imagen para los propios gestores de los fondos.
En el otro lado, Vox pretende hacerse con la tutela del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), que dependía de la Consejería de Economía y Hacienda, y que pase a formar parte de la de Industria y Empleo, que le correspondería en el reparto.
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Pero incluso en el programa, en el que parecía existir un acuerdo, hay tensiones. A Vox no le vale con la intención de promover una ley de violencia intrafamiliar. Quiere fijar plazos y concreciones para evitar que se quede en nada o en una norma subsidiaria de la ley de violencia de género. Del mismo modo, pretenden que el impulso a una «ley de la concordia» que supla a la actual «ley de la memoria histórica y democrática» corra a cargo de la Consejería de Cultura. La actual norma, aprobada en abril de 2018, se fijó «a propuesta del consejero de la Presidencia», como se lee en el preámbulo.
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