La enfermera juzgada por entrar en la historia clínica de una excompañera se justifica: «Le tenía miedo»

«Tenía mucho carácter y me aterrorizaba, pasamos una época muy mala», declaró. Este viejo desencuentro entre ambas profesionales fue, según la acusada, el mar de fondo que subyace tras su decisión de utilizar el programa Medea de Sacyl para «buscar la dirección» de su excompañera y entrar también en las historias clínicas de los dos hijos de esta «para ver la edad que tenían», haciendo caso omiso de la alerta del programa que advierte a quien navega por él que solo puede acceder a los datos privados de pacientes que tiene asignados como personal sanitario, lo que no era así en este caso.

La acusada, que dijo estar arrepentida y manifestó que nunca utilizó los datos de su excompañera para hacer daño ni los comentó con nadie, reconoció a preguntas del fiscal que había entrado en los historiales el 18 de febrero y dos veces el 23 de febrero de 2016. «Cuando el coordinador dijo que había que admitirla otra vez porque tenía derecho a su plaza y que se iba a incorporar me entró el nerviosismo y empecé a revivir otra vez lo ocurrido aquellos años, así que entré, pero no para revisar sus informes médicos, sino para saber donde vivía, porque no me la había vuelto a encontrar en diez años. Me arrepiento, no quise hacer ningún daño».

C. B. insistió en que era consciente de que no debía haber fisgado en los historiales de la denunciante, haciendo hincapié en que nunca utilizó esa información. De lo que no era consciente en ese momento, subrayó, es de que «estuviera cometiendo un delito, de que se tratara de un delito tan grave», señaló con un hilo de voz y visiblemente trastornada.

Para la principal testigo y denunciante, P. E., que desempeña su tarea como enfermera en Laguna de Duero, la intrusión de su excompañera en su historial y los de sus hijos ha sido una completa vulneración de su intimidad, que la ha llevado, desde entonces, a estar en tratamiento. Relató durante su comparecencia ante el tribunal que fue cuando su hijo, que iba a viajar a Estados Unidos, le autorizó para que entrara en su historial clínico para una relación de medicamentos, cuando descubrió que su antigua compañera había estado fisgando en él, pues el sistema indica las entradas, con el nombre completo de quienes las realizan. Luego comprobó que también había entrado en el suyo y en el de su hija.

«Me puse muy nerviosa, porque esto fue en febrero y yo tenía que incorporarme a Serrada en marzo (aunque después no hubo traslado), pero en un segundo me acordé de todo y pensé en el recibimiento que iba a tener. Fue terrible», relató. Desde entonces, está en tratamiento psicológico, aseguró a preguntas del presidente del tribunal.

Indicó que trabajaron juntas desde 1994 a 2004 y que «hubo un conflicto en el centro, bastante doloroso. Yo era responsable de enfermería entonces, pero yo con C. B. nunca he tenido discusiones. Aunque reconozco que ella, en aquel conflicto, estuvo en el otro bando, para que nos entendamos», puntualizó Ercilla, que denunció a su excompañera en el cuartel de la Guardia Civil.

Sus dos hijos, que también declararon como testigos, abundaron en que el episodio ha condicionado profundamente la vida familiar. La hija, además, criticó que la Gerencia de Salud hubiera cerrado en falso el conflicto y no hubiera expedientado a la acusada por estos hechos.

El letrado Carlos Rodríguez Monsalve, que representa la acusación particular, modificó sus conclusiones provisionales para ampliar la pena inicialmente solicitada, de forma que ha solicitado una condena de cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta de ocho años por descubrimiento y revelación de secretos continuado y por prevalerse de su cargo como funcionario público. Además de una responsabilidad civil que cifra en una indemnización a pagar a la denunciante de 50.000 euros, así como de 5.000 euros para cada hijo.

El fiscal mantuvo su petición de tres años y seis meses, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo y multa de 22 meses a razón de una cuota diaria de 10 euros e inhabilitación absoluta por seis años y seis meses. El juicio quedó visto para sentencia.