«El diálogo social no es ningún chiringuito, tiene detrás mucho trabajo y beneficia a las personas»

-Cuando la junta directiva de CEOE Castilla y León le pidió que repitiera en el cargo, en noviembre del año pasado, el futuro aún parecía halagüeño; el vuelco en cinco meses ha sido total...

-Aún no hemos salido de la covid, que sigue haciendo que la situación sea complicada porque no ha pasado, aunque algunos lo crean. Esta Semana Santa puede ser un punto de inflexión para mal en el número de contagios. La gente se quita la mascarilla en lugares atestados y es peligroso. Entonces llega la guerra de Ucrania, la escalada de precios de la luz y el gas, de todo tipo de materias primas, falta de componentes. Vamos a una inflación de dos dígitos y es muy preocupante. El cambio ha sido radical, efectivamente. En noviembre creíamos que era algo coyuntural de tres meses, pero la realidad ha terminado por ser una subida exponencial con el grave riesgo que trae de traer una inflación que no podamos controlar.

-Con tantos factores que colaboran en que todo vaya mal, ¿ya se piensa en las empresas que estamos ante un escenario de larga duración, con unas consecuencias de amplio espectro?

-El propio presidente del Gobierno ha dicho que vamos a tener que apretarnos el cinturón y que habrá que tener paciencia y cambiar muchos hábitos. No podemos vaticinar la duración, pero va a depender mucho de la guerra de Ucrania. Hasta que no termine no se puede hacer nada por controlar todas estas variables que, en forma de cóctel molotov, han venido a endurecer la situación causada por la covid.

-¿Predominan entonces el pesimismo por la inflación, la incertidumbre y la guerra? ¿No queda nada del reciente optimismo por las expectativas de los planes y fondos de recuperación?

-Sería muy osado si dijera cuándo va a cambiar la cosa. El fin de la guerra será clave, porque podremos empezar a recomponer el tablero para recuperar la normalidad lo antes posible. Es lo que nos dicen. El empresariado está muy preocupado por la situación, con sectores en un trance complicado, muchos con el agua al cuello, trabajando bajo mínimos y por debajo de costes. Con el tema de las gasolineras estamos viendo un intervencionismo del Gobierno tremendo. Los empresarios siempre tienen ganas de batallar, de sobreponerse y sacar adelante lo suyo, pero ahora hay más pesimismo de lo habitual porque no se atisba mejoría.

-¿Hay alguna actividad en particular más asfixiada? ¿Cómo influye y cómo de extendido está el endeudamiento?

-Está complicado en todos los sectores. Las que peor lo están pasando son las pequeñas y medianas empresas; las grandes tienen herramientas para defenderse mejor. Cuando llegó la pandemia todavía había un 30% de pymes que estaban compensando deudas de una crisis, la de 2008, que duró hasta 2016. Salíamos de ese bache y la covid ha sido un jarro de agua fría por su carácter inesperado e inédito. Lo están pasando francamente mal el transporte, el comercio, los servicios en la mayoría de los casos porque no pueden indexar la subida de los precios a sus contratos, la mayoría de ellos con la Administración. En esta compleja situación tenemos un Gobierno intervencionista en toda la economía, que prohíbe despedir cuando hay una reforma laboral aprobada hace diez días; que interviene en las gasolineras sin tener claro lo que hacer para devolver los 20 céntimos; sin criterios claros en el BOE... A unos sectores les afecta esto, a otros la inflación, a otros la falta de componentes, o las materias primas, o la logística... hay tantos factores que desde el punto de vista sectorial, una inmensa mayoría está muy al límite.

-¿Están llegando con suficiencia las ayudas? Leemos noticias de que una gran parte no se piden y la Junta tiene que devolverlas...

-Ayudas en España, del Gobierno, prácticamente no han existido. Hubo créditos ICO con aval del 80%, lo único. Encima de la mesa no han puesto otras cantidades. Los ERTE pretendían paliar los cierres obligados, pero ayudas a fondo perdido como tal no ha habido nada. Ha habido algún dinero por parte de las autonomías, más financiación a intereses muy bajos, pero ayudas del Gobierno como en Alemania, donde el 70% de la facturación del 2019 se devolvió a fondo perdido, o en Francia, con en torno al 40%, para que las empresas tuvieran liquidez y pudiesen seguir vivas; esto aquí no lo hemos visto. Los créditos vienen bien hasta cierto punto, pero ante la realidad de la covid había una necesidad de bonificaciones que el Gobierno no ha querido hacer.

-¿Y los fondos europeos?

-A día de hoy, ni están ni se esperan. En CEOE estamos muy preocupados. Todo el mundo habla de ellos, que si el Gobierno los manda a las comunidades, que si éstas los reparten de una manera u otra, pero las empresas pequeñas y medianas no sabemos cómo actuar para que esos fondos nos lleguen. Hay una fecha de caducidad para presentar los proyectos, el 31 de diciembre de 2023, y tres años más para ejecutarlos. Aquí ya sabemos que cuando llegan las licitaciones y concursos para cualquier adjudicación, los procedimientos administrativos son muy complicados y es posible que no lleguemos a tiempo. De momento, las únicas ayudas que hemos visto son las de eficiencia energética para las comunidades de vecinos. Parece que habrá un PERTE de Automoción y Agroalimentación y que se pondrán en marcha en pocas fechas. Serían muy buenos para Castilla y León.

-La contratación indefinida se ha disparado y la creación de empleo de momento parece que aguanta en plena conjunción de problemas económicos, ¿es un espejismo?

-Es chocante, sí. La economía no está ni mucho menos como en 2019 pero parece que la reforma laboral ha venido a potenciar de alguna manera la contratación indefinida. En este sentido, la reforma ha sido útil. Puede parecer una paradoja que el empleo tenga cifras tan positivas, pero lo que demuestra es que el empresario tiene esperanzas de que esto mejore y mantiene el empleo, no quiere perder a la gente buena y formada y va a aguantar, esperando que esto cambie lo antes posible.

-Este éxito de la reforma laboral lo es del diálogo social. ¿Por qué cree que hay quienes en Castilla y León ponen en entredicho la utilidad del Diálogo Social?

-El diálogo es clave. En Castilla y León lo hemos comprobado todos. Más de 105 convenios y proyectos que han beneficiado a los trabajadores, las empresas y toda la población. El presidente de la Junta apuesta por el Consejo del Diálogo Social y está por la labor de mantenerlo como una herramienta de gobernanza que implica a los agentes económicos y sociales. Las tres patas hemos llegado a acuerdos por unanimidad que sirven para el desarrollo y la cohesión territorial. Vox ha dicho que va a apoyarlo y creo que es muy buena noticia. No sabíamos cuáles eran sus intenciones, pero saber que va a mantenerlo es reconfortante.

-La tesis de Vox, que va a ocupar la consejería de Empleo, dice algo así como que es un chiringuito que sirve para comprar a la CEOE y a los sindicatos con subvenciones, ¿qué tiene que decirle al respecto?

-Es no saber lo que es el diálogo social. Tenemos que hace pedagogía. Son partidos nuevos y no controlan todo lo que pasa. Estamos dispuestos a exponerles lo que somos, los verdaderos representantes de trabajadores y empresarios, y los acuerdos a los que hemos llegado. Trabajamos en más de 450 comisiones autonómicas y locales, también en el CES. Aquí no hay subvenciones ni chiringuitos; hay trabajo y hay salarios por desempeñarlo. Un trabajo ímprobo y desconocido que se traduce en acuerdos que benefician a las personas. Es todo lo contrario a un chiringuito.

-El plan anticrisis que ha anunciado Mañueco tras la formación del Gobierno de la Junta, ¿qué tres cosas debería incluir ineludiblemente?

-Ha hecho gala de que va a hacer una rebaja de impuestos como nunca y ha incidido en el ámbito rural. Pero nosotros ponemos el foco en el Impuesto de Patrimonio, un doble gravamen que grava algo que ya grava la Renta. Seguimos echando en falta su supresión, prometida ya la pasada legislatura. Las autonomías han creado muchas diferencias, en algunas no hay este impuesto, y eso va contra el artículo 1 de la Constitución. Nos parece bien que baje un poco el IRPF o que ponga un precio único para las licencias de pesca y caza, pero nosotros vamos por otro lado. En segundo lugar, en el tema de la despoblación, creemos que hacen falta medidas a muy largo plazo. Pero aquí se trabaja con un cortoplacismo tremendo. Así no se acaba nunca con esta situación. Con un cheque bebe no se arregla. Hace falta un trabajo a varios años vista, con proyectos que no darán fruto hasta dentro de ocho o diez años. Hay que fijarse en el modelo de las Highlands de Escocia, que es el único lugar que ha conseguido revertir la despoblación mediante un sistema de otorgar a la población civil la iniciativa de liderar los proyectos. En tercer lugar creo que se debe contar más con CEOE Castilla y León para saber cuáles son las demandas y necesidades de las empresas en cuanto a titulaciones de Formación Profesional. Tenemos muy hablado con Educación trasladar aquí el modelo del País Vasco, pero a la hora de la verdad no se implanta ese sino otro. También veo bien que haya más dinero para investigación, pero creo que el resultado de esas investigaciones tiene que convertirse de alguna manera en royalties para las empresas. Tenemos que colaborar con la Universidad para que se pongan en marcha proyectos que sirvan a las empresas. Nos preocupa que no se nos haga caso en las sugerencias que hacemos sobre titulaciones. Necesitamos más carreras STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería... para que no haya tanta gente que acaba trabajando en lo que no es lo suyo, muchas veces sobrecualificados.

-Con la inflación en el 9,5%, ¿cuál sería su propuesta salarial para ese Acuerdo de Negociación Colectiva Estatal que fuese bueno para Castilla y León?

-Tenemos que dejar trabajar a los negociadores a nivel nacional. Pero la propuesta sindical de subir por encima del 8%, en un momento en que hay que controlar la inflación, no es oportuna. En los años 80 se subían los salarios el 10%, o con dos puntos de revalorización, o con cláusulas de garantía al IPC. Entramos en un bucle del que costó muchos años salir. Hay que hacer un ejercicio de responsabilidad y apretarse el cinturón. Todos. Para controlar la inflación proponemos un acuerdo a tres años con una subida del 3,5% el primer año; el 2,5% el segundo y un 2% el tercero. Creo que es lo razonable para impedir una espiral inflacionista de la que no podamos salir. Pensamos que, de esta manera, en cuanto pase la guerra de Ucrania el problema de la inflación puede disolverse como un azucarillo. Sintiéndolo mucho, todos los costes que puedan limitarse han de limitarse. No es lo que más nos apetece, pero es nuestra única arma para luchar contra esta situación y que no vaya a peor.