El Ecyl minimiza la litigiosidad de los planes de formación investigados por el juzgado

A pesar de esta investigación a la Junta y a empresas de formación que está en marcha en la vía penal por un supuesto delito de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos en relación a la concesión de estos cursos, la responsable del servicio minimizó las sucesivas impugnaciones de estos programas que se están produciendo también en la vía de lo contencioso administrativo. De hecho, se está a la espera de una resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Valladolid, respecto de las bases reguladoras de estos programas que, según los recurrentes, vulneran los principios de capacidad e igualdad de concurrencia, entre otros. Sigüenza, sin embargo, destacó «la baja tasa de litigiosidad, del 1,24%, con 142 recursos presentados en 2018 de 11.434 resoluciones administrativas susceptibles de ello», según informa Ical.

La Sala de lo Contencioso Administrativo analiza cuatro líneas de ayuda vinculadas a los criterios de las bases reguladoras o convocatorias de subvenciones de políticas activas de empleo. Así lo explicó en la Comisión de Empleo e Industria, en la que Sigüenza compareció a petición de Ciudadanos. En paralelo, precisó, la investigación penal se refiere a programas dirigidos a trabajadores desempleados y ocupados, así como a la línea de subvención de orientación, formación e inserción (OFI). A juicio de la gerente, estos recursos suponen una cifra «especialmente escasa», dado que el Ecyl tiene más de 70 líneas de subvenciones. «Tenemos controles antes, durante y después de realizarse las acciones formativas», subrayó.

El portavoz del PSOE, Pedro González, señaló que el Ecyl disponía de un «trampantojo» con el proceso de concurrencia competitiva de subvenciones, «tras el que se esconde un sistema de uniformidad y exclusión que se rige por un monopolio», pues siempre «se dirigían las ayudas a las mismas empresas». También afeó que entre 2015 y 2018 se dejaron 103 millones de euros sin ejecutar, «aunque Ciudadanos dice que son 40; en todo caso, una barbaridad». «¿Cuánto han devuelto al Estado por la no ejecución? Se lo digo yo, 21 millones, según datos del Ministerio de hoy mismo», respondió González.

Por su parte, Pedro Pascual, de Por Ávila, representante del Grupo Mixto, afeó que los agentes sociales sean a su vez «juez y parte» en estos procesos.