León en las Comunidades

En 1916 vio la imprenta en la capital leonesa uno de esos empeños bibliográficos fruto del tesón individual de una persona rigurosa. Se trataba de la 'Historia de los Comuneros de León', escrita por D. Eloy Díaz-Jiménez y Molleda, entonces profesor del Instituto General y Técnico de León de impagable dedicación a rescatar la historia leonesa. Desde entonces han cambiado considerablemente tanto las técnicas de investigación como las tendencias historiográficas, pero sigue siendo aconsejable revisitar esas páginas para evitar los riesgos de un presentismo que, por influencia de valores y coyunturas actuales muy diferentes, más políticas que historiográficas, dificulta percibir la enormidad de la contribución de algunos leoneses a la causa comunera.

Ese libro acertó plenamente al reseñar en su título que hubo comuneros de León, como se afirma ahora que estuvo León en las Comunidades más que las Comunidades desarrollaran episodios singulares en tierras leonesas. Con todo, no faltaron sonoras adscripciones personales y alineamientos institucionales de relevancia. En León se consideró tiránica opresión el ansia del Imperio, se clamó por la libertad, se pidió nada menos que participación política en 1520, se invocó el derecho de resistencia como una innovación jurídica y política frente al autoritarismo carolino, y, finalmente, se reclutaron tropas.

De afinidad comunera fue el Regimiento vigente en 1520, así como los canónigos capitulares en la Catedral y en San Isidoro. De activa entrega comunera fueron, como en otras ciudades, los frailes; en León de manera destacada los del convento de Santo Domingo. Pero se haría mal en considerar que estas adhesiones, como otras oposiciones, obedecieron al retraimiento de la opinión pública y a los intereses oligárquicos de muy pocos. Basta ver las profesiones de algunos de los condenados por comuneros. Por el contrario, desde septiembre de 1520 el debate encendido se había multiplicado en las calles leonesas, con el precedente de la toma de posición de los procuradores leoneses que fueron a las Cortes de Santiago-La Coruña a defender los intereses fiscales de sus vecinos.

Frente a los defensores de las pretensiones carolinas como Francisco Fernández de Quiñones, conde de Luna, y como el canónigo Diego de Valderas, se alzaron las voces del regidor Ramiro Núñez de Guzmán y sus hijos, de Antonio de Quiñones, del canónigo Juan de Benavente y del prior del convento de Santo Domingo, Pablo de Villegas.

Naturalmente, el salto de la dimensión ideológica a la política práctica y de las instituciones a las calles en León no se libró de algunos escarceos violentos, entre San Marcelo y la Regla, que se saldaron con las huidas de los realistas, entre las que destacó la del propio conde de Luna, quien, tras el paso por Medina de Rioseco, reclutó tropa en Asturias para retomar el control de León. Se asistió a un auténtico enfrentamiento civil frente a las huestes leonesas levantadas por Ramiro Núñez y Antonio de Quiñones.

El resultado fue el establecimiento de la Comunidad en León. La ciudad tuvo representación en la Junta de Ávila a través de dos procuradores: Juan de Benavente y Antonio de Quiñones. Pero en la Junta Santa el papel más destacado de un leonés correspondió a fray Pablo de Villegas, tantas veces tomado en la Historia del Pensamiento Político como uno de los más destacados ideólogos de las Comunidades. Fue incansable predicador de la causa comunera y articulador de la argumentación en favor del sometimiento de la voluntad regia al consentimiento expreso y no callado del reino y la limitación del poder real y de la alta nobleza, alejada del patriciado urbano leonés. Tampoco puede olvidarse su papel en la toma de Tordesillas, la expulsión del conde de Denia y la entrega personal de un ultimátum. En noviembre de 1520 fray Pablo y Antonio de Quiñones se reunieron con el Almirante de Castilla para exponer el programa comunero en toda su crudeza. Por añadidura, está el episodio del viaje a Flandes para la fallida entrevista con el Emperador y la posterior condena a instancia de fray Pablo en marzo de 1521 del Almirante de Castilla, del Condestable y del conde de Benavente.

En el Perdón General que Carlos V escenificó con propagandística pompa el 28 de octubre de 1522, día de Todos los Santos, estaban los nombres de diecisiete excluidos leoneses a los que ni vivos ni muertos el Emperador quiso perdonarles su fe comunera. El Archivo General de Simancas conserva memoria de algunos nombres a este respecto (AGS, PR, leg.,4,63) «Don Antonio de Quiñones Procurador de la Junta; Ramiro Nuñez de Guzman Regidor con cuatro hijos que se siguen: Gonçalo de Guzman, Juan de Guzman, Albar Perez de Guzman, Diego Ramirez de Guzman; Juan de Banavente canonigo; Bernal de Gilde (Hernando Gil); R. (Reinalte) De Castro; Suero de Oblanca; Diego Alvarez Sastre; Christoval de Benavente Bordador; Antonio de Mallo; Torrente (o Sorrentis) Barbero; Pedro Suarez de Argüello; Rodrigo de (Cimanes). zapatero; Rodrigo de. sastre».

En época de memorias históricas femeninas, la figura de doña María de Quiñones merecería recuerdo resistiendo a las tropas imperiales en el castillo de Toral, perdido el palacio de los Guzmanes leonés mientras todos los suyos tomaban camino del exilio en Portugal por su adhesión a la causa comunera.

Ciertamente hubo en tales confrontaciones un factor local relacionado con las rivalidades entre familias nobiliarias leonesas, que se habían larvado desde tiempo antes y que eclosionaron con ocasión de las Comunidades. También es cierto que la pugna social fue profunda y superó con creces el estrecho círculo de las divergencias entre élites políticas, un aspecto al que la historiografía de las ideas políticas de la Modernidad está particularmente atenta. En León se constata el debate sobre la exigencia ética de la política, el rendimiento de la participación ciudadana en el gobierno y los límites del poder esgrimiendo el sometimiento a la voluntad ciudadana de las potestades exorbitantes de los gobernantes. Dos días antes de la derrota comunera en Villalar el 'Tratado de república' de Castrillo proclamaba: «por ninguna otra cosa es averiguado qué cosa sea ciudadano sino por la participación del poder». Ciudadano y no súbdito, participación y no obediencia, poder y no mando son tres vocablos de extraordinaria fuerza comunicativa del ideario comunero que resonaron por las calles, los púlpitos y las instituciones leonesas entre el verano de 1520 y abril de 1521, ideas con más fuerza aún que el estrépito de las armas.

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