Las empresas de 50 o más trabajadores tendrán la obligación de aprobar y registrar los planes de igualdad

Yolanda Martín, secretaría de Mujer y Políticas de Igualdad ha informado que esta medida se implantará de manera progresiva, ya que las empresas de más de 150 personas tendrán hasta el 7 de marzo de 2020 para implementar esta medida, las de más de 100 hasta el mismo día de 2021 y las de 50 igual en 2022. Estos planes de igualdad se desarrollaran en distintas fases, primero las empresas deberán facilitar una serie de datos a las instituciones para elaborar un diagnóstico que estará negociado con los sindicatos y que posteriormente llevará al registro, ahora obligatorio en el registro de convenios, aunque todavía se encuentra en desarrollo, y en la elaboración de medidas con unos parámetros evaluables «no vale con una declaración de intenciones» ha dicho. Tras finalizar el acuerdo se ejecutarán las medidas a través de un calendario y se hará un seguimiento y finalmente una evaluación para comprobar si han tenido efecto.

También ha informado que la comisión negociadora encargada de elaborar el plan de igualdad será paritaria entre las empresas y los representantes de los trabajadores aunque también informa que la elaboración de los planes dependerá de la situación de cada empresa y que estos planes están destinados a toda la plantilla, «a veces favorecerá más a mujeres y a veces más a hombres», que además ayude a «concienciar de una sociedad más igualitaria». Por otra part ha concretado las materias mínimas que debe contener estos planes: Contratación, clasificación profesional, promoción salarial, ejercicio responsable corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral; igualdad salarial, retribuciones, de que además se incluye la novedad de que todas las empresas deben aplicar un registro medio de horarios desagregadas por sexo y permitir que cualquier trabajador pueda consultarlo; corregir la infrarepresentación de las mujeres y la prevención del acoso sexual.

Por su parte Fernando Fraile, secretario de Acción Sindical, ha valorado este Decreto Ley positivamente pero critica que «la propia ley no va a ser suficiente», debido según afirma, por un lado al tejido empresarial de Castilla y León «estamos hablando de pequeñas, muy pequeñas y microempresas en la que solo afectará los planes de igualdad a un 0,5% de las empresas» y afirman que estan a la espera «de un desarrollo reglamentario que permita mejorar y aplicar con más garantías el contenido del Real Decreto». También achaca esta falta de igualdad a la vigencia de la reforma laboral y a la «cultura empresarial» y afirma que « hasta que no haya un cambio de cultura por parte de las empresarias y los empresarios no avanzaremos de una manera decidida hacía la igualdad plena. Por tanto, esta en sus manos» a lo que seguidamente ha hecho un llamamiento responsable a las empresas.

Además también reclama al gobierno un reglament0 que garantice la legalidad de los planes de igualdad «no vale que se registre cualquier plan de igualdad» y a las inspecciones de trabajo y seguridad social que « tienen que ser firmes y tienen que se contundentes sus actuaciones si no se cumplen» y hace referencia a que en Castilla y León existen 75 empresas de mas de 250 trabajadores «que no cuentan con un plan de igualdad siendo obligatorio desde el año 2007». Aunque reconocen que en Valladolid sí ha habido un avance debido al endurecimiento de las inspecciones de trabajo.

Elena Pinilla, técnica de la Secretaría de la Mujer y Políticas de igualdad ha afirmado que en Castilla y León, solamente 34 de las 74 empresas con más de 250 trabajadores en plantilla cuentan con planes de igualdad, un 47 por ciento, aunque según los datos que maneja el sindicato, algunas de ellas lo tienen caducado «desde hace años». En 2020, 75 empresas con más de 150 empleados tendrán que tener implementado el plan, un año después serán las 112 empresas con más de 100 trabajadores las que deberán tenerlo, y finalmente en 2022 todas aquellas empresas de 50 o más empleados deberán contar con uno -520 empresas castellanas y leonesas.

Por provincias, Zamora encabeza la lista donde las dos empresas con más de 250 empleados, con CIF en la provincia, cuentan con un plan de igualdad. Burgos y Palencia se sitúan por detrás con un 60 por ciento (nueve de 15 y seis de diez, respectivamente), en Valladolid la mitad de las empresas lo tienen (diez de 20), seguido de Salamanca con un 44 por ciento (cuatro de nueve). Una de cada cuatro empresas afincadas en León tienen aprobado un plan de igualdad (tres de doce). Por el contrario, Soria y Segovia no cuentan con planes de igualdad en las tres empresas que tiene cada provincia.

Las administraciones públicas tienen que tener «por ley» planes de igualdad independientemente del número de trabajadores. Según la estimación de CCOO, con más de 50 personas en plantilla, existen 67 administraciones públicas, además de la Junta de Castilla y León. Por lo que en toda la Comunidad habría un total de 848 empresas públicas, más la Junta, con más de 50 trabajadores, que deberán tener un plan de igualdad.

Pinilla explicó que la cifra «subiría exponencialmente» si se tuvieran en cuenta aquellas empresas que teniendo todos sus centros en varias o todas las provincias de la Comunidad sumaran más de 50 personas en la plantilla y las empresas que uniendo todos sus centros de trabajo repartidos por todo el territorio nacional superaran también esta cantidad. «Los planes de igualdad son por empresa, independientemente de donde tengan el centro de trabajo», aclaró.

Finalmente, exigieron revisar las sanciones para que las empresas «no prefieran pagar la sanción antes que implantar un plan de igualdad» puesto que ahora «son muy bajas».