Castilla y León registró una disminución de 2,5 puntos en la rendición de cuentas de entidades locales en 2018

El Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León ha aprobado este miércoles en la capital burgalesa el informe anual sobre las cuentas del sector público local de la comunidad correspondiente a 2018, en una sesión celebrada en la Diputación Burgos, donde se ha constatado que la institución ha registrado una disminución de 2,5 puntos en la rendición de cuentas de entidades locales en 2018.

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha recordado la obligatoriedad de la rendición de cuentas por parte de las entidades locales y ha puesto de manifiesto que la provincia de Burgos aglutina el 16,5 del total de existentes en Castilla y León.

En este contexto, ha recordado que el sector público local de Castilla y León está integrado por 4.750 entidades locales y 187 entes dependientes, que a 31 de diciembre de 2019 habían rendido la cuenta general de 2018 en el 77,1 por ciento de los casos, lo que representa una leve disminución de 2,5 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior.

Así, ha explicado que en relación al total de las cuentas rendidas de 2018, en conjunto, el presupuesto agregado de ingresos de las entidades locales de la comunidad ascendió a 3.411 millones y el de gastos a 3.391 millones, con un superávit global de 20 millones.

En cuanto a la liquidación presupuestaria en el conjunto de la región, las entidades locales reconocieron obligaciones por importe total de 2.650 millones de euros, lo que en relación a los derechos reconocidos, por importe de 2.819 millones, arroja un resultado agregado de 169 millones de euros.

Amilivia ha aprovechado la ocasión, además, para ensalzar el papel de la Diputación de Burgos en la rendición de cuentas de este tipo de entidades y ha insistido en que su modelo puede ser exportable al resto del territorio regional.

Por su parte, el presidente de la Institución provincial, César Rico, ha destacado la importancia de acoger esta sesión plenaria y ha puesto en valor el servicio de asesoramiento jurídico y económico de la Diputación, que ha colaborado especialmente durante los años 2018 y 2019 con todos los ayuntamientos y entidades locales menores que han requerido ayuda para cumplir con las obligaciones legales.

En este sentido, ha explicado que la Diputación de Burgos realizó 98 liquidaciones a entidades locales menores en 2018 y esta cifra se elevó hasta las 135 en la pasada anualidad, a la vez que ha animado a las mismas a sumarse al convenio que la Institución mantiene en vigor para este objetivo.

El Consejo de Cuentas ha llevado a aprobación el informe anual, en un Pleno que cada año se celebra en una provincia, con el doble objetivo de divulgar en la comunidad la actividad de la entidad y de continuar impulsando el cumplimiento de la obligación legal de la rendición de cuentas por parte de las entidades locales.

El objetivo de este trabajo es verificar el cumplimiento por parte de las entidades locales de la obligación de rendir la cuenta general y comprobar que se ajusta a la normativa respecto a forma y contenido, así como su coherencia interna. La comparación de los niveles de rendición de los ayuntamientos por comunidades autónomas, pone de manifiesto que Castilla y León presenta valores ligeramente superiores a la media nacional, pero cada vez más alejados de los mejores resultados.

En el origen de estas diferencias se encuentra la adopción, por parte de estas últimas, de medidas que vinculan la concesión o el pago de subvenciones al cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas.

En referencia a los incumplimientos y tomando como referencia el periodo 2013-2018, hay 267 ayuntamientos, el 12 por ciento del total, que tienen pendiente de rendición las cuentas de varios ejercicios y, entre ellos, 28 que no han rendido ninguno Además, hay que tener en cuenta que de estos últimos, existen tres ayuntamientos que tienen entre 500 y 1.000 habitantes, mientras que los 25 restantes son menores de 500 habitantes.

En cuanto a la evolución de la rendición de cuentas de las entidades locales menores, está relacionada con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que permitió pasar de índices mínimos, de un 2,4 por ciento en 2009 a un 94,4 por ciento en la cuenta de 2013. Sin embargo, posteriormente se produce un retroceso significativo, situándose dicho índice en el 65,1 por ciento para la cuenta de 2018, con una caída de once puntos respecto al año anterior.

En cuanto al remanente de tesorería para gastos generales, en el 99 por ciento de las entidades locales resultó positivo, alcanzando el importe agregado total 1.105 millones de euros, mientras que en lo que respecta al pasivo financiero, en 2018 descendió un 11 por ciento el importe de la deuda viva de las entidades locales, que de forma agregada sumaba 876 millones de euros al cierre del año.

De dicho importe corresponde a los ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes el 63% y a las diputaciones el 15%.

La evolución del endeudamiento financiero entre los ejercicios 2015 y 2018 muestra una tendencia decreciente en todos los ejercicios, con una disminución global del 30%.

Con datos a 31 de diciembre de 2019, en la provincia de Burgos 271 ayuntamientos rindieron la cuenta general del ejercicio 2018, lo que representa el 73 por ciento del total de los municipios, con un descenso interanual de cinco puntos porcentuales.

En el periodo 2013-2018 tres municipios, Gumiel de Mercado, Ciadoncha y Villamiel de la Sierra, con 310, 78 y 46 habitantes, respectivamente, no han rendido cuentas en ningún ejercicio, mientras en lo que respecta a las entidades locales menores, rindieron la cuenta un total de 433, lo que representa un 67 por ciento del total, con una bajada interanual de cuatro puntos porcentuales.

Respecto al total de las cuentas rendidas de 2018, en conjunto, el presupuesto agregado de ingresos de las entidades locales de la provincia ascendió a 614 millones de euros y el de gastos a 603 millones.

En cuanto al remanente de tesorería para gastos generales, alcanzó el importe agregado un total de 170 millones de euros y los fondos líquidos de tesorería sumaron 206 millones de euros, fiándose el endeudamiento del conjunto de las entidades locales de Burgos al cierre de 2018 en 197 millones de euros.