Un divorcio en la Junta y una oposición en ebullición interna

Somos un Gobierno útil y eficaz», dijo Alfonso Fernández Mañueco (PP) a un día de cerrar 2023. Lo repitió en febrero cuando presentó los presupuestos autonómicos junto a Juan García-Gallardo (Vox), pero con un matiz: no habría elecciones «mientras el Gobierno sea útil y eficaz».

La utilidad y eficacia llegó hasta el mes de julio. Vox, desde Madrid, decidió convertir la redistribución de menores inmigrantes no acompañados en 'casus belli' y rompió todos los cogobiernos autonómicos, incluido Castilla y León. Apenas se acababan de aprobar los presupuestos de 2024 -el 30 de abril, con un cuatrimestre cumplido- con abrazos entre Mañueco y Gallardo. Ambos partidos habían registrado la proposición de ley de concordia que imponía Vox en su pacto de 2022. No había visos ni intención de un adelanto electoral, ni riesgo de mociones de censura. El PP manejaba los tiempos para dilatar los aspectos más incómodos, en lo legislativo, de su acuerdo, como el protocolo antiaborto, la propia ley de concordia o la de violencia intrafamiliar.

Y todo se vino abajo.

A Alfonso Fernández Mañueco, eso sí, el duelo le duró menos que a los consejeros de Vox. Gerardo Dueñas y Mariano Veganzones no querían dejar el cargo y acabaron destituidos y fuera de Vox. Veganzones pasó de presidente provincial de la formación a ex militante en cuestión de horas. Antes, incluso, de que Mañueco le comunicara que estaba despedido. Juan García-Gallardo, por contra, asumió la orden directa de Madrid y dimitió. Y Gonzalo Santonja se transmutó de consejero de Cultura de Vox a consejero de Cultura del PP.

A partir de ahí decayeron las obligaciones contraídas. O así lo entendió el PP. Ni ley de concordia ni nada. Tan radical fue el borrado del ya ex socio que lo primero que hizo Leticia García, la nueva consejera de Industria, Comercio y Empleo, fue restaurar el Diálogo Social al estado en el que se encontraba antes de la irrupción de Veganzones. José Luis Sanz Merino asumió Movilidad para que María González se ocupara de reunirse con las organizaciones agrarias y recuperar el 'mando PP' en una consejería que los populares consideran estratégica, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

En dos días, rediseño del equipo, cambio de rumbo y de actitud hacia la oposición. De arrollar todas las enmiendas a las cuentas de 2024 con el rodillo PP-Vox a intentar convencer a los otros seis partidos del hemiciclo -PSOE, UPL, Soria ¡Ya!, Unidas Podemos, Por Ávila y Francisco Igea- de que entraran a negociar y aprobar los presupuestos. Para cuando empezó septiembre, Mañueco ya era, por primera vez desde 2019, presidente sin socio, con Isabel Blanco como vicepresidenta. Ni 'igeas' ni 'gallardos' a su vera.

Y desde ese mismo instante, rumores de anticipo electoral. Incluso, en diciembre, con algún globo sonda lanzado desde Génova que, sin embargo, no casa con las informaciones que emanan del núcleo duro de Mañueco, que insisten en que hará lo posible para llegar a la primavera de 2026. Solo un adelanto de las generales podría cambiar eso. O que una ola demoscópica favorable le empujara a un adelanto técnico en otoño de 2025.

Un escenario favorable como el que podría darse con un eventual retroceso de Vox y un PSOE en proceso de guerra interna.

Y ese ha sido el otro gran foco del año.

Luis Tudanca, secretario autonómico de los socialistas, ha cumplido 10 años en el cargo. Si los planes de Ferraz salen bien, no alcanzará los 11. Amaga con presentarse a la reelección a partir del 7 de enero, después de una batalla que llevó al PSOE Federal a anular el calendario para el congreso de Castilla y León que se había aprobado en el comité autonómico. Madrid busca una alternativa. El elegido es Carlos Martínez, alcalde de Soria, pero nadie quiere una guerra abierta, unas primarias con dos candidaturas. Les empujan a entenderse antes de que se abra el plazo para dar el paso. De momento, todo se resume en dos frases de Luis Tudanca. La primera la pronunció en una entrevista en El Norte a finales de octubre: «Si Mañueco convoca, ¿quién sería el candidato? Pues seguramente yo». En ese momento se sucedían los nombres de futuribles urdidos desde Madrid, pero nadie parecía dispuesto a dar el paso. Después del Congreso Federal de Sevilla, sin embargo, llegó la segunda sentencia. Fue en el último Pleno de las Cortes regionales. «Castilla y León es lo único que me importará hasta el final».

Por el camino, el año ha resultado tortuoso. En algunos casos, devastador para el ánimo del secretario autonómico socialista. Comenzó con la detención por presunta violencia de género de su número 3 en el grupo parlamentario, Ángel Hernández. Después, con la acusación de abuso a un menor al procurador salmantino Juan Luis Cepa. Ambos fueron expulsados del partido.

Al mismo tiempo, las maniobras de Ferraz, con el leonés Javier Cendón aliado con el secretario de Organización, Santos Cerdán, provocaron una ruptura en el grupo. Tudanca retiró la dedicación exclusiva a la leonesa Nuria Rubio, alineada con Cendón y con Patricia Gómez Urbán, leal a Óscar Puente, que sigue como portavoz adjunta. Tudanca situó a su vera a Rosa Rubio, Yolanda Sacristán y Consolación Pablos.

Alguien lo definió como «el gerente de las Cortes». Raúl de la Hoz, parlamentario del PP durante la mitad de su vida, era mucho más que el portavoz del grupo parlamentario. Consiguió un puesto de salida para las elecciones europeas y dejó su silla en la bancada popular. Al tomar posesión del acta de eurodiputado trascendió su declaración de bienes, en la que además de su sueldo como procurador autonómico «con dedicación exclusiva» admitía unos ingresos de 40.000 euros como abogado. La cámara autonómica es la única de España que no regula las incompatibilidades. Un vacío legal que le convirtió en uno de los políticos mejor pagados de España.

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