Al menos 35 detenidos en la macrooperación de Anticorrupción que afecta a municipios Castilla y León

La Fiscalía ha informado de «detenciones de diversas autoridades y funcionarios», sin dar detalles de los mismos. Las citadas fuentes han señalado que entre los detenidos hay cargos del PP y el PSOE, así como el primer alcalde de Ciudadanos arrestado por un caso de corrupción: se trata del regidor de Arroyomolinos (Madrid), Carlos Ruipérez.

Entre los detenidos e investigados figuran también otros cargos vinculados con la formación naranja como Sadat Maraña, asesor en la Diputación de León, y el portavoz en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) y diputado provincial, Juan Carlos Fernández. La dirección de Ciudadanos ha anunciado que suspenderá de militancia a las personas investigadas que deberán declarar ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, que dirige la macrooperación.

También han sido detenidos José Luis Ulibarri, empresario leonés, propietario de varios medios de comunicación en Castilla y León, investigado dentro de la trama del 'caso Gürtel', y José Francisco Cano, jefe de la Policía Local de Fuenlabrada y secretario de Unijepol, una organización que reúne a los jefes de las diferentes policías municipales de toda España, según las citadas fuentes. En su web, la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local se anuncia como una asociación de carácter nacional que agrupa a jefes y mandos de cualquier categoría de los Servicios de Policía Local.

La macroperación contra la corrupción bautizada como Enredadera iniciada desde el Ministerio Fiscal en coordinación con el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, que llevan a cabo más de medio millar de agentes en toda España bajo la dirección de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional afecta a cinco municipios de la provincia leonesa (León, San Andrés del Rabanedo, Astorga, Villaquilambre y Villarejo de Órbigo) y al de Palencia.

En León capital, donde varios despachos fueron precintados y hubo varias tomas de declaración tanto a políticos como a técnicos, el alcalde Antonio Silván reiteró la absoluta voluntad de colaboración y transparencia y confirmó la constitución de una comisión con los habilitados nacionales y otros trabajadores para que prestén todo el apoyo necesario. «Hemos tenido requerimientos de información y de documentación y me comunicaron que a diferencia de otros ayuntamientos aquí no procedía ninguna detención y estamos prestando la máxima colaboración y disposición», recalcó.

El resto de alcaldes afectados no se pronunciaron de momento sobre lo ocurrido y tampoco fue posible mantener contacto telefónico con ellos. El alcalde de Villaquilambre, Manuel García, abandonó las dependencias consistoriales acompañado por los policías y se desconoce hacia dónde se dirigieron.

Por su parte, el máximo responsable del Partido Autonómico Leonés, Miguel Ángel Díaz Cano, se limitó a señalar que conocía que alguno de los ediles de la formación estaba «retenido» y añadió que no disponía de más información. En el Ayuntamiento de Astorga, el número de personas retenidas por los agentes policiales sería de cuatro, según fuentes consultadas, además de que efectivos policiales se han personado en el domicilio del alcalde de la localidad maragata, Arsenio García, acompañados por el propio regidor, con quien poco después abandonaron la vivienda con destino desconocido.

La presencia policial se mantenía en los consistorios a primera hora de la tarde mientras los trabajadores terminaban su jornada laboral cuya normalidad fue imposible y estuvo acompañada por la incertidumbre sobre la situación inmediata de algunos técnicos, funcionarios, concejales e incluso alcaldes.

La UDEF llevó a cabo un registro en las áreas de patrimonio y contratación del Ayuntamiento de Palencia, donde el alcalde, Alfonso Polanco, confirmó que la empresa denunciada, Aplicaciones Gespol S.L., ha estado gestionando «aspectos concretos» en la capital como los semáforos y las multas desde el año 2011, pero el contrato ya ha concluído.

Polanco aseguró que el consistorio ha colaborado «con la máxima transparencia» en el registro del edificio de las Agustinas Canónigas y añadió que no se llevará a cabo ninguna detención. «Mi impresión es que no hay nada en concreto, creemos que no hay ninguna cuestión, pero serán los jueces los que lo determinen», apuntó.

La portavoz socialista del consistorio, Miriam Andrés, insistió en la cautela a la espera de conocerse si existe algún tipo de conducta que pudiera estar sujeta a la acción de la justicia y reclamó «la máxima contundencia» y la aplicación «estricta» de la ley en el caso de que se confirmara algún tipo de irregularidad.

Por su parte, el grupo municipal de Ganemos solicitó la convocatoria extraordinaria y urgente de la Junta de Portavoces para esta tarde, para que el alcalde de la ciudad dé explicaciones sobre los contratos y las personas que están siendo investigadas por la UDEF en la Operación 'Enredadera'.