Editorial: En defensa de un autonomismo útil

Las políticas sociales fueron otro de los grandes ejes de la intervención de Herrera, que defendió las medidas puestas en marcha por su Ejecutivo para proteger a las personas y las familias con menos recursos y presumió de los buenos resultados en la valoración externa que reciben tanto su política de atención a la dependencia como el sistema educativo de Castilla y León. Tampoco orilló el problema de la despoblación, una de las más acuciantes crisis a la que se enfrenta la comunidad y que el presidente –que reivindicó su esfuerzo para lograr la consideración de problema de Estado y la acción en común de la comunidad con otras autonomías con gobiernos de distinto color político– vinculó a antecedentes remotos, como el éxodo rural en el siglo XX, y más recientes, como la crisis económica que arrancó en 2008. Asimismo, relacionó la amenaza de la despoblación con asuntos como la Ordenación del Territorio y las políticas para garantiza el futuro en el medio rural, «una realidad viva sin la que no puede entenderse Castilla y León».

Más allá del mérito como buen parlamentario que atesora el presidente desde el comienzo de su trayectoria política, conviene destacar hoy una virtud que empieza a resultar inusual en la dirigencia actual, como es su concepción de la política como territorio de consensos –a pesar de haber ganado todas las elecciones a las que se ha presentado, casi siempre con mayorías holgadas que han refrendado la confianza en su gestión de los electores castellanos y leoneses–, así como sus llamadas a la cooperación con otras fuerzas parlamentarias y con colectivos sindicales y sociales. Una forma de estar en política alejada de posiciones de monopolio de la verdad; capaz de reconocer los errores propios, sin olvidar nunca su decidida vocación de servicio público.