Los empleados de la Junta inician el camino de los recursos por los cambios en las plantillas

Un grupo de unos noventa trabajadores que desarrolla su labor en la Gerencia Regional de Salud, en el antiguo Hospital Militar de Valladolid que sirve de sede a la Consejería de Sanidad, prepara un recurso conjunto. Se ocupan de labores de intendencia para el funcionamiento de hospitales y centros de salud y, una vez que se active el concurso de traslados, deberán volver a plazas que ocupaban anteriormente. «Somos personal del área de administración que hemos superado una oposición con temas sanitarios, con su especialización y ahora se pueden quedar aquí personal que viene de Defensa o de la Administración Local y nosotros no», explica una de las afectadas. Los promotores del recurso han contratado ya abogado.

Los servicios jurídicos de sindicatos con amplia representación en la Función Pública como son CC OO, UGT y CSIF están analizando las nuevas RPT para valorar si hay base para recurrirlas de forma general, según explicaron ayer responsables de las tres organizaciones. Además, reconocen que están atendiendo un goteo de consultas de asesoramiento de trabajadores afectados a título particular.

Mariano Prieto, responsable del sector autonómico de CSIF, señaló que desde la Junta «se ha procedido a despedir a 70 funcionarios interinos con la aplicación de las plazas que son bajas». El dirigente hacía esta valoración mientras en su organización atendían a dos técnicos de laboratorio, «de los que hacen el análisis de aguas», cuyos puestos se han suprimido y lamentando la «oportunidad perdida por parte de la Junta para mejorar los servicios públicos».

Juan Carlos Hernández, representante de los funcionarios del sector autonómico de CC OO, explicó que las RPT son el fruto de una «negociación acelerada» que afecta a casi 17.000 empleados y auguró un aumento de la conflictividad en los centros de trabajo de la Junta. «Hay un elevado porcentaje de plazas en las que no se dejan claras las funciones que se desempeñan», precisó Hernández. A eso añadió que hay «amortizaciones de plazas que no compartimos, con destrucción de empleo en el medio rural y pérdida de especialización de servicios concretos» al poder estar los empleados públicos «un día en un sitio y otro en otro».

Tomás Pérez Urueña, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios Público de UGT, fundamenta el voto en contra del nuevo armazón de plantillas en que se han amortizado plazas necesarias, más allá de las de auxiliar administrativo que han quedado superadas por la informatización del trabajo, y que los empleados quedan expuestos a la discrecionalidad del jefe que organice el servicio.

El personal que se considera perjudicado es en muchos casos de perfil especializado, como ingenieros, o economistas y abogados que antes podían acceder a algunos puestos de forma indistinta y ahora se restringen para uno y otro perfil.

Desde la Junta destacan que la reorganización de plantilla diseñada desde la Consejería de la Presidencia mejora las retribuciones de 1.460 puestos, elimina figuras obsoletas (empleados de silos), reduce el número de auxiliares administrativos que respondía a un época en la que se trabajaba con máquina de escribir y amplía las plazas de trabajadores sociales o inspectores de consumo, además de hacer posible la convocatoria de un concurso de traslados abierto y permanente.

Argumentan que permite flexibilizar la distribución de los recursos humanos para atenuar la compartimentación actual en servicios, secciones y negociados. Esta estructura es la apropiada para una carga de trabajo constante, pero resulta ineficaz cuando se produce un exceso o una aminoración del volumen de tareas, algo que ha sucedido durante la crisis en los departamentos que atienden las demandas de empleo o de la Renta Garantizada de Ciudadanía, que vieron incrementarse su trabajo, al contrario de otros, como los que tramitaban ayudas que no salieron.