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El sector lo tiene claro. Superada la larga etapa en las que las personas con discapacidad vivían incluso escondidas, ocultadas en sus hogares o centros, en una subsistencia entre la caridad y unos Servicios Sociales de mínimos y con la consideración de subvenciones y apoyos ... no obligatorios, hace algo más de un decenio –evidentemente promocionado desde mucho antes sobre todo desde la reivindicación de las asociaciones– la concepción dio un vuelco, llegaron los derechos. Y también la normalización. Ahora, también con sus antecedentes de lucha, el siguiente paso es dar, además de recibir, participar en la sociedad y aportar. El Cermi, la confederación que engloba a todas las asociaciones, hace este repaso y sabe que no hay integración que no pase por el empleo, ni trabajo que llegue sin formación, y menos de calidad.
Los datos lo constatan. Tan solo el 12% de las personas con discapacidad ha alcanzado una formación superior, tres puntos menos además que en el resto de España. La población sin este tipo de limitaciones suma un porcentaje del 34%, según los datos del Observatorio sobre Discapacidad de la ONCE. Tal vez todavía más significativo sea que, además, tres de cada diez es analfabeto o, como mucho, tiene estudios de Educación Primaria frente al 9,9% que es el dato de la población sin discapacidad. En estudios de la ESO las cifras se acercan más, el 57,9% y el 61,5%, con y sin discapacidad respectivamente.
Toca el relevo, así lo marcan las normas tras dos mandatos de tres años en el Cermi, la confederación del sector; pero Francisco Sardón seguirá al frente de las organizaciones de impulso a los derechos de las personas con discapacidad, desde Predif –acaba de ser reelegido– y desde futuros proyectos.
El todavía presidente del Cermi analiza los pasos de gigante que este sector ha dado en toda España y, en particular, en Castilla y León. El primer hito, que da la vuelta completa a todo el concepto, «ha sido el de enmarcar todas las necesidades de las personas con discapacidad en un sistema de derechos. Es fundamental no solo por garantías jurídicas y por ser algo exigible, no negociable, sino porque también dignifica a las personas. Hace doce años, los Servicios Sociales eran un cajón de sastre con un sentido de gracia, si daban ayudas bien, sino pues nada que hacer. Hemos pasado de un modelo de resignación a uno de derechos».
El siguiente paso lo tiene claro Sardón. «Queremos dar el salto, abordar otros aspectos y no ser sujetos pasivos que reciben prestaciones sino pasar al activo. Formación, trabajo y ser un contribuyente más. Con apoyos, sí; pero no ser una carga social, no solo recibir». Su apuesta es, en términos generales, por la educación inclusiva «porque da más oportunidades y permite a los niños ser competitivos en igualdad, con sus apoyos, pero con todos. Formación para el empleo, nos quejamos de ocupar puestos poco cualificados; pero hay que formarse para ello». Y, de la mano del empleo, «llega realmente la normalización. Somos personas como cualquier otra, con nuestros anhelos y esa es la verdadera integración social». Y, en este sentido, reclama a los sindicatos «que se cuente con nosotros y conozcan nuestras necesidades y también formar parte del Diálogo Social, es necesario negociar con el Cermi».
«'Personas con discapacidad'», insiste Sardón en la denominación; pero «no con otras capacidades o con capacidades diferentes o con diversidad funcional... basta ya de eufemismos y de expresiones que se cree que son políticamente correctas. No tenemos otras capacidades, simplemente las de cualquier persona y es lo que defendemos», aclara. Además «en estos doce años se ha logrado algo intangible, cada vez se incorpora más en el ideario del ciudadano que la sociedad es diversa y que hay espacio para todos».
Las cifras actuales, aunque han mejorado, siguen relegando al sector de la discapacidad con respecto a las personas que no tienen limitaciones. Lo primero, indica Francisco Sardón, presidente de Cermi, por la falta de formación que ha provocado la propia discapacidad. Bien porque ha irrumpido, cuando es sobrevenida, en plena etapa de estudios y no siempre se vuelve tras superar las secuelas de un accidente o bien porque la falta de apoyos en la época escolar ha relegado a estos niños a centros especiales y «han tenido menos oportunidades cuando muchos de ellos pueden formarse con la ayuda necesaria en colegios normales», destaca.
Y de esas carencias se nutren los déficit laborales junto a la reticencia a contratar personas con discapacidad. Los datos también evidencian las distancias con la población sin problemas ni sensoriales ni físicos. La tasa de actividad es del 36,6%, más de 40 puntos por debajo de la correspondiente a la población sin discapacidad en Castilla y León y la de empleo, se fija en casi el 27%.
En cuanto a la del paro, se posiciona en el 26,5%, inferior en 2,1 puntos al dato del conjunto nacional para personas con discapacidad, pero 10,8 puntos más alta que la registrada en la comunidad para personas sin discapacidad. Según la misma fuente de la ONCE.
Sardón reconoce, no obstante, que durante este tiempo ha habido políticas efectivas de empleo que «han logrado que no se perdiera durante la crisis» y, además, la Junta «ha dado ejemplo con la reserva de contratos a los centros especiales de empleo, las cláusulas sociales y otras medidas sobre todo cualitativas que construyen empleo e impulsan que el sector privado también se apunte a ello y no por miedo presiones sino porque el papel ejemplarizante de la Administración hace ver que estas personas también saben trabajar y trasladan a la privada esa imagen».
Las personas con discapacidad también sufren peores salarios. La retribución media bruta anual para ellas se fija en 17.167,9 euros en Castilla y León, 3.929,6 menos que las personas sin discapacidad. En cuanto a las edades, 4.154 de las personas que buscan un empleo con discapacidad son mayores de 45 años y 3.322 tienen entre los 25 y dicha edad y solo el 11% del colectivo es autónomo, según datos del SEPES (Servicio Estatal de Empleo).
Y si las dificultades son importantes en las ciudades y zonas semiurbanas, el panorama se complica en las rurales. Hoy, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es jornada de reflexión y reivindicación y este año, el Cermi ha querido centrar sus demandas –recogidas en su tradicional manifiesto– en los pueblos. Según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, hay 174.314 personas con discapacidad en la comunidad, son los que tienen evaluado su grado por los Servicios Sociales; de ellas, 76.875 viven en zonas rurales. Una cifra nada desdeñable a la hora de pensar en ofrecer servicios y recursos de apoyo para que este colectivo – más de la mitad con discapacidad física pero con importante peso el resto– pueda formarse, trabajar e integrarse en definitiva. Pues, destaca Sardón, «si las cosas son difíciles en las ciudades, si la discapacidad discrimina para encontrar empleo, no digamos ya en las zonas rurales donde hay más dificultades para todos; pero nosotros creemos que forma parte de la fijación de población la prestación de servicios, el acceso a los mismos y el compartir recursos. ¿Por qué emplear los centros de Fisiomer de Aspaym, por ejemplo, de forma limitada?, se ofrece a cualquier persona que lo precise. Se debería hacer con todos los recursos», defiende el presidente de Cermi.
El sector reconoce los avances. «Son muchos». E incluso el papel de la Junta en ellos en cuestión de legislación con la Ley de Igualdad de Oportunidades a la cabeza y con el impulso de la figura del Asistente Personal por ser una prestación de la Ley de Dependencia que «precisamente favorece esta autonomía y que la persona pueda tomar sus propias decisiones y participar en el mercado laboral o formarse».
La Consejería de Familia repasa en este sentido las principales actuaciones desarrolladas este año. En primer lugar destaca la creación de las nuevas unidades de valoración y atención y las obras del nuevo Centro Base de Valladolid que se está construyendo en la Avenida de Gijón. Asimismo, destaca que «se está llevando a cabo un proceso de implementación de mejoras del servicio público de atención temprana mediante intervenciones que tienen cuenta los contextos naturales de convivencia como el hogar, ámbito escolar, entorno social…».
Otro punto fuerte para la Junta es el impulso de la Coordinación Interadministrativa entre consejerías. En cuanto a empleo, destaca los itinerarios personalizados de inserción sociolaboral y dos programas específicos para beneficiarios del programa de intergación para promover la vida independiente: La línea de apoyo a la vida autónoma a través de la financiación de viviendas, ligadas a los itinerarios y la de subvención para la formación de personas con discapacidad como asistentes personales de dependientes.
Asimismo, Familia destaca el proyecto 'Emprendimiento inclusivo: Oportunidad y negocio en el ámbito transfronterizo, ON_INCLUSIVENTREPRENEUR', aprobado en 2017 en el marco de la Primera Convocatoria del Programa de Cooperación Interreg V A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.
Además, en cuanto al empleo público apunta la resolución de la primera convocatoria de personal laboral fijo de plazas exclusivamente reservadas para quien acreditara discapacidad intelectual y la realización de un acto de incorporación de las primeras personas que aprobaron este proceso selectivo en mayo 2018 y destaca asimismo que, actualmente, se trabaja en el desarrollo de un nuevo acuerdo vinculante para la incorporación de cláusulas sociales en materia de contratación.
En cuanto a la promoción de la autonomía, una parte de la Ley de Dependencia que ha tardado años en abordarse, destaca las viviendas, residencias y centros de día. En 2018 Castilla y León cuenta ya con 16.677 plazas repartidas en 629 centros, que se distribuyen en: 5.236 residenciales, 1.541 en viviendas y 9.900 en centros de día. Con relación a los centros, predominan las viviendas (316) y seguidas de los centros de día (205) y las residencias (108). El 42% del total de las plazas son concertadas (6.986 plazas). Además está en marcha el pilotaje de dos centros de atención a personas con discapacidad de la Gerencia de Servicios Sociales para 'Aprender a cuidar sin sujeciones'. La Consejería también destaca el aumento de los centros multiservicio hasta los 337 y el impulso al desarrollo del servicio de Asistencia Personal en Castilla y León.
Otras actuaciones son el Anteproyecto de Ley para regular el acceso al entorno de los usuarios de perros de asistencia, actualmente está en proceso de tramitación y el trabajo en el desarrollo de una Plataforma Tecnológica de Atención Sociosanitaria para el paciente crónico y personas en situación de dependencia.
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